Admitir que hay niñas con pene y niños con vulva, padres gestantes y mujeres fecundantes, intersexualidades, expresiones de género diversas al binomio mujer/hombre y lejos de la patología, lleva a un modelo transgresor de familias más realista, que, lejos de perjudicar, aporta diversidad, justicia y dignidad.

Este es el meollo de la cuestión. Voy a desgranarla en algunos puntos clave.

La palabra identidad es de uso común en nuestra sociedad, habitualmente va ligada a términos como territorial, religiosa o cultural. Por este tipo de identidades se han gestado guerras y destrozado familias. Conflictivo es también hablar de la identidad sexual y de género de las personas, que describe un sentimiento íntimo y legítimo de pertenencia a una forma de ser, cuando la identidad sentida no coincide con la registral.

Si al concepto de identidades añadimos el término menores, comprobamos cómo aparecen los argumentos viscerales inculcados por una cultura cisexista, binaria y dicotómica que no admite salidas a los estrictos marcos de género, y menos en la infancia que se espera sumisa a las voluntades y expectativas sociales adultas. Con este panorama se enfrentan las familias que se atreven a escuchar y respetar a sus hijas e hijos.

El debate sobre el respeto a la diversidad de identidades de género tiene relativamente poco recorrido y es un derecho básico que engloba, al menos, tres derechos fundamentales: UNO. La dignidad humana, recogida en la Constitución española en el artículo 10 como "la dignidad de la persona, engloba la libertad de vivir como se quiera, con autonomía y posibilidad de diseñar un plan de vida e incluye la necesidad de vivir sin humillaciones y vivir bien, es decir, con un mínimo de condiciones materiales".

DOS. El derecho al libre desarrollo de la personalidad recogido igualmente en el artículo 10 de la Constitución, que hace referencia expresa a la identidad sexual en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Y TRES. El derecho al respeto de la vida privada que aparece en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 8 y que explicita que no podrá haber injerencia de la autoridad pública.

A este marco jurídico, debemos añadir otros principios y derechos fundamentales, como la no discriminación por razón de identidad de género o el derecho a la identidad. Las circunstancias que se producen para vulnerar sistemáticamente estos derechos en las personas transexuales e intersexuales contienen un marcado carácter ideológico, pues incorporan una concepción patológica de la situación que considera anómala la identidad sentida por la persona.

Todas asignadas en el binomio hombre/mujer

Partimos de que a todas las personas, por el simple hecho de nacer, se nos asigna un género. Y no vale medias tintas. Eres niña o eres niño. La escala de grises se pierde en la sala de parto. Y así pasa que existen personas que viven (y sufren) esta asignación impuesta, esta construcción social del género. Y así una prevalencia estadística convierte lo habitual en normal y de ahí en la norma que cumplir.

Esta actitud solo puede argumentarse desde una postura cisexista que otorga un valor moral superior a aquellas personas que sí cumplen con las expectativas culturales sobre el género asignado al nacer. Basta con hablar del tema con madres, padres y médicos despolitizados y no conocedores de un tema que nos afecta a todas.

Por la autodeterminación del género

La realidad actual es que existe un falso reconocimiento de los derechos de las personas transexuales puesto que solo tienen la libertad de ser quienes son si un tercero se la otorga, al no estar reconocida la autodeterminación de género.

Necesitando autorización para inscribir sus datos registrales de forma correcta, estando explícitamente impedida esta posibilidad en la legislación española en el caso de menores y solo autorizada con informe patológico y exigencia de tratamiento médico en el caso de personas adultas, quedando relegados sus derechos a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la vida privada.

Por ello la lucha de las familias de menores trans deberá fundamentarse en el derecho a la libre autodeterminación del género, que solo puede ser real y efectiva si para la modificación de los datos registrales se articulan mecanismos sencillos y libres de tutelas.

Legislaciones como las de Argentina y Malta, así como precedentes como la Resolución del Consejo de Europa del pasado abril recogen ya estas exigencias.

Otras batallas de estas familias se están gestando en el campo de la salud con la necesidad de tratamientos que colaboren en el bienestar psicosocial del individuo, aunque éste sea menor de edad, sin segregaciones en los servicios sanitarios, tutelas y autorizaciones de terceros, ni diagnósticos patologizantes, y en la educación, donde la ausencia de referencias a la identidad de las personas se convierte en un dogma cisexista de exclusión de la realidad trans por invisible e inexistente.

Así pasa que con frecuencia prevalecen los miedos de quienes deberían velar por el bien superior del menor a los intereses propios de los niños y niñas.

Derechos reproductivos en personas trans

Los derechos reproductivos también entran en las reivindicaciones de los colectivos de familias que creen imprescindible que en el proyecto de vida de sus hijas e hijos se barajen las mismas posibilidades que para las personas cisexuales.

Es muy significativo observar como políticos y medios omiten este tema y alguno que se aventura, suele hacerlo tirando de estereotipos, frecuentemente confundiendo orientación e identidad. Sería un logro que en la próxima campaña electoral para el 20 de diciembre escuchemos la palabra transexualidad en boca de los candidatos, con conocimiento de causa y acompañada de matices positivos, y diferenciando lo que es un proceso de tránsito hacia tu identidad de lo que es tu orientación sexual.