El 24 de abril el joven senegalés Alpha Pam, de 28 años, moría de tuberculosis en su casa después de un periplo de seis meses durante el que se le negó en reiteradas ocasiones la asistencia en el que había sido su hospital de referencia en las Baleares. Se trata del segundo caso documentado de muerte de una persona relacionada con la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012, que se aplica en los centros de salud y hospitales desde el 1 de septiembre de 2012. En febrero saltaba la noticia de la muerte de la boliviana Soledad Torrico, que murió por las complicaciones de una gripe tras pasar seis días sin ser atendida por el Servicio Valenciano de Salud.

El decreto ha sido criticado por transformar el sistema de salud existente desde 1986, basado en la universalidad y la gratuidad, ya que se paga a través de impuestos, en otro de aseguramiento, en el que los migrantes sin papeles han sido los primeros excluídos.

Pero los caso de Alpha Pam y de Soledad Torrico podrían no ser los últimos. La puesta en marcha de este real decreto ley, cuya justificación oficial es el ahorro de 7.000 millones de euros, ha provocado que 800.000 personas queden excluidas del sistema público de salud, según Médicos del Mundo. Si necesitan atención no urgente, se les obliga a pagarla.

“Si suspendo el desfile de las Fuerzas Armadas, estoy haciendo el recorte de un gasto. Si dejo de atender a alguien por un problema de salud, estoy atentando contra un derecho humano porque pongo en riesgo su vida. Esto no es un recorte, es mucho más. Estos derechos los hemos perdido todos”, explica a DIAGONAL Nacho Revuelta, médico de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, quien añade que “se venía entendiendo la salud como un derecho, y ahora se ve como un privilegio, y el listón de los no asegurados se puede ir moviendo en el futuro”.

El decreto y lo demás

Aunque la propia norma establece que se seguirá garantizando la atención gratuita de niños y embarazadas a todos los niveles y la de urgencias para toda la población, ni siquiera estos puntos están siendo respetados, denuncia en un informe esta plataforma. “La puesta en marcha ha sido tan irresponsable y tan chapucera que no se están haciendo las cosas ni siquiera en base al real decreto. Se está facturando en urgencias, se está impidiendo a enfermos acceder a los médicos y sanitarios. Hemos tenido que luchar para que una persona acceda a urgencias o para que se dé de alta a una embarazada o a un menor”, explica Revuelta. La plataforma ha detectado prácticas ilegales de cobro en Madrid, Ba­leares, Canarias, Navarra, Va­lencia o Castilla-La Mancha.

Precisamente para oponerse a este real decreto y para garantizar el acceso de todas las personas a la sanidad, independientemente de su situación administrativa o circunstancias económicas, nació hace un año Yo Sí Sanidad Universal, una plataforma de desobediencia civil que ha logrado que 2.200 profesionales sanitarios se declaren objetores, aunque aclaran que son muchos más quienes se oponen a estas medidas, y ha apoyado la creación de 41 grupos de acompañamiento a personas afectadas en todo el Estado. Uno de ellos es el de la Oficina de Derechos Sociales de Puente de Vallecas (Madrid), cuyo trabajo de presión ha logrado que todos los inmigrantes que han reclamado su apoyo hayan recibido finalmente asistencia. “Tenemos la suerte de que en Vallecas hay bastantes médicos implicados en Yo Sí y bastante conciencia de desobedecer, y más allá de eso, hay médicos sensibles a la situación y que saben
buscar vericuetos para que la gente sea asistida”, explica Iñaqui Ortiz. Sin embargo, el trabajo es arduo, y supone enfrentarse caso por caso a todo un entramado burocrático.

“Los servicios de salud de las comunidades autónomas van dificultando más que los resquicios que dejaba el real decreto se puedan utilizar para atender a las personas que han quedado excluidas”, denuncia Revuelta. La aplicación de la norma está siendo muy desigual, pero incluso aquellas regiones en las que se han publicado instrucciones que amplían los colectivos con cobertura se siguen produciendo casos de desa­tención o exclusión. En Cataluña, donde la Instrucción 10/2012 modifica la norma estatal, existe “una mejor situación que en otras comunidades porque se ha ampliado la cobertura a colectivos excluidos, pero es discriminatoria porque rompe la universalidad y sigue dejando a miles de personas fuera”, dice Jose Peñín, de SOS-Racisme y la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASU-Cat), que añade que otro de los grandes problemas, compartido en el resto del Estado, es la “desinformación de los pacientes y del personal de los centros”.

Para denunciar todos los casos en los que se hayan puesto trabas a la atención médica, PASU-Cat dispone de un observatorio para registrar el mayor número posible de casos y que no queden invisibilizados, al igual que hacen el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana y el recién creado Observatorio de Derecho a la Salud de Baleares. Con el mismo objetivo, Yo Sí Sanidad Universal pondrá en marcha un observatorio en las próximas semanas.