Foto: Edu Bayer

BARCELONA. La disminución
se basa en el control de las
fuentes de contaminación.

Únicamente en las Islas Canarias se
había realizado un estudio como el
que han presentado este mes el
Instituto de Investigación Hospital
del Mar (IMIM) y la Agencia de
Salud Pública de Barcelona. Su especificidad
e importancia radica en
que compara dos muestras representativas
de la población barcelonesa
que permiten evaluar con detalle
la evolución de los compuestos
tóxicos persistentes (CTP) en la segunda
ciudad más poblada del
Estado español. Para ello, la muestra
recogida en 2006 se compara con
los datos de la Encuesta de Salud
Pública elaborada en 2002.

Estos contaminantes han sido
analizados en su conjunto, gracias a
lo cual ha sido posible observar que
algunos individuos con concentraciones
bajas de ciertos CTP tienen
concentraciones altas de otros. Ello
quita peso a las argumentaciones
científicas que defienden que las
cantidades de CTP en el conjunto de
la población son, en general, bajas.

En total, según nos cuenta Magda
Gasull, una de las autoras del estudio,
se han analizado 19 componentes
resistentes a la degradación y perjudiciales
para la salud, de entre los
que destaca el DDT, un pesticida prohibido
desde los años ‘70 en multitud
de Estados, incluido el español.
Cuarenta años sin usarse en la actividad
agrícola no han sido suficientes
para hacerlo desaparecer de la sangre
de la población barcelonesa.
De hecho, según puntualiza
Miquel Porta, otro de los autores y
catedrático de Salud Pública de
la Universidad Autónoma de
Barcelona, a pesar del descenso probado,
“los resultados muestran también
que ocho de los 19 contaminantes
analizados están presentes en
más de un 80% de los sujetos del estudio
y que ninguna persona estaba
libre de los CTP”. El número mínimo
de contaminantes en una persona
fue de cinco y el 72%de la población
de Barcelona tiene como mínimo
diez. Según Porta, “estos datos son
en buena medida extrapolables a
otras poblaciones españolas”.

Posibles razones del descenso

Aunque el estudio publicado en la
revista Science of the Total Environment
es descriptivo y no entra a valorar
las razones del descenso, éste
podría deberse, entre otros factores,
a la entrada en vigor de ciertas normativas
estatales e internacionales
sobre la materia. Porta defiende la
importancia de este tipo de aportaciones
para ayudar “a evaluar la eficacia
de las políticas que se están llevando
a cabo para reducir la exposición
de la población”. Se puede especular
así sobre la importancia de
la Ley General de Salud Pública y el
Convenio de Estocolmo, que entró
en vigor en 2004.

Obstáculos para investigar

A pesar de que poco a poco va creciendo
la conciencia de los peligros
de los compuestos tóxicos persistentes
por parte de autoridades y
agentes reguladores, hay claros impedimentos
para la realización de
informes como el presentado. Sin
duda uno de ellos es su elevado coste
de realización,más aún con la crisis
de las administraciones públicas,
que hace que llegue menos dinero
público a los grupos de investigación.
Muchas veces, no obstante, es
un problema de voluntad política o
incluso ideológico. En 2005, científicos,
agentes sociales y miembros de
distintos Gobiernos autonómicos y
del Gobierno central admitieron en
las conclusiones de un encuentro sobre
los CTP en la Escuela de Verano
de Salud Pública, que algunas de las
razones para la falta de investigación
en este sentido son “la falta de
percepción de los riesgos, la escasa
tradición de ejercicio del derecho al
acceso a la información, la censura
de los datos disponibles, o políticas
“negacionistas del tipo ‘mejor no lo
miramos no vayamos a causarnos
otro problema’”. En este encuentro
se insistió en la importancia de la
identificación de los compuestos tóxicos
persistentes en la población y
se alertó de que su vigilancia “debe
estar especialmente orientada a reforzar
el control de las fuentes de
contaminación”. Pese a que algunas
normas estatales, como la Ley
General de Salud Pública aprobada
en 2011, van en esta dirección, aún
queda camino por recorrer en el
cumplimiento de lamisma por parte
de las distintas administraciones.