Adiós a la ley de plazos. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto, con la que la interrupción del embarazo se convierte, de nuevo, en un delito, a no ser que ésta cuente con la autorización de un médico. "No cabe depender de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada. El sistema de plazos que dejaba en capacidad de decisión de la titular no se introduce en el nuevo texto", ha dicho el ministro en la presentación del anteproyecto en La Moncloa.

La norma aprobada, con el nombre Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, y que sustituirá a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, supone abandonar el sistema de plazos, en vigor desde el año 2010, para volver al sistema de supuestos, por el que la interrupción del embarazo se convierte en delito menos en supuestos muy concretos y que sean acreditados: el peligro para la salud física o psíquica de la madre, que el embarazo sea fruto de una delito contra la libertad sexual y, salvo en los casos en los que el embarazo suponga un riesgo vital, dentro del plazo de 22 semanas de gestación. "La mujer siempre es víctima", ha repetido hasta en dos ocasiones el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien también se ha referido a que el legislador debe dirimir aquellos supuestos de "colisión entre la vida del nasciturus (término jurídico que designa al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento) y la vida de la mujer".

Aún más restrictiva que la legislación anterior a 1985, que contemplaba la deformación del feto como supuesto por el que el aborto fuera una practica legal, la ley impulsada por Gallardón recoge como supuesto únicamente que el feto presente "anomalías incompatibles con la vida", cuestión que tendrá que ser refendada por el informe de dos médicos. "Lo más importante es que la vida del no nacido encarna un valor fundamental, que es un bien jurídico que el Estado está obligado a reconocer", expresó el ministro tras la aprobación del texto en una comparecencia en la que resaltó en varias ocasiones el "drama" que rodea a la cuestión del aborto, un tema en el que, según resaltó, "no cabe depender de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada", como afirma que pasaba con el sistema de plazos.

En cuanto a los supuestos penales, Gallardón no ha especificado qué tipo de penas llevará acarreada la participación en abortos fuera de la ley de supuestos promulgada hoy en Consejo de Ministros. Ha dicho el ministro que, en ningún supuesto, "será supuesto de reproche penal, ni multa, ni cárcel", con lo que queda fuera del Código Penal, al menos en lo que a la mujer embarazada se refiere. Sí ha desarrollado el ministro la nueva obligación de acompañamiento y tutela de quien dependa la patria potestad de las menores de 18 años embarazadas. Asimismo, se regula la objeción de conciencia por parte de médicos y enfermeros, cuyos nombres pasarán a formar parte de una base de datos, pero que se podrá invocar "hasta el último momento".

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo ha emritido una nota de prensa a las 17h de la tarde del 20 de diciembre en la que aseguran que el nuevo ordenamiento impedirá a las mujeres "abortar en nuestro pais"; para ACAI "la interrupción voluntaria del embarazo no podrá realizarse legalmente, ya que los requisitos burocráticos, legales y médicos exigidos impedirán que sea una práctica sanitaria normalizada". Algo que convierte al Estado español en el país con las leyes más restrictivas de la UE junto a Irlanda y Polonia.