El juzgado número 4 imputa a los dos exconsejeros de la Comunidad de Madrid horas después de que Ignacio González les conceda una medalla al "esfuerzo".
La facturación intercentros desde la primera oleada de hospitales privatizados sigue estando bajo sospecha. El señalamiento de los exconsejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, por parte del juez Marcelino Sexmero, muestra que la justicia ha visto indicios de delito más allá de lo que el Gobierno del PP considera una “causa general” dirigida por la oposición del PSOE para poner en cuestión el proceso de privatización de la red hospitalaria madrileña, detenida en su segunda fase tras la paralización del proceso de externalización de seis hospitales. El auto, que se ha hecho público a eso de las 12h, supone, según ha adelantado el diario El Mundo, la imputación de Lamela y Güemes por delitos de prevaricación y cohecho, así como la imputación de distintas personas de la actual Consejería por malversación de caudales públicos, entre ellos Antonio Burgüeño, director general de Hospitales, y, Patricia Flores, viceconsejera de Sanidad. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la acusación de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), para conocer el contenido de un auto que desde la asociación consideran que sigue la senda de la oposición ciudadana al proceso de privatización de la sanidad llevado a cabo en Madrid.
El auto desestima el recurso de Güemes en el que consideraba ilegítima la personación de AFEM y el juzgado explicita que "la acción popular se configura como derecho de todo ciudadano a obtener la tutela judicial efectiva en cuanto a su pretensión de perseguir la comisión de un hecho ilícito penal". Asimismo, la querella introduce la cuestión de prácticas irregulares en la derivación de pacientes desde hospitales privados a otros centros, motivo suficiente para el juez para investigar a Capio, Ribera Salud y Asisa. Asimismo, apunta a la administración sanitaria actual por la no reclamación de facturas por servicios prestados lo que podría constituir un delito contra la Hacienda Pública, fraude y malversación de caudales públicos. Por último, "se imputa el delito de prevaricación, y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco", esto es Güemes y Lamela, "responsables políticos de las adjudicaciones".
“Nos llena de satisfacción que el juzgado avale nuestra queja”, ha señalado a DIAGONAL Patricia Alonso de AFEM, en relación a la imputación de estos dos exaltos cargos en el juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, “es triste que la vía judicial sea la única forma de hacerse oír”, ha declarado Alonso, que relaciona su demanda con la movilización de la Marea Blanca, de personal facultativo y usuarios, que ha puesto en entredicho el proyecto sanitario del ejecutivo de Ignacio González.
Precisamente, el presidente de la Comunidad de Madrid ha protagonizado las últimas noticias en torno a la Sanidad con la presentación del Presupuesto General para 2014 en el que no se recoge la previsión de gastos del proceso judicial en el que se tendrá que dirimir la legalidad del concurso de privatización del servicio sanitario de seis hospitales. La Consejería de Sanidad contará con un presupuesto de 6.977 millones de euros en 2014, casi un 2% menos que en 2013. González justificó esta reducción en base a una reducción de 130 millones de euros por la privatización de esos seis centros, que la justicia no ha avalado. González, Güemes y Lamela coincidieron ayer en un acto institucional de la Comunidad de Madrid en el que el primero concedió a los exconsejeros la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo por su "trabajo" y "esfuerzo".
Auto de imputación de Güemes y Lamela
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