En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay algo más de un millón de personas sordas, lo que supone el 3% de la población total. El colectivo de sordos supone un tercio de los españoles que poseen alguna discapacidad. A pesar de contar con una importante presencia, se trata de un conjunto invisible para la sociedad y las instituciones oficiales.

Uno de los gran problema de las personas con discapacidad auditiva es la comunicación y el acceso a la información, siendo el ámbito de la educación donde encuentran más barreras. En la mayoría de centros educativos, existen rampas adaptadas para sillas de ruedas y tecnologías que fomentan el aprendizaje de las personas ciegas, como es el caso del sistema braille. Pero por el contrario, la persona sorda no tiene cubiertas sus necesidades. Apenas hay intérpretes de lengua de signos en los colegios e institutos, a pesar de estar estipulado por ley. La inversión educativa para este colectivo es mínima, así que, la única solución son los centros adaptados, muchos de ellos privados con un elevado coste para los progenitores. Este problema tiene especial incidencia en la universidad, cuando la persona sorda se encuentra excluida al no existir una presencia mínima de intérpretes en las facultades. Esta situación se está agravando con la crisis económica, dado que la partida presupuestaria destinada a becas, ayudas y a contratar intérpretes ha sido rebajada a niveles alarmantes.

El intérprete y la Lengua de Signos

Hay un gran desconocimiento en torno a todo lo que rodea al intérprete. No existe una lengua de signos con carácter universal. Cada país, lengua y región tiene una propia. La Lengua de Signos Española (LSE) no es idéntica en su totalidad a la de Argentina o Perú, a pesar de compartir el castellano como lengua oficial. Para ser intérprete oficial es necesario estudiar el ciclo de grado superior de Intérprete de Lengua de Signos y Guía-intérprete para Personas Sordociegas. Es una formación de dos cursos de duración, estudios que resultan cortos y escasos si los comparamos con el resto de Europa, que suelen ser de 4 años.

La figura del intérprete no está nada valorada en lo económico, puesto que es una profesión mal pagada, salvo excepciones. El intrusismo y la falta de rigor tiene una preocupante presencia en este trabajo, debido a la difícil verificación de la destreza y la capacidad del intérprete al no existir niveles oficiales. Hay muchos casos de intérpretes desempeñando su labor únicamente mediante un curso impartido por una asociación de sordos. El escándalo del funeral de Nelson Mandela ha causado un gran revuelo mediático, pero en España ha habido muchos casos fraudulentos, sobre todo en el medio audiovisual. El más conocido es el ocurrido en Canal Sur, donde hubo quejas de los usuarios por la falta de adecuación del mensaje transmitido por los intérpretes. También hubo mucha problemática por un presunto delito de tráfico de influencias de la Junta de Andalucía al concederle un concurso a una organización de intérpretes.

Mejoras en los últimos años

En la última década, las mejoras en materia de accesibilidad han sido muchas. España cuenta con una buena y rica legislación, pero falta aplicación y mayores sanciones por el incumplimiento de las mismas. Todo lo que rodea a las personas sordas es muy confuso. Es necesario una fuerte inversión estatal para no hacer de éstas unas excluidas sociales, dotándolas del apoyo necesario para tener una vida adaptada a sus necesidades. El papel del intérprete cobraría vida con el apoyo de las instituciones, al tratarse de un trabajo de lo más desconocido e infravalorado. Es necesario una modificación y exigente regulación de su entramado legislativo, lo que provocaría una profesionalización de esta labor. Pero este trabajo de carácter “voluntario”, “altruista” y “mímico” a ojos de muchos, requiere de tiempo y esfuerzo para que se produzca una transformación. Es indispensable que las personas sordas tengan un trato igualitario, y que no haya personas discapacitadas de primera y de segunda.

También es urgente un cambio de perspectiva de los Estados neoliberales que tratan la discapacidad como un problema. Es evidente que este tipo de personas no reporta grandes beneficios para el Estado, sino que son pérdidas traducidas en gasto social. Por eso, es de lo más ingenuo pensar que en el gran mercado capitalista donde todo tiene un precio, la vida de un familiar enfermo o con discapacidad cotiza al mismo valor que el resto de la población. Son individuos que resultan poco útiles y caros para los gobiernos. No se le puede pedir demasiado al actual sistema y su desigual juego de la balanza. Resulta poco esperanzador, pero hay que contentarse con que se haga cumplir la Ley 27/2007 del 23 de octubre “por la que se reconocen las leguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditivas y sordociegas”.

Artículo original íntegro publicado en Revista Indiscretos