Diferentes organizaciones de trabajadores y usuarios de la sanidad pública lanzan la campaña estatal "Privatizar puede matar".
La Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad de Madrid (CAS Madrid) y la Plataforma Matusalén presentaron el jueves la campaña estatal La privatización mata. Fuera las empresas de la sanidad.
La campaña se va a desarrollar conjuntamente entre trabajadores y usuarios de la sanidad pública a partir del próximo mes de abril. Territorios como Aragón, Andalucía, Baleares, Catalunya, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Euskal Herria, Madrid y País Valencià ya han conformado grupos de trabajo para poner en marcha la iniciativa. En cualquier caso, desde la campaña contra la privatización, subrayan a DIAGONAL que la idea es ir incorporando nuevos grupos de trabajo en territorios donde todavía no existe implantación.
En el manifiesto de presentación se remarca la necesidad de crear una “organización de base” que se pueda enfrentar de forma independiente a las directrices privatizadoras de los organismos internacionales. Según la plataforma, si no hay una respuesta social organizada, se seguirán aplicando las medidas de esta hoja de ruta neoliberal, independientemente del color del Gobierno de turno.
Antonio Gómez Liébana, miembro del CAS, remarca a DIAGONAL que “la campaña no va enfocada a los políticos sino a la población porque es la población la que tiene que movilizarse para defender el sistema de salud, o en unos años no habrá nada que defender". Liébana anuncia una primera movilización de la campaña para abril con la convocatoria de una manifestación.
Una campaña en siete propuestas
La web www.laprivatizacionmata.org centralizará toda la información que genere la campaña contra la privatización de la sanidad. Ahora recién presentada, la web explica los siete puntos básicos que articulan la propuesta.
El primero de ellos: la defensa de la sanidad universal, a través de lucha por la derogación del RD 16/2012 aprobado por el PP y que excluye de la atención sanitaria integral a parte de la población, mediante un cambio fundamental: vincular la atención a las aportaciones a la seguridad social en lugar de a la residencia. Lo que pone las bases para ir suprimiendo prestaciones hasta ahora universales y gratuitas en el momento del uso, trasladándolas al grupo de las de pago por su utilización. El segundo punto de la campaña es la defensa de una gestión 100% pública de la sanidad. Las cifras hablan por sí solas, según los datos que aportan, una sanidad en manos de empresas privadas aumenta, por ejemplo, hasta casi un 10% el riesgo de muerte en recién nacidos. Los motivos que pueden explicarlo: la necesidad de las empresas privadas de reducir en profesionales y “gastos extras” para generar beneficios. Estos datos proceden de un estudio comparativo realizado en Canadá por el doctor PJ Deveraux .
La tercera propuesta es el fin de la derivación al sistema privado y el uso real de todos los recursos que la sanidad pública tiene a su disposición. Además, proponen establecer un sistema de incompatibilidades real, que impida que quien trabaje en la sanidad pública tenga intereses económicos profesionales en la privada. "Proponemos que se abra también un turno de tarde para los médicos porque no es razonable que muchos emigren por no tener trabajo aquí y no se aprovechen las instalaciones. El sistema público está infrautilizado", opina Liébana.
Otros puntos son: El cambio de modelo en gestión sanitaria por otro que posibilite la participación y la toma de decisiones de trabajadores y usuarios, la demanda de la gratuidad y la equidad en función de la situación económica en el acceso a las prestaciones sanitarias, la creación de una industria farmaceútica pública y la prohibición de la publicidad de medicamentos en los medios de comunicación, así como de la propaganda de los laboratorios a los médicos.
La larga lucha por la defensa de la sanidad pública
La paralización judicial de parte del proceso privatizador madrileño y la dimisión del consejero de salud, Javier Fernández-Lasquetty han supuesto una importante victoria para la marea blanca madrileña pero no supone el “fin de la guerra”. Desde CAS, recuerdan a DIAGONAL que “el proceso de privatización no se ha frenado en Madrid en absoluto: entre 2004 y 2012 se han abierto siete hospitales privados modelo PFI, cuatro hospitales privados modelo PPP, una central de llamadas, un Laboratorio Central, 400.000 habitantes han sido cedidos junto con los ambulatorios de Pontones y Quintana a la Fundación Jiménez Díaz, la lavandería central, la limpieza de los centros, la extracción periférica de sangre, los sistemas informáticos, mientras se han cerrado miles de camas públicas, laboratorios, centros de salud mental, y se ha despedido a miles de trabajadores, al tiempo que las listas de espera se disparan y la calidad se degrada. “En el resto del estado la situación es similar: desde Catalunya a Andalucía el proceso de deterioro y privatización continúan, mientras se anuncian nuevos hospitales privados en Vigo, Toledo, Ibiza, Alcañiz o Don Benito”.
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