Texto de Ángeles Maestro

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado24 de noviembre la tomaen consideración de la proposición,presentada por el GrupoParlamentario de Esquerra Republicana,Izquierda Unida e Iniciativa-Verds, que pretende la modificaciónde la Ley 15/97 de Nuevas Formas deGestión en el Sistema Nacional deSalud. La proposición de ley, iniciativadel mismo grupo parlamentario,IU, que en 1997 votó en contra de laLey 15/97 y que conoce perfectamenteque se han recabado cerca de mediomillón de firmas exigiendo su derogación,sólo pretendía modificaren parte una ley concebida para darcobertura legal a la entrada masivade la empresa privada en la gestión yprestación de servicios sanitarios. Lainiciativa pretende limitar la posibilidadde convenios, conciertos oacuerdos para la gestión y prestaciónde servicios sanitarios a entidadespúblicas, desconociendo que la figurajurídica ’empresa pública’ ha sidoel paso previo a la privatización detodo tipo de servicio público, en lamedida que introduce la gestiónmercantil y los objetivos de ahorropor encima de criterios de calidad orentabilidad social. Además la ’empresapública’, como Fundación deAlcorcón o Anillo Radiológico enMadrid, y muchos casos más en ComunidadesAutónomas (CC AA) gobernadaspor el PSOE, están concebidaspara, bajo su inocente nombre,subcontratar todo tipo de servicios. De hecho, el BNG, que también votóen 1997 contra la citada ley, ya haanunciado la presentación de unaenmienda al texto de IU para modificardel todo la Ley 15/97.

No obstante, la votación favorable
a la toma en consideración de la proposición
es una buena noticia. No
porque vaya a tener trascendencia
inmediata alguna. Lo más probable
es que duerma el sueño de los justos
entre las decenas de propuestas que
llegan a la Comisión de Sanidad del
Congreso y que no alcanzan a tramitarse
antes de que acabe la Legislatura.
O quizás, si llega a incluirse
en el orden del día, el PSOE o algún
otro grupo (PNV, CC, o CiU) de los
que también la votaron en 1997, introduzcan
enmiendas que desvirtúen
el objetivo de la proposición.

Todo lo que rodea a la privatización
de la sanidad, al ser materia
especialmente sensible, nada deliberadamente
en la confusión y se
rodea de términos ambiguos con la
intención descarada de dar gato por
liebre. Para muestra valga la intervención
de la portavoz del PSOE y
entonces ya ex ministra, Ángeles
Amador, en el debate parlamentario
de la Ley 15/97 asegurando que la
misma era el gran dique de contención
frente a la privatización de la
sanidad, la nota de prensa de la
Federación Estatal de Sanidad de
CC OO tras la aprobación de la Ley
en 1997 que "valora positivamente
el consenso alcanzado en el Parlamento
sobre las nuevas formas de
gestión del Sistema Sanitario Público"
o el artículo de un destacado
sanitario del PSOE, José Manuel
Freire, en El País del pasado 26 de
noviembre que paradójicamente titula
"Interesada confusión": su distinción
entre privatizaciones buenas
y malas o la comparación de las primeras
con los conciertos con la privada
en educación, como ejemplo
de privatización buena, no tienen
desperdicio. Mucho más cerca de la
realidad se situaban las palabras del
representante de Coalición Canaria
José Carlos Mauricio (ex delfín de
Santiago Carrillo para sucederle en
el PCE) que justificaba su voto afirmativo
a la Ley 15/97 comparándola
con la reforma laboral (la que introdujo
masivamente la precariedad) y
con el Pacto de Toledo sobre la privatización
de las pensiones.

Ambigüedad calculada

La empresa privada también ha entendido
perfectamente la importancia
del ocultamiento de información
y de la ambigüedad calculada. El
portavoz de Ribera Salud, Unión
Temporal de Empresas (Dragados,
Adeslas, MAPFRE, Caja de Ahorros
del Mediterráneo, etc.) adjudicataria
del Hospital de Torrejón y del nuevo
macrolaboratorio regional, afirmaba
que la empresa en sanidad "debe
confundirse con el paisaje".

La inesperada aprobación de la toma
en consideración de la proposición
de ley es una buena noticia porque
refleja la capacidad de presión
de la calle sobre fuerzas políticas como
el PSOE, que de otra manera hubiera
votado en contra, en coherencia
con lo que está haciendo en el
Gobierno de las correspondientes
CC AA. En las que gobierna el PP,
sólo su silencio y el de las grandes
centrales sindicales (de forma destacada
CC OO y UGT) hacen posible
que continúe la demolición de la sanidad
pública hasta los límites en
que se está produciendo.

