ANÁLISIS / LUCES Y SOMBRAS DE UNA LEY CUYA PRIMERA APLICACIÓN SE ESPERA PARA ENERO
Ley de Dependencia, ¿asistencia universal o negocio particular?

Tras analizar en el pasado número de
Diagonal [nº 41, páginas 36 y 37], desde
una perspectiva económica y legislativa,
las expectativas generadas por la Ley de
Dependencia a su llegada al Senado,
ofrecemos ahora un enfoque sociosanitario
sobre la cuestión. Para el autor,
uno de los principales peligros de la
norma está en que esta política favorezca,
como en Reino Unido, la entrada de
multinacionales en el sector de la atención
y los cuidados.

23/11/06 · 0:00
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/IRENE CUESTA

La Ley de la Dependencia
pretende esencialmente
desarrollar lo que se ha dado
en llamar ‘el cuarto pilar
del Estado del Bienestar’, cubriendo
un espacio social que hasta
ahora ha recaído sobre las familias,
fundamentalmente las
mujeres, que soportan serias dificultades
humanas para atender a
las personas con discapacidad,
sometidas a unas condiciones de
desigualdad inaceptables. En la actualidad
muchas personas, especialmente
de los sectores sociales
menos favorecidos, carecen
de cualquier tipo de atención.

Uno de los aspectos más positivos
de la nueva ley, cuya
primera implantación se espera
para enero, está en que
no plantea la medicalización
de la atención sociosanitaria,
sino que pretende mejorar la autonomía
y la asistencia sociosanitaria
de las personas dependientes. No
obstante, algunas comunidades autónomas,
como consecuencia de la
presión de importantes grupos corporativos
profesionales (geriatras,
rehabilitadotes, neurólogos...) e industriales
(empresas multinacionales
especializadas en hospitales para
enfermos crónicos) pretenden
asimilar el concepto de dependencia
con el de discapacidad o enfermedad
crónica que exige tratamiento
médico, hospitalización,
medicamentos, rehabilitación, etc.
La atención sociosanitaria se convierte
así en una mercancía más objeto
de transacción (compra-venta).
Estos grupos de presión quieren
trasformar la atención sociosanitaria
en asistencia médica, lo que,
además de no responder a las necesidades
de las personas dependientes,
tendría un importante impacto
sobre el gasto sanitario.

El fin justifica los medios

Resulta paradójico en el anteproyecto
de ley que su dimensión social,
un sistema público y universal
para las personas dependientes,
entre en contradicción con los medios
que se proponen para su desarrollo.
El modelo propuesto es
de cuasi-mercado, semipúblico y
semiprivado, tanto en la financiación,
dado que introduce el copago
por los pacientes y usuarios, como
en la provisión de los mismos
por empresas privadas. De este
modo se crea una red de utilización
pública que integra, de forma
coordinada, centros y servicios,
públicos y privados. En el Reino
Unido, esta política ha favorecido
la implantación de empresas multinacionales
norteamericanas que
han acaparado los servicios de
atención a estos pacientes.

Asignar al sector privado un papel
relevante en la atención sociosanitaria
supone la privatización parcial
de una de las áreas que más
desarrollo van a tener en el futuro,
ya que el envejecimiento acelerado
de la población irá asociado a un
importante incremento de enfermedades
crónicas y discapacidades.

Por otra parte, y contrariamente
a lo que anuncia, apenas contempla
garantías de universalidad y equidad
de las prestaciones ya que establece
un Catálogo de Prestaciones
Básicas comunes a todos los
ciudadanos de las comunidades
autónomas, financiado por la Administración
central del Estado, pero
su limitado contenido podrá ser
ampliado por las diferentes administraciones
autonómicas, según
sus posibilidades para financiarlos.
Como el actual modelo de financiación
autonómica genera diferencias
en la capacidad recaudatoria de cada
comunidad, se incrementarían
las desigualdades en la oferta de
servicios en función de la comunidad
donde se viva.

Por último, la prestación de los
cuidados a domicilio por familiares
a cambio de un sueldo y Seguridad
Social como contempla
este proyecto jurídico mejoraría su
situación, pero supone perpetuar
su aislamiento social y no garantiza
una atención de calidad por falta
de personal profesional. Esta
renta salarial haría depender parte
de la economía familiar de la persona
atendida (casi siempre mayor
y con poca expectativa de vida),
que al morir enviaría al paro
al cuidador o cuidadora. La medida
parece destinada al medio rural,
poco atractivo para las empresas
privadas por su escaso margen
de beneficios.

Tags relacionados: Cuidados Ley de dependencia Salud
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