Josep María Padrosa, el número 2 de la sanidad catalana por detrás del conceller Boi Ruiz, tendrá que dar explicaciones en el Parlament y será investigado por la Oficina Antifraude después de que el miércoles trascendiera que el organismo que dirige, el CatSalut, adjudicara contratos a empresas de las que es apoderado.

La Oficina Antifraude, un organismo dependiente del Parlament, tendrá que dilucidar si, como dice el grupo ciudadano que destapó el presunto fraude, la actuación de Padrosa constituye una violación de dos leyes autonómicas sobre incompatibilidad de cargos públicos y transparencia. El artículo 3 de la ley autonómica sobre incompatibilidades establece que “los altos cargos deben ejercer su función con dedicación plena y no pueden compatibilizar su actividad con el ejercicio de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad mercantil, profesional o industrial de carácter público o privado por cuenta propia o ajena”, mientras que el artículo 13 de la Ley de Ordenación Sanitaria . “La condición de miembro del comité de dirección del CatSalut es incompatible con cualquier vinculación con empresas o entidades relacionadas con cualquier tipo de prestación de servicios”.

“Pensamos que la implicación de la Oficina Antifraude es un buen primer paso”, declara a DIAGONAL Andrés García, de la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS). Este grupo ciudadano investigó las vinculaciones de Padrosa con el sector privado tras una primera querella que no fructificó contra éste y otros tres directivos sanitarios de la Generalitat. “Entonces la fiscalía dijo que no había indicios de nada. Pero ahora hay una diferencia importante: mostramos una relación de contratos de su propio organismo con sus propias empresas”. La propia Corporación Fisiogestión, el holding de empresas sanitarias contratadas por CatSalut, confirmó ayer jueves que Padrosa es apoderado de 16 sociedades del grupo. Padrosa declaró por su parte que “desconocía” seguir teniendo cargos en el conglomerado.

La Oficina Antifraude tendrá 6 meses –con una prórroga de tres- para emitir su propio informe sobre el caso. Su último informe sobre las presuntas tramas de corrupción en la sanidad catalana sí consideraba que había indicios de delito en la actuación del exalcalde de Calella, Ramón Bagó (CiU), al frente del Consorci Hospitalario de Catalunya.

“Es un informe de 8.000 páginas que le ha llevado un año emitir”, precisa Albano Dante, editor de la revista Cafè Amb Llet, muy activa en la denuncia de las tramas de corrupción en la sanidad catalana. Para el periodista, las diferencias con el caso Padrosa son grandes y permiten albergar más esperanzas. “El caso de Bagó es muy complejo, se extendía a lo largo de 25 años, estamos hablando de 65 empresas que contrataban con unas 25 administraciones diferentes. Lo de Padrosa es mucho más claro y flagrante”, asegura. No obstante, para el editor de Cafè Amb Llet será la “presión social que se haga sobre el caso” será el factor determinante para que se investigue y se depuren las responsabilidades.

Mientras tanto, Padrosa tendrá que dar explicaciones en la comisión de Salud del Parlament acompañado del conceller Boi Ruiz después de que toda la oposición exigiera explicaciones sobre los contratos de CatSalut con al menos 6 empresas del holding Fisiogestión en 2011 y 2012. Una cadena de reacciones provocada por la investigación de la PARS (difundida el miércoles por el diario El País). “La PARS somos ciudadanos, en general no tenemos nada que ver con el ámbito sanitario, no somos unos expertos investigadores ni cosas raras. Nuestra principal herramienta ha sido internet y saber a quién tenemos que investigar”, destaca García.