El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado este martes, con el apoyo de los llamados ‘ayuntamientos del cambio’, una Proposición de Ley para derogar la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como ‘Ley Montoro’.

Con esta Proposición de Ley para aplicación de medidas urgentes en materia de Régimen Local –su nombre completo– se pretende volver al escenario de consenso previo al de la ‘Ley Montoro’, así como im­plementar medidas urgentes para que los ayuntamientos puedan prestar los servicios esenciales para el funcionamiento de las ciudades y para garantizar los derechos de la ciudadanía.

La propuesta la han presentando los alcaldes de A Coruña, Zaragoza y Vinaròs, Xulio Ferreiro, Pedro Santisteve y Enric Pla, respectivamente; los portavoces de los consistorios de Madrid y Barcelona, Rita Maestre y Gerardo Pisarello; los concejales de Hacienda de Cádiz, Madrid y de Zaragoza, David Navarro, Carlos Sánchez Mato y Fernando Rivarés; los concejales de Iruñea y València, Armando Cuenca y María Oliver; y los jefes de gabinete de A Coruña y Cádiz, Iago Martínez y José Vicente Barcia. Durante la presentación en el Congreso también han participado el portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Íñigo Errejón; el de En Comú Podem, Xavier Domènech; la de En Marea, Alexandra Fernández; el portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón; y la secretaria de Acción Institucional y diputada, Auxiliadora Honorato.

Con la aprobación de esta Proposición de Ley, los ayuntamientos podrán recuperar la autonomía local, lo cual incluye primar la gestión directa de servicios municipales a la privatización, reduciendo así los sobrecostes que supone la externalización de los mismos; recuperar competencias y establecer nuevas, como por ejemplo el fomento del empleo, la lucha contra las violencias machistas y la participación municipal.

Asimismo, de aprobarse la iniciativa los consistorios podrán consensuar un nuevo municipalismo para el país, ya que la ley propone un proceso participativo donde se traten los tres ejes fundamentales de este nuevo municipalismo, que son una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los Entes Locales y repensar el papel de las diputaciones; el establecimiento de un nuevo sistema de financiación local que garantice derechos y prestación de servicios esenciales a la ciudadanía; y una apuesta por la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.

Además, la ley define cuáles son los servicios esenciales que debe prestar el ayuntamiento y fija las bases para acabar con los límites a la contratación de personal de cara a prestar estos servicios. También permite, cambiando el Real Decreto que lo articula, que los consistorios formalicen nuevas operaciones de crédito cuando cumplan con los requisitos de estabilidad presupuestaria.

Retirada de competencias

La realidad que deja la ‘Ley Montoro’ tras de sí es desoladora. Esta Ley permitió y permite la retirada de competencias esenciales a los municipios en materia de servicios sociales, salud y recaudación tributaria en favor de los territorios y diputaciones, favoreciendo la privatización y externalización de servicios mediante el endurecimiento de las condiciones para que no fueran prestados por los propios ayuntamientos. Esto supuso a su vez una reducción de las contrataciones de personal público, una disminución en la calidad de los servicios prestados y la disolución de empresas públicas que prestan servicios públicos esenciales que no arrojaron beneficios en los ejercicios de 2013 y 2014.

Así, con la excusa de la estabilidad presupuestaria, el gobierno del Partido Popular recortó la autonomía de los Ejecutivos locales, especialmente en materia de protección social y de prestación de servicios públicos esenciales. Todo esto frente a la situación real de los ayuntamientos, ya que, salvo excepciones, los consistorios no están en una situación económica grave, llegando a contabilizar un superávit del 0,44 % en el ejercicio de 2015.En todo caso, esta Propuesta de Ley no pretende ser la solución definitiva a estos problemas, sino que su primer objetivo es liberar a los ayuntamientos del yugo que impone la ‘Ley Montoro’ y abrir la oportunidad para elaborar un nuevo proyecto de municipalidad en el Estado español, con la participación de la ciudadanía y de los entes locales.