La votación pone de manifiesto
que el trabajo cotidiano de las coordinadoras
de trabajadores y usuarios
de la sanidad (CAS Madrid,
Coordinadora de Trabajadores y
MATUSALEN) a las que se han sumado
decenas de colectivos diversos,
y que han convocado tres grandes
manifestaciones en Madrid, es
efectivo. Pese al silencio de los medios
de comunicación controlados
por unos y otros ni una línea, ni una
imagen, cuando se entregaron en el
Congreso las más de 400.000 firmas
solicitando la derogación de la Ley
15/97, no han podido ignorar la influencia
del trabajo de multitud de
colectivos en la información paciente
y en la conformación de la opinión
indignada de sectores cada vez más
amplios de trabajadores y usuarios.

La voluntad de coordinación se extiende
a las diferentes nacionalidades
y regiones del Estado, expresándose
en la reciente constitución de la
Coordinadora de Organizaciones
por la Sanidad Pública. En Madrid,
el siguiente paso debe ser, como ya
se ha iniciado en algunos barrios y
pueblos, constituir movimientos o
plataformas contra la privatización y
por la derogación de la ley, que trasladen
la información concreta de cada
lugar a la población y sirvan de
cauce para la movilización dispuesta
a impedir cierres de camas, de centros,
liquidación de servicios, a exigir
más recursos públicos y a que nos
devuelvan lo robado.

Una vez más es preciso recordar
que las ansias del capital privado por
obtener beneficios no se detienen
ante consideraciones morales o humanistas.
Para ellos, y para los políticos
que representan sus intereses,
vale todo. Siempre ha sido así y mucho
más en momentos de crisis. De
ello da cuenta la brutal noticia sobre
el acuerdo de 2008 entre el Ministerio
de Trabajo (PSOE) y la Consejería
de Sanidad de Madrid (PP) para
destinar dos millones de euros a
incentivar económicamente a los
médicos para que reduzcan los días
de baja laboral por enfermedad.
Sus objetivos están claros. A nosotros
nos toca continuar el buen trabajo
iniciado y fortalecer nuestras
organizaciones populares. Para la
sanidad y para muchas otras cosas,
es la única esperanza.

HISTORIA DE UNA LEY

La Ley 15/97 sobre la Habilitación de
Nuevas Formas de Gestión en el
Sistema Nacional de Salud, aprobada
en el Parlamento hace 12 años con
los votos de PP, PSOE, PNV, CiU y CC,
establece que los hospitales y centros
sanitarios pueden ser gestionados por
cualquier tipo de entidades existentes
en derecho. Es decir, permite la entrada
de la empresa privada en la gestión
y provisión de servicios. El pasado
mes de mayo, la Coordinadora de
Trabajadores de la Sanidad Pública
contra la Privatización, CAS-Madrid y
la Plataforma MATUSALÉN registraron
más de 400.000 firmas en el
Congreso para derogarla y frenar el
proceso de privatización sanitaria.

REVISIÓN DE LA 15/97

Izquierda Unida, que en 1997 votó
junto con BNG en contra de la aprobación
de la Ley 15/97, ha liderado con
Iniciativa-Verds la propuesta para revisarla,
que fue tomada en consideración
el 25 de noviembre en el
Congreso gracias a los apoyos de ICV,
PSOE, BNG, Nafarroa Bai y UPyD. En
el baile de siglas, encontramos al partido
en el Gobierno con el pie cambiado
en el momento de un debate que
quería posponer para 2010, indeciso
hasta el último momento y tal vez presionado
por las movilizaciones populares
antiprivatización. La portavoz socialista
de Sanidad, Pilar Grande, puntualizó
que "el sector privado no tiene
nada que temer".

DIFERENTES MODELOS

En el Estado español conviven diversos
modelos de gestión privada de la
sanidad. Los que más críticas suscitan
son los implantados fundamentalmente
en Madrid y Valencia: los PCI (iniciativas
de financiación privada) y el
llamado modelo Alzira, con la privatización
de la propiedad de los centros
sanitarios para que su gestión pase a
manos del sector privado. Las fundaciones
sanitarias gestionan hospitales
en Asturies, La Rioja e Illes Balears, la
subcontratación aumenta en
Andalucía y los consorcios y empresas
públicas (financiación pública, normas
de funcionamiento privadas) tienen
gran implantación en Catalunya.

STOP PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

"Mientras los gobiernos
y parlamentos de Gales,
Escocia y Canadá dan
marcha atrás en los planes
de privatización de
su sanidad, el PP de
Madrid sigue adelante,
sin oposición real por
parte del PSOE, con el
objetivo de llegar a
2011 con la mayor
parte de la red sanitaria
pública en manos privadas",
denunciaban los
convocantes de la marcha
del 26 de
noviembre contra el proyecto
de privatización
sanitaria liderado por
Esperanza Aguirre en la
Comunidad de Madrid.
Miles de madrileños volvieron
a manifestarse
convocados por la Coordinadora
Anti Privatización
de la Sanidad (CAS
Madrid), la Plataforma
MATUSALÉN, la Coordinadora
de Trabajadores
de la Sanidad Pública
contra la Privatización y
un total de 70 organizaciones
sociales, vecinales,
de pacientes y sindicales
bajo el lema
"Stop Privatización de la
Sanidad. Área Única =
Mercado sanitario. No a
la Ley 15/97".