El Código Penal aplica la pena al delincuente imputable, aquella persona de la que se demuestra la responsabilidad criminal en un acto. El actual proyecto de reforma presentado en octubre por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, mantiene este principio, pero endurece las medidas llamadas de seguridad que son su equivalente para las personas diagnosticadas con enfermedad mental. Así, posibilita el alargamiento, previo informe psiquiátrico presentado ante el juez, de los regímenes de internamiento y medicación forzosa de este colectivo. Además, incorpora la “libertad vigilada” una vez que se acaba el encierro.

A finales de junio, diferentes asociaciones catalanas de personas con diagnósticos de salud mental han publicado un manifiesto contra el anteproyecto del Código Penal, al que consideran especialmente discriminatorio con los colectivos más vulnerables socialmente, como los migrantes y las personas con un diagnóstico psiquiátrico.

La idea de ser catalogados como sujeto peligroso ha provocado la reacción de estos colectivos de afectados. “Es un reconocimiento de que no todos somos iguales ante la ley”, destaca a DIAGONAL Hernán Sam­pietro, de la asociación Activa­Ment, una de las impulsoras del manifiesto. “Ninguna democracia tiene un sistema judicial que juzgue personas, lo que se juzgan son actos”, insiste.

Una reforma peligrosa

El texto ha sido criticado por la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, que lo considera “peligroso” por la responsabilidad que supondrá para los psiquiatras el emitir informes que juzguen los posibles comportamientos futuros de una persona. En base a estos informes, que según Sampietro atenderán a criterios “judiciales y policiales, no sanitarios”, la privación de libertad y el resto de medidas de seguridad que sustituyen a la pena de cárcel podrán ser emitidas a perpetuidad. Es decir, una persona que haya cometido un delito y haya sido encontrada no imputable podrá ser internada por un periodo más largo del que le correspondería por una pena carcelaria.

Además, toda persona que se encuentre bajo libertad vigilada podrá ser forzada a presentarse de manera regular y periódica ante un médico, psiquiatra o psicólogo. Y lo mismo sucederá con la medicación. Hoy ya se dan ingresos y medicación forzosa, pero duran sólo de una semana a un mes, señala Sampietro, para quien la reforma será difícil de aplicar y tiene un carácter “ideológico”.