El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal en la Ciudad de México aprobó el pasado
24 de abril las reformas de la Ley para Despenalizar
el Aborto antes de las 12 semanas de embarazo, en
medio de fuertes medidas de seguridad implementadas
por la policía del Gobierno del Distrito
Federal (DF) para resguardar el recinto donde se
reunían los legisladores y, al mismo tiempo, para
evitar enfrentamientos entre los grupos de civiles
antagónicos. De nada sirvieron al final las amenazas
de muerte de los grupos ultraconservadores o la
excomunión prometida por el alto clero católico.
- PROCESO POLÉMICO. La ley fue aprobada después de semanas de movilizaciones y tensos debates entre grupos civiles antagónicos. / Saúl Ruiz
Con 46 votos a favor, 19 en contra y
una abstención, los legisladores se
mantuvieron firmes en su decisión
de otorgar mejores condiciones para
que las mujeres que lo deseen, en
la superpoblada capital del DF, interrumpan
su embarazo antes de la
duodécima semana de gestación sin
que sea considerado delito. La decisión
fue tomada después de semanas
de movilizaciones y enconados
debates en Ciudad de México. En
los Estados Unidos Mexicanos, cada
Estado de la república tiene su
propia legislación.
La Ley de Salud ha sido modificada
y se establece que el Gobierno
del DF, a través de sus instituciones
de salud pública, tendrá la obligación
de atender a las mujeres que
soliciten abortar aun cuando cuenten
con algún otro servicio de salud
público o privado. El Gobierno del
DF también debe promover políticas
integrales de salud sexual para
prevenir embarazos no deseados.
La nueva legislación prevé la creación
de una consejería médica y social
para proporcionar a las mujeres
que aborten información sobre las
causales ya existentes (que habilitan
para interrumpir el embarazo
hasta las 20 semanas de gestación,
si hay peligro para la salud de la madre,
violación, malformación del feto
o inseminación artificial no consentida).
Esta nueva conserjería
también asesorará a las mujeres sobre
las opciones para abortar, así como
el apoyo necesario después de
recurrir a tal práctica.
La nueva definición de aborto, como
“interrupción del embarazo después
de la duodécima semana de
gestación” ha sido recogida en el artículo
144 del Código Penal del DF,
a pesar de la injerencia del mismo
Papa Benedicto XVI para apoyar la
posición de la Iglesia local en el segundo
país, después de Brasil, con
mayor número de católicos del mundo.
Asimismo, se reduce la penalidad
para las mujeres que interrumpan
el embarazo después de ese período:
pasa de tres a un año de prisión,
de seis a tres meses, o de 300 a
100 días de trabajo comunitario.
‘Aborto forzado’
La figura del ‘aborto forzado’ queda
incluida en esta ley: “La interrupción
del embarazo sin el consentimiento
de la mujer”. La penalidad
para el que lo realice será de cinco a
ocho años de prisión. En caso de violencia
física o moral la pena es de
ocho a diez años de prisión sin libertad
bajo caución. En este artículo
147 del Código Penal de DF se precisa
que quien practique el aborto o
aborto forzado después de las 12
semanas de gestación será suspendido
de su ejercicio profesional el
mismo tiempo que esté en prisión.
En Ciudad de México el aborto es
la tercera causa de muerte materna,
mientras que a nivel nacional representa
la quinta causa: la capital concentra
el 14% del total de las muertes
por aborto en todo el país. Se calcula
que, por año, mueren en México
aproximadamente cien mujeres por
abortos inseguros. El promedio de
muertes por abortos inseguros en el
DF es de siete mujeres al año, lo que
equivaldría a la muerte de una mujer
cada 52 días. Hay que tener en
cuenta que el número de abortos inducidos
en México es estimativo,
pues al tratarse de un hecho muchas
veces clandestino, no hay un registro
oficial. En todo el país, el 80% de
las mujeres embarazadas no tenía
deseos de tener un hijo en el momento
de embarazarse, según se
desprende de los datos publicados
por el Instituto Nacional de Salud
Pública. Del total de embarazos no
deseados, el 36,2% corresponde a
mujeres menores de 20 años.
A pesar de que esta ley podría
cambiar estas cifras, la furia de las
‘buenas conciencias’ amenaza con
la desobediencia pública, la resistencia
civil o con impedir en los hospitales
las acciones abortivas. El
grupo parlamentario opositor, con
el ultraderechista PAN a la cabeza,
manifiesta que interpondrá el recurso
de inconstitucionalidad, para lo
cual necesita la firma de 23 diputados
locales, o bien pedirá a la Comisión
de Derechos Humanos del
DF que impugne dicha ley.
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