EMPRESARIOS Y POLICÍAS. Montoya (en el centro), con agentes de la Unidad de Extranjería de Albacete en uno de sus locales. Posee varios clubes en Baleares, País Valencià, Albacete y Cuenca. Fundador de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, diversas operaciones policiales le han costado varios encarcelamientos. Foto: AIP agencia.

A casi todo el mundo le suena el caso
Palma Arena o los chanchullos de la
recogida de basuras del caso Brugal.
Son escándalos de corrupción cuyas
investