MARCHA A SOMONTE. Decenas de campesinos marchan hacia la finca ocupada (Foto: Carmela Negrete)

Cada vez quedan menos trabajadores
del campo. Entre 1964 y 1994 la
población activa agraria descendió
en torno a un 75%, sobre todo debido
a la lógica productivista que ha
llevado a una extrema mecanización
del sector y a la introducción de tratamientos
químicos para las plantas.

Según un estudio de la Universidad
Pablo de Olavide, el número de jornaleros
se redujo en ese periodo en
3.100.000. Solamente en
los ‘70 emigró un millón de andaluces
por la falta de empleo y expectativas.
Durante esa década el sector
jornalero era el más pobre de
Andalucía, a su vez una de las regiones
más humildes del Estado. Hoy
viven del campo menos de medio millón
de trabajadores en Andalucía.

Hasta la muerte del dictador
Francisco Franco, era común ver en
los latifundios andaluces a menores
trabajando junto a sus madres y padres.
Durante sus últimos estertores,
la situación en el campo andaluz
era de una pobreza tal que las
protestas comenzaron a propagarse
por los pueblos agrarios. Con la idea
de evitar una respuesta violenta,
se creó en 1971 el Empleo Comunitario,
dotado de fondos públicos
destinados a emplear varias jornadas
a los campesinos sin tierra que
estuvieran más necesitados y crear
de ese modo una suerte de paz social
que apaciguase las revueltas.

En 1977 se creó el Sindicato de
Obreros del Campo (SOC). Junto
con CC OO del Campo, aglutinó entre
sus filas de afiliados al mayor número
de jornaleros. Sus reclamaciones
históricas han sido la colectivización
de la tierra y la reducción del
empleo de maquinarias y químicos,
así como lamovilidad de los trabajadores,
obligados a pasar las temporadas
de cosecha en otros pueblos.
El SOC, a diferencia de otras organizaciones
sindicales de jornaleros, criticó
desde el comienzo el Empleo
Comunitario y mantuvo su reivindicación
histórica de “la tierra para el
que la trabaja”.

Marinaleda como emblema

Una de las victorias históricas e icono
del movimiento jornalero en la
Transición española es la conseguida
en el pueblo sevillano de
Marinaleda. En 1980, los marinaleños
comenzaron una huelga de hambre
de 13 días que dio la vuelta al
mundo y con la que reclamaban tierras
para trabajarlas. Más de 30 años
después, en las tierras ocupadas, por
entonces propiedad del duque del
Infantado, trabaja hoy una cooperativa
de vecinos que genera empleo
discontinuo estable y es el principal
motor económico de la localidad. La
lucha, pacífica de principio a fin, acabó
con la compra de las tierras a su
dueño, que la Junta de Andalucía pagó
a precio de mercado.

Las verduras que hoy recolecta la
cooperativa Los Humosos en
Marinaleda son a su vez tratadas y
envasadas en la misma localidad, en
la fábrica de la cooperativa Humar.
Dicha cooperativa sobrevive enfrentándose
a los precios irrisorios que el
mercado ofrece para los productos
agrícolas. Una de las figuras más emblemáticas
de la lucha jornalera es el
alcalde de Marinaleda, Juan Manuel
Sánchez Gordillo, que actualmente
es parlamentario andaluz de IU.

El PER, punto de inflexión

Mientras en Marinaleda la cooperativa
proporciona más jornales, en
otras localidades los braceros sobreviven
gracias al Plan de Empleo
Rural. El PER es una prestación por
desempleo para los trabajadores del
campo que trata de garantizar una
estabilidad económica en los meses
en los que no hay faena en el campo.
La mayoría de las protestas a partir
de 1985 se han encaminado a mejorar
las condiciones del PER. Hasta
entonces, en el ideario del movimiento
jornalero, la figura del Estado era
vista como un ente represor. Dicho
Estado, que ahora garantiza una frágil
y precaria estabilidad al sector, ha
pasado entretanto a asumir una parte
en el conflicto que propietarios y
latifundistas han tenido históricamente,
creando una red clientelar relacionada
con el reparto del trabajo
municipal para los parados.

En 2007, año en que comienza a
intuirse la última crisis capitalista,
el principal sindicato jornalero, el
SOC, se transformó en el SAT,
el Sindicato Andaluz de los
Trabajadores, con la idea de agrupar
a otros sectores sociales en las
luchas comunes. En sus acciones de
protesta pacífica han ocupado bancos,
las líneas del AVE o el aeropuerto
de Málaga para protestar contra
el desempleo, la corrupción y el capitalismo. Sus sindicalistas cuidan
las relaciones con otras organizaciones
de campesinos sin tierra y
participan en la Vía Campesina. Una
de sus preocupaciones más visibles
es la situación de los migrantes sin
papeles, muchos de los cuales trabajan
en la agricultura en condiciones
laborales leoninas.

Dura y abundante represión

El SAT es una de las organizaciones
más represaliadas de Europa. Sus
afiliados sufren multas, encarcelaciones,
juicios y enfrentan procesos
por más de 60 años de cárcel. De ahí
que el año pasado sus principales dirigentes,
entre ellos el secretario general
Diego Cañamero, se declarasen
“insumisos judiciales”, negándose
a asistir a los juicios contra otros
compañeros del sindicato en los que
fuesen llamados a testificar. Desde
entonces, el dirigente ha sido detenido
dos veces con el fin de que prestase
declaración, a lo cual se niega. La
última detención tuvo lugar el 4 de
junio ante los juzgados de Sevilla.

La situación actual de los jornaleros
se ha agravado con la excusa de
la crisis. El SAT denuncia, por ejemplo,
que en la campaña de recogida
del ajo y la cebolla en Jaén están pagando
menos de 15 euros por siete
horas de trabajo, cuando el convenio
vigente es de 47,48 euros por
seis horas y 15 minutos de trabajo.
La antigua y revolucionaria reivindicación
de “la tierra para el que la trabaja”
ha sido olvidada por el camino
de las subvenciones por otras organizaciones
sindicales, mientras que
el SAT permanece fiel a la idea. “No
queremos la propiedad de la tierra,
queremos su uso para formar cooperativas”,
explica tajante el jornalero
Diego Cañamero.