Sáenz de Santamaría anuncia el recurso a la constitucionalidad del euro por receta que entró en vigor el 1 de enero en la sanidad madrileña y renuncia a defender a Güemes.
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Además de las reclamaciones de usuarios y del boicot del colegio de farmacéuticos, al euro por receta introducido en la sanidad madrileña por el Gobierno regional de Ignacio González le ha salido un nuevo enemigo, y viene e sus propias filas: el Gobierno central ha anunciado este mediodía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que pedirá al Tribunal Constitucional la suspensión de este impuesto que también se aplica en Catalunya.
Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eludido responder a una pregunta sobre el exconsejero madrileño de Sanidad, Juan José Güemes, el mismo en día en que se ha hecho público que una empresa de la que es consejero ha adquirido el servicio de análisis de seis hospitales madrileños que él mismo había externalizado durante su etapa en el Gobierno regional. “Me habla usted de decisiones de otra administración, no le puedo dar explicaciones, desconozco el caso”, se ha limitado a señalar la vicepresidenta.
“Coherencia”
Sáenz de Santamaría ha defendido el recurso contra un Gobierno de su propio partido como un “ejercicio de coherencia”, en alusión al recurso que interpuso el Gobierno de Mariano Rajoy contra el euro sanitario introducido en Catalunya. Según ha argumentado la vicepresidenta, los Gobiernos de González y Mas vulneran competencias que corresponden al Estado.
El recurso contra el euro sanitario introducido por el Gobierno de Ignacio González supone un nuevo golpe al plan de recortes en sanidad presentado el 31 de octubre por el ejecutivo regional y rechazado de forma masiva por la comunidad de profesionales y usuarios. Esta misma semana se ha conocido una nueva ronda de dimisiones masivas de profesionales de distintos niveles del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). A los 322 trabajadores de los ambulatorios y centros de salud (entre los que se encuentran 115 directores de centros) que anunciaron su dimisión el martes, se unieron un día después hasta 3.000 profesionales de los ambulatorios que renunciarán a sus puestos en el momento en quye salgan los pliegos de condiciones para la adjudicación de los centros a emrpesas privadas.
Además, durante su primera semana en funcionamiento el euro por receta ha recibido 4.500 solicitudes de insumisión, según anunció el jueves el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. La cifra, que ha sido negada por el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, coinciden con la cantidad de formularios que habían sido distribuidos en las farmacias por la propia consejería de Sanidad y que, según el Colegio, se agotaron en tan sólo una semana.
Los diferentes sindicatos sanitarios han convocado para el domingo 13 una nueva manifestación --la segunda del año-- por la retirada de las medidas de privatización de los hospitales y centros de salud madrileño. La manifestación partirá a las 12 de la mañana desde la plaza de Colón para discurrir hasta el ministerio de Sanidad. La iniciativa cuenta con el apoyo de la plataforma de directivos y directivas de centros médicos, que han acordado poner en marcha una nueva huelga indefinida de médicos en un plazo aproximado de dos semanas.
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