La propuesta europea que pro­mue­ve la implantación de un pe­rio­do mínimo de 20 semanas de permiso de maternidad sigue estancada. El texto, aprobado en 2009, ha de contar con el respaldo y la ratificación de todos los paí­ses miembros de la Unión Euro­pea, pero desde su aprobación inicial el informe se ha perpetuado en el tiempo. European Women’s Lobby (EWL), una red constituida por ­coordinadoras de asociaciones de mujeres pertenecientes a los diferentes Estados de la UE y otros territorios del ámbito europeo, fue la plataforma impulsora del escrito. Después de más de cuatro años de espera, exigen en una carta abierta la deliberación definitiva del pleno y su entrada en vigor.

La situación actual

La legislación vigente para los paí­­ses de la UE establece un mínimo de 14 semanas. Sin embargo, tanto la duración como el porcentaje salarial varían notablemente según la normativa propia de cada país. Suecia se sitúa a la cabeza de la lista y permite 480 días compartidos entre el padre y la madre, percibiendo el 80% hasta los 390 días; le sigue Noruega, con la opción de 392 días recibiendo el 80% o la de 322 días completamente retribuidos para la madre, y 70 días al 100% para el padre. Los periodos más cortos son los de Liech­tens­tein, con 56 días para la madre y ninguno para el padre, y Eslo­venia, con 84 días para la madre y 11 días para el padre. Por su parte, la Organi­zación Mun­dial de la Salud (OMS) establece en 24 semanas el periodo mínimo necesario.

En España, la duración legal de carácter general de la baja por maternidad es de 16 semanas ­ininterrumpidas, salvo en casos de parto múltiple u hospitalización. Las mujeres asalariadas tienen una retribución de la Segu­ridad Social del 100% durante su permiso. En el caso de los padres, desde la Ley de Igualdad de 2007, la duración es de 13 días naturales tras el nacimiento del bebé, sea cual sea su condición con­yu­gal, el tipo de contrato que ­disfrutan en el momento de la paternidad o la antigüedad en la empresa. Ambas concesiones pueden ser coetáneas y para poder beneficiarse del permiso de maternidad o paternidad es requisito indispensable tener un empleo y un mínimo de días coti­zados. Pero para aque­llos que no reúnen estos requisitos, el Insti­tuto Nacio­­nal de la Seguri­dad Social otorga una prestación no contributiva, que se percibe durante los 42 días posteriores al parto, de 532,51 euros mensuales, equivalente al 100% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

Según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado La maternidad y la paternidad en el trabajo: legislación y práctica en el mundo, actualmente hay 830 millones de mujeres trabajadoras en el mundo que no disfrutan de un permiso remunerado de maternidad, o lo que es lo mismo, el 71% de todas las mujeres empleadas del planeta. En teoría, únicamente hay tres países que no contemplan las licencias pagadas: Esta­dos Unidos, Omán y Papúa Nueva Guinea.

Según dicha investigación, las mujeres están protegidas sólo teó­ricamente por las legislaciones de sus respectivos países, pero no en la práctica. Por ejemplo, en Espa­ña sólo el 55% se reincorporan a tiempo completo tras haber sido madres.

El texto propuesto

El 16 de abril de 2009 el Parla­mento Europeo aprobó un ­in­for­me que establecía en 20 semanas el periodo mínimo de los permisos de maternidad en la UE, de las cuales las seis primeras serían retribuidas al 100% y el resto con no menos del 85% del salario. Ese documento, introducido a través de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y presentado por la diputada portuguesa del Partido Socialista Europeo Edite Estrela, ampliaba el borrador inicial del Ejecutivo comunitario, que había fijado este mínimo en 18 semanas.

El texto también introducía otras medidas destinadas a mejorar la consonancia entre la vida familiar y la laboral, como son la creación de una baja por paternidad o comaternidad de al menos dos semanas, o la protección de las mujeres frente a los despidos discriminatorios desde el comienzo del periodo de gestación hasta el inicio del permiso maternal, obligando a los empleadores a acreditar la causa de los mismos.

En opinión de Mónica, activista feminista de Madrid, el aplazamiento de la ratificación se debe no sólo al difícil consenso de la Eurocámara, sino al desmoronamiento de las arcas públicas debido a la crisis financiera y el pago prioritario de la deuda por parte de los países europeos, entre ellos España. En estos momentos, las ayudas sociales se han reducido en la mayor parte del viejo continente y “esta medida es una más a la cola”, sostiene.