LA COLZA' // LOS AFECTADOS SE ENCIERRAN CONTRA EL ABANDONO INSTITUCIONAL 25 AÑOS DESPUÉS
Del envenenamiento al olvido

Cuando se cumplen 25 años de la primera muerte
por el síndrome del aceite tóxico, los afectados han
reivindicado mayor atención política con un encierro
de 17 días en Madrid, gracias al que han conseguido
una reunión con el secretario de Estado para la
Seguridad Social, según informaron a DIAGONAL al
cierre de esta edición. El Gobierno parece haber
olvidado el mayor caso de intoxicación alimentaria
de Europa desmantelando el seguimiento clínico,
las ayudas económicas y la investigación científica,
que no siempre apuntó al aceite como el
agente culpable del envenenamiento.

17/06/06 · 19:04
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SIN CURACIÓN. La OMS continúa hablando de este síndrome como “una enfermedad desconocida, de evolución imprevisible”./ Antonio Navia

Calle La Coruña, 25, Madrid, dependencias
de la Unidad de Gestión de
Prestaciones Económicas y Sociales
del Síndrome Tóxico del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. Termina
el día. Siete miembros de la
Coordinadora Nacional de Asociaciones
de Afectados por el Síndrome
del Aceite Tóxico, cuatro mujeres
y tres hombres, no abandonarán
las instalaciones por decimoquinto
día consecutivo. Dos compañeros
han tenido que dejar el
encierro por motivos de salud. Entre
40 y 50 personas de media arropan
por turnos la protesta en la entrada,
tras una pancarta donde puede leerse:
“Víctimas de la colza, 25 años sin
solución: ¡Qué vergüenza!”. La policía
ha aparecido por primera vez en
dos semanas en la calle. Siete coches
de efectivos policiales acaban
de abandonar la zona, y varios agentes
motorizados permanecen enfrente
del edificio. Pilar Pereira, una
de las componentes de la coordinadora,
lo deja claro: “De aquí nos sacarán
si nos tienen que sacar, pero
esta noche nos quedamos los de fuera
también a dormir”. En un par de
horas, los últimos policías nacionales
abandonan la guardia. En el interior
se encuentran representantes
de las asociaciones de Valladolid,
Puerta del Ángel, Orcasitas, Moratalaz,
Carabanchel,Ciempozuelos,
Torrejón, Loeches, Coslada y Alcalá
de Henares, estos últimos pueblos y
barrios de la periferia de Madrid,
eminentemente obreros, donde más
afectó la intoxicación.

El colectivo de 20.000 afectados
por lo que oficialmente se identificó
como una intoxicación con aceite de
colza destinado a uso industrial y
desviado para consumo humano en
1981 exige, desde hace dos años, una
reunión con algún responsable de la
Administración con capacidad ejecutiva
que discuta con ellos su situación.

Al cierre de esta edición, tras
17 días de encierro, habían conseguido
concertar una reunión con el
secretario de Estado para la
Seguridad Social, Octavio Granado,
por lo que han dado por finalizada,
por el momento, la protesta.
Cuando se cumplen 25 años de la
muerte de un niño de ocho años en
Torrejón de Ardoz, Madrid, el primero
de los 3.000 fallecimientos
que ha contabilizado este colectivo,
luchan contra “el olvido y el abandono
institucional”. Uno de sus portavoces,
Juan Antonio Sánchez, ya
activo en los movimientos sociales
y vecinales a principios de los ‘80,
explica a DIAGONAL: “Ahora están
terminando de pagarse las indemnizaciones
que se empezaron a
cobrar en 1999, diez años después
de que fuesen aprobadas. El problema
es que a este dinero se le han
descontado todo tipo de ayudas anteriores,
dinero para prótesis, dentaduras,
las pensiones de viudedad,
de invalidez, de orfandad, de lactancia,
etc. por lo que se queda casi
en nada”. Un total de 6.000 personas
tiene la invalidez total, y otras
muchas no habían cotizado nada
cuando fueron intoxicados, ya que
hubo bastantes niños y amas de casa
entre los afectados. “¿De qué van
a vivir ahora esas personas? Toda la
infraestructura social conseguida
ha desaparecido, ni siquiera se nos
hace ya seguimiento clínico, el médico
ahora nos trata como a otros
ciudadanos cualesquiera”, continúa
el coportavoz. Las cifras oficiales
rebajan el número de fallecidos a
346 y el de afectados a 18.500, dado
que dieron por finalizado el recuento
en septiembre de 1981.

