ENCUENTRO ESTATAL: EL COLECTIVO DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL SE ORGANIZA PARA LA REIVINDICACIÓN
Igualdad de derechos para personas diversas

La I Marcha por la Visibilidad de la Diversidad Funcional celebrada el pasado 15 de septiembre forma parte del proceso de reivindicación de un colectivo
discriminado bajo la etiqueta de minusválidos.

Texto de Javier Arroyo (Foro Vida Independiente) / Madrid

20/09/07 · 0:00
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CAPACES. “Todos tenemos capacidades e incapacidades” fue uno de los lemas contra la discriminación de la Marcha. / José Alfonso

En la primera manifestación de estas
características que se celebra en
el Estado español, los más de mil
manifestantes que se encontraron
en Madrid exigieron que se desarrollen
políticas comprometidas para
las personas con diversidad funcional
y que se realicen inversiones
directas para tener igualdad de derechos
y oportunidades: que las
diversidades físicas, mentales, sensoriales
o intelectuales no sean vistas
como lastres sociales.

UN AÑO ATRÁS

La idea de celebrar la I Marcha por
la Visibilidad de la Diversidad Funcional
tiene su origen un año atrás,
en septiembre de 2006. Por esas fechas
se estaba cocinando la ley de
promoción de autonomía personal
y atención a las personas en situación
de dependencia (o ‘inDependencia’).
Un grupo de personas con
diversidad funcional se encerró en
la sede del IMSERSO con idea de
hacer llegar a José Luis Rodríguez
Zapatero los planteamientos de algunas
de las personas a las que más
afectaría dicha ley. Al final se logró
una entrevista con el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera. Durante la misma, el ministro
adquirió una serie de compromisos
que, más adelante, no
cumplió, como lo relativo a la figura
del asistente personal, el pago
directo, la consideración del gasto
añadido que supone tener capacidades
diversas, así como el compromiso
de colaboración directa
con el Foro de Vida Independiente
(FVI), una comunidad virtual de debate
y reivindicación a favor de los
derechos humanos de las personas
con cualquier tipo de ‘discapacidad’.

Del incumplimiento de la palabra
del ministro nació una ley de
‘inDependencia’ coja e insuficiente,
por más publicidad que se le haya
dado. Con la aprobación de la
ley en el Congreso cundió el
desánimo dentro del FVI. De la sensación
de engaño e impotencia surgió
la idea de reivindicarnos mediante
un acto público y de carácter
lúdico: la marcha.
POR UNA MAYOR VISIBILIDAD
Después del encierro del IMSERSO
nacieron nuevos objetivos.
Quizás el primero fuera conseguir
visibilidad.

Visibilidad hacia el exterior: frente
a una Administración que hace
oídos sordos a nuestras peticiones,
unas asociaciones por las que no
nos sentimos representados, frente
a una gente que nos mira con ojos
de pena o incómodos, y no como
fuente de diversidad y riqueza.
Pero también visibilidad hacia el
interior. La discriminación que sufren
los hombres y mujeres con diversidad
funcional está fuertemente
arraigada incluso en las mentes de
quienes padecen dicha discriminación.
Muchos se ven a sí mismos como
lastres. No han roto las barreras
mentales ni emocionales que les permitan
verse como parte integrante y
valiosa de la sociedad en que viven.

LEY DE (IN)DEPENDENCIA

Se presenta a bombo y platillo como
el cuarto pilar del Estado del
bienestar, pero se trata de una ley
insuficiente, con un enfoque erróneo
y mal desarrollada.
Dentro de los objetivos de la ley,
así como en su articulado, se recoge
el derecho de las personas con
diversidad funcional a la “igualdad
de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal”. No
obstante, un vistazo al catálogo de
prestaciones y servicios que ofrece
la ley muestra los siguientes servicios:
teleasistencia, ayuda a domicilio,
centros de día y de noche y
centros residenciales. Difícilmente
pueden estos servicios garantizar
la inclusión social de las personas
con capacidades diversas, dado que
todos van dirigidos a recluirlos en
sus casas, en el mejor de los casos,
o a segregarlos en residencias y
centros de día o noche, también conocidos
como ‘granjas’. En cuanto
a las prestaciones económicas, se
encuentran las vinculadas al servicio,
cuando no se pueda acceder a
alguno de los anteriores, las ayudas
para cuidadores del entorno familiar,
tendente a perpetuar a la familia
y sobre todo a la mujer como
prestadora de servicios no remunerados,
y la de asistencia personal.

