Foto: José Alfonso

Texto de Concepción Muñoz Jiménez, del colectivo Mujeres Feministas de Huesca, perteneciente a la Coordinadora Estatal.

Desde el movimiento feminista
llevamos más de 23
años denunciando la actual
normativa legal del
aborto, porque no garantiza el derecho
de las mujeres a decidir, tampoco
garantiza su seguridad jurídica ni
la de las y los profesionales y supone
en realidad la privatización de una
prestación sanitaria reconocida en la
Ley General de Sanidad. La normalización
del aborto como prestación
sanitaria en la red pública es una
deuda pendiente de nuestra sociedad
con todas las mujeres. En esta
valoración general es justo el reconocimiento
a la actitud de algunas y
algunos profesionales que han tratado
de dar buena atención aún dentro
del limitado marco legislativo.

Los abortos en nuestro país se hacen
en las clínicas privadas en un
97,5% de los casos, lo que tiene que
ver con que la sanidad pública da la
espalda a esta necesidad de las mujeres
con la extensión ilimitada de la
objeción de conciencia, con las trabas
en el acceso a la información y
valoración de las mujeres que solicitan
el aborto, en algunos casos la
aprobación de comités bioéticos,
etc. Todo esto unido a las interpretaciones
subjetivas que permite la ley,
impide la exigencia de algo tan básico
como es el derecho de las mujeres
a decidir si no desean seguir
adelante con un embarazo. Se da la
paradoja de que como la sanidad
pública ‘escurre el bulto’, puede ser
necesario desplazarse más de 300
kilómetros aunque seas vecina de
un enorme hospital.

Pero el análisis de la situación del
aborto pasa por incluir las políticas
públicas en materia de prevención,
particularmente en materia de educación
sexual y de acceso a los anticonceptivos,
ya que la responsabilidad
de buena parte de los embarazos
no deseados tiene que ver con el
fracaso de las políticas públicas preventivas.
En educación sexual podemos
concluir que el panorama en general
es desolador, el actual modelo
educativo no garantiza una educación
sexual integral que depende en
su mayoría de la formación y voluntad
del profesorado.

Por otro lado, la privatización de la
mayoría de los métodos anticonceptivos
y la más que limitada atención
a la salud sexual y reproductiva se
manifiestan de forma especial en colectivos
con mayores dificultades, como
son las mujeres jóvenes y las mujeres
inmigrantes.
Hay quien asegura que todavía
estamos viviendo de los resultados
de las acciones preventivas realizadas
en los años ‘80, porque sus beneficios
perduran aún después de
haber finalizado, pero muchas de
estas iniciativas desaparecieron hace
casi dos décadas.

El principal problema que presenta
la actual regulación es la consideración
del aborto como un delito
excepto en tres supuestos, con límite
de plazos y requerimientos diferentes:
por violación denunciada
(12 semanas máximo), presunción
de malformaciones fetales (22 semanas)
y por grave riesgo para la
salud física o psíquica de la mujer,
sin determinación de plazo.
En la práctica, esta situación significa
que son los jueces los que pueden
decidir si la causa que una mujer
alega se ajusta o no a alguno de los
tres supuestos, lo que depende de un
dictamen médico, y que existe la exposición
a una denuncia de las organizaciones
‘antielección’.

Un retrato somero de las mujeres
que abortaron en el año 2006 es el
que sigue: en su mayoría solteras, la
mitad de ellas sin hijos, el 39% menor
de 25 años. Casi el 70% era la
primera vez que abortaba y más de
la mitad no habían acudido previamente
a un servicio de planificación
familiar. Poco más de la mitad obtuvo
información en un centro sanitario,
mientras que casi la otra mitad
lo hizo por otras vías. Lo hacen mayoritariamente
en cuanto comprueban
que están embarazadas (menos
de ocho semanas en el 62% de los
casos y el 87% antes de las 13 semanas),
y eso a pesar de las trabas que
existen en el acceso a la atención. El
supuesto al que se acogieron fue el
de su salud, que se justificó por imperativo
legal con un informe de psiquiatría,
en la mayoría de los casos
de una clínica privada.
Es importante la incidencia del
aborto en mujeres jóvenes y en mujeres inmigrantes, los más vulnerables.