Desde la coordinadora reclaman
la cobertura social y estabilidad económica
que tienen las víctimas del
terrorismo. Pilar Pereira, que no es
portavoz y ya ha comentado que ella
“no sabe hablar” lo resume de esta
forma: “Fue terrorismo de Estado.

Tenemos 3.000 muertos. A nosotros
nos pusieron las bombas en el estómago.
El Estado tiene que ser responsable
porque el Estado es culpable”.
El Gobierno fue designado ‘responsable
civil subsidiario’ en un largo
proceso judicial, dado que los empresarios
aceiteros condenados (13
de un total de 39 encausados) se declararon
insolventes para acometer
el pago de las indemnizaciones. El
Estado, de hecho, no garantizó la seguridad
alimentaria de la población:
el aceite no se vendió sólo en rastros
y puestos de venta ambulante , hubo
26 marcas de aceite tóxico registradas
con el sello de sanidad en los supermercados.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS), 25 años después, continúa
hablando de este síndrome como
“una enfermedad desconocida,
de evolución imprevisible, de la que
no se puede hablar de curación, sino,
en el mejor de los casos, de aparente
mejoría”, señala el coportavoz,
que en 1981 estuvo un mes ingresado
en el hospital al borde de la muerte.
Hoy tiene una invalidez total.
Entre otros trastornos asociados, el
síndrome tóxico presenta problemas
respiratorios, coronarios, de hígado,
pérdida de visión, de masa
muscular, caída de la dentadura y el
cabello, deformaciones en las articulaciones,
depresión, alteraciones
del sueño... Pilar tenía 26 años
cuando se intoxicó, “no podía ni coger
a mi hija de tres años”. “Ahora
tenemos buena apariencia física, pero
vivimos con muchos problemas
de salud, la mayoría tomamos unas
cuatro pastillas al día”, añade.

Emilia González, sentada a la puerta
del edificio del encierro, se lamenta:
“Mis hijos no han sabido lo que
es la salud, en el año de la intoxicación
tenían uno, dos y ocho años”.
Mientras unas desgranan sus
historias de enfermedad, otras
empiezan a pensar en la cena para
los compañeros y en cómo van
a pasar la noche allí. No es su primera
experiencia. En este cuarto
de siglo han protagonizado varias
sentadas y acampadas señalando
a las diversas instituciones responsables.

“No cejaremos hasta
que se hagan cargo del último de
los afectados, el pueblo que no conoce
su historia está expuesto a
repetirla, y estos 25 años forman
parte de la historia de este país”,
concluye el coportavoz.

LA TEORÍA ALTERNATIVA: PESTICIDAS EN LOS TOMATES
_ La versión oficial de la Administración
señaló como agente culpable
de la intoxicación al aceite
de colza desnaturalizado, importado
de Francia y sometido a un
proceso de 'renaturalización' con
anilinas. Sin embargo, la investigación
abierta por el doctor
Antonio Muro en 1981, director
entonces del Hospital del Rey de
Madrid y fallecido en 1985,
apuntó al consumo de una partida
de tomates de baja calidad
tratados con un compuesto de
insecticidas organotiofosforados
en Roquetas de Mar, en Almería.
El pesticida en concreto era el
Nemacur, comercializado por la
farmacéutica alemana Bayer.
El periodista Rafael Cid, que
investigó durante tres años el
caso, explicó a DIAGONAL: «La
verdad oficial sigue sin ser satisfactoria.
Esto fue el 11-M de
aquel momento político inestable,
con un primer gobierno de la
transición que quería controlar
cuanto antes el asunto y le dio
carpetazo». El periodista consiguió
valiosos documentos y testimonios
de los principales protagonistas
del 'caso de la colza'
que apoyaban la idea de que la
teoría oficial era insatisfactoria. El
secretario de Estado para el Consumo
en el Gobierno de Calvo
Sotelo, confirmó en una entrevista
con Cid: «Las encuestas epidemiológicas
no cubrían los requisitos
científicos mínimos. Ni todos
los afectados habían tomado
aceite ni mucho menos todos los
que habían ingerido aceite resultaron
afectados». Los informes
del antiguo Centro Superior de
Información de la Defensa,
CESID, sugieren la posibilidad de
que se hubiera tratado de un
ensayo de guerra química, basada
en la experimentación con
organofosforados. La publicación
de toda esta información en
Cambio 16 provocó amenazas y
presiones sobre el medio.
FUENTOX fue la única asociación
de afectados que no aceptó la
versión oficial. Para la Coordinadora
Nacional de Asociaciones
protagonista del encierro, estas
son teorías «desfasadas».

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