La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) comenzó en la mañana de ayer un encierro en el vestíbulo del hospital 12 de Octubre de Madrid que continuará hasta que las personas afectadas por la enfermedad consigan el tratamiento gratuito, tal como aseguró Mario Cortés, portavoz de la Plataforma, quien se mostró muy indignado en la asamblea previa al encierro: “Aquí estamos las víctimas de su corrupción. El dinero de nuestro tratamiento, está en sus cuentas de Suiza”. Cortés achaca la situación de los afectados a la “falta de voluntad política y a los abusos de los laboratorios, que especulan con el precio de los medicamentos”.

Por otro lado, la PLAFHC mantiene su decisión de emprender acciones legales contra la exministra de Sanidad, Ana Mato. La responsabilizan de las 11 muertes diarias que se dan en España a causa de esta enfermedad. Al nuevo ministro Alfonso Alonso, aseguran desde el colectivo, de momento le darán una oportunidad. Según ha explicado Damian Caballero, vicepresidente de la Plataforma, hoy tenían previsto notificar por registro a Alonso “tanto el encierro en el hospital, de manera oficial, como la petición de una reunión urgente para aclarar por qué no se está administrando el tratamiento”. Caballero, que está convencido de que “el problema no es que no haya dinero, sino que no hay voluntad de darlo”, asegura que la administración del medicamento Solvadi es más rentable que los trasplantes, que sí se hacen. “Un trasplante cuesta como mínimo 120.000 euros, y no es definitivo, porque el virus, que sigue vivo, ataca al nuevo hígado muy rápidamente. Se pueden aguantar 2 o 3 años, o 2 ó 3 meses”. Por ello, ha explicado “vamos a poner cifras encima de la mesa. Necesitamos 1.500 millones de euros para tratar a los 35.000 cirróticos que hay en este país. Y los necesitamos ya”. Caballero tiene alternativa a la falta de presupuesto: “Si no hay dinero, que el gobierno negocie con Gilead [la farmaceútica], como han hecho en Egipto o India, o que expropien la patente”.

Miembros de Izquierda Unida (IU), Podemos, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, la Asociación Respeta o del Sindicato Único de Sanidad e Higiene (SUSH) han acompañado a los afectados en la asamblea, así como algunos trabajadores de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada.