Los sectores en lucha por el sistema sanitario catalán están dispuestos a plantar cara al proceso de privatización de CIU. Las detenciones recientes, si bien ya están en libertad con cargos, del expresidente del Instituto Catalán de Salud (ICS) y exdirector general de la empresa municipal Innova de Reus, Josep Prat, y del exdirector del Servicio Catalán de la Salud, Carles Manté alargan la sombra de la corrupción sobre el modelo de gestión privada que intenta implantarse, y que la revista Cafèambllet denunció.

Ramón Serna, de la Candida­tura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l’Administració de Catalunya, considera que “ha sido mucha coincidencia las detenciones con la cimera [cumbre] anticorrupción de Mas. Parece que quieran hacer un trueque, detenemos a estas personas a cambio de que otros se libren y además se rechaza la querella contra el conseller de Salut, Boi Ruiz. Las condenas no sirven si no se cambia el modelo de privatización que CiU, poco a poco, quiere imponer en Cataluña desde hace 30 años”.

El rechazo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Catalunya el pasado 21 de febrero a la querella criminal por delitos contra el derecho ciudadano a la salud y por delitos de corrupción presentada hace tres meses contra el conseller genera un gran malestar entre los colectivos. “A Boi Ruiz no se le puede tocar porque sería desmontar el Gobierno”, indica Serna a DIAGONAL. Por ahora han presentado recurso de súplica pero Serna dice que “no creo que prospere y nos sentimos indefensos con esta justicia”. Clara Valverde, presidenta de la Liga del Síndrome de Fatiga Crónica, considera que “la han rechazado diciendo unas cosas bastante ridículas. No ha hecho falta ni investigación, directamente se ha dictado sentencia. Hay que recordar que debido a los recortes hay gente que no está siendo atendida y el artículo 542 del Código Penal establece que es un delito impedir el acceso de los ciudadanos a un derecho cívico. Y el acceso a los servicios sanitarios es un derecho cívico”. Valverde anuncia que “vamos a explicar durante cuatro martes seguidos del mes de marzo los cuatro puntos principales de la querella. El día 5 hablaremos de cómo se están manipulando las listas de espera, presentando unos datos que son falsos. Toda esta campaña la llevaremos a cabo a través de las redes sociales”. Según denuncia la Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios (PARS), la técnica manipuladora consiste en aumentar los tiempos de espera de 2011 para que parezca que han mejorado los de 2012.

Por otro lado, la pérdida del acceso a la asistencia sanitaria universal es ya una realidad. “Estamos ante un apartheid sanitario” denuncian desde el Grup de Defensa de la Sanitat Pública del 15M. “A muchos migrantes se les está negando la atención urgente o bien se les cobra, como sucede en el hospital Clínic y en el Trueta”. El punto de partida fue el 24 de abril de 2012, cuando se publicó el Real Decreto Ley 16/2012. Esta ley no hace sino acabar con el carácter universal de la sanidad, denuncian desde el 15M, ya que deja sin asistencia sanitaria pública a los mayores de 26 años que no han trabajado nunca, a personas con rentas anuales superiores a 100.000 euros y migrantes en situación irregular con excepción de mujeres embarazadas y menores de 18 años, así como las urgencias médicas en cualquier caso. En Cataluña dicho decreto se adapta y aparece la instrucción 10/2012 del Catsalut que entró en vigor el 1 de setiembre de 2012.

Miedo a la nueva tarjeta

El 15M denuncia que, a través de esta instrucción “la Generalitat niega el acceso a la asistencia sanitaria a colectivos con gran vulnerabilidad como: personas sin documento de identificación, personas no empadronadas en Catalunya a las que no se las deja empadronar en sus municipios o migrantes sin permiso de residencia con menos de tres meses de padrón. De acuerdo con la instrucción las personas que acrediten tres meses de padrón recibirán atención primaria y completa cuando lleven un año”. Desde el colectivo también se denuncia que la nueva tarjeta sanitaria que entrará en vigor a partir del 1 de abril dejará “entre 15.000 y 20.000 personas totalmente excluidas del sistema sanitario ya que la Generalitat no ha hecho llegar de manera eficaz la información a aquellos ciudadanos que perderán su derecho a la asistencia sanitaria”.

Además de la corrupción en la gestión y el apartheid sanitario, no hay que olvidar la precariedad laboral del personal de sanidad. Anna Cartanyà, residente de tercer año de medicina familiar y comunitaria, lamenta que “los recortes en nuestra especialidad, que da cobertura al 80% de la población que acude al médico con un 20% de recursos de la atención primaria, está degradando nuestra formación y saldremos mucho peor formados, y esta situación empeorará con las promociones siguientes, lo que supondrá una peor atención de las personas. No es sólo que a los residentes nos han recortado los salarios sino que hacemos menos horas mientras que se nos exige más polivalencia, con lo que tendremos que tratar y diagnosticar casos que con suerte habremos visto una o dos veces durante nuestra residencia”. Cartanyà lamenta que desde el Instituto Catalán de la Salud los tratan como “mano de obra barata, perdiendo tiempo para formación, cobrando como ordinarias horas de guardia, tratando cada vez más pacientes porque las personas que se jubilan no se sustituyen. Además, en base al cambio legislativo nos dicen que les debemos 40 horas”. Luego el futuro es incierto. “Hay casos de médicos que trabajan en ambulatorios con contratos de dos o tres días, dándoles de alta y de baja según trabajen o no. Luego está la opción de cubrir bajas temporales, pero la gracia del médico de familia es la continuidad y el contacto con el paciente para una mejor gestión de su salud”.