Así, sólo la prestación por asistencia
personal parece encaminada
a asegurar la inclusión social de este
grupo, pero esta prestación sólo
se recibe para “facilitar al beneficiario
el acceso a la educación y al
trabajo, así como una vida más autónoma
en el ejercicio de las actividades
básicas de la vida diaria”. Es
decir, la participación social queda
excluida de esta prestación y, por
ende, de la ley. Ésta fue otras de las
cosas a las que se comprometió el
ministro Caldera.

Corresponde al recién creado
Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia establecer la
cuantía y condiciones de acceso a
las prestaciones y servicios que
ofrece la ley. Este organismo ha
puesto unos topes de 780 euros/mes
como prestación de asistencia personal
para un dependiente de grado
alto y 585 euros/mes para uno con
menor dependencia. Según las experiencias
piloto realizadas en las
Comunidades Autónomas de Madrid,
Barcelona y País Vasco, guiadas
más por el espíritu de igualdad
de oportunidades establecido por la
ONU que por este desbarajuste que
propone el Gobierno, dichas ayudas
equivalen a 2,6 horas de asistencia
al día. Apenas es tiempo para
levantarse y acostarse, lo que está
ridículamente alejado de los objetivos
de la prestación. Según la ley,
se considera grado de gran dependencia
“cuando la persona necesita
ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria
varias veces al día [...] necesita el
apoyo indispensable y continuo de
otra persona”.

Habría que añadir, además, el
efecto del copago. A diferencia de
los otros tres pilares del Estado del
bienestar (sanidad, educación y pensiones),
éste está cofinanciado por el
usuario en función de su nivel de ingresos.
Esto es lo mismo que decir
que recibir asistencia para levantarse
de la cama, lavarse, vestirse, estudiar,
trabajar o formar una familia
es un derecho menos fundamental
que los ya consolidados, además de
constituir una injusta imposición de
impuestos por duplicado.

POR UN TÉRMINO ‘DIVERSO’

El término de ‘personas con diversidad
funcional’ cuenta con poco
más de dos años de existencia. Fue
acuñado en el Foro de Vida Independiente
(www.forovidaindependiente.
org
) para superar la negatividad
de los términos que se
aplicaban al colectivo con anterioridad:
minusválido, discapacitado,
in-válido... Tales términos limitantes
y/o despectivos llevan aparejada la
idea de que las personas que son así
etiquetadas ‘valen menos’ o, incluso,
de que son inútiles.
Las mujeres y los hombres con
diversidad funcional están alejados,
en sus parámetros biofísicos,
de los patrones que definen la
‘normalidad’ de la población. Así,
una persona sorda se comunica a
través de los ojos y un sistema de
gestos y signos, mientras que el
resto de la población lo hace fundamentalmente
mediante la palabra
y el oído. Sin embargo, ambos
realizan la misma función: la comunicación.

Las diferentes características
de las personas con capacidades
diversas obligan a éstas
a realizar las mismas funciones de
manera diferente, por lo que en algunas
ocasiones, precisan de ayudas
técnicas y, en otras, de asistencia
de terceras personas.

Por otra parte, esta sociedad no
ha contemplado la posibilidad de
integrar plenamente la diversidad
en todos sus ámbitos (educación,
transporte, ocio, trabajo,
etc.). Es de esta falta de integración
social, que piensa exclusivamente
en la mayoría ‘normal’ (en
el sentido estadístico del término),
de donde nace la discriminación
que sufre este colectivo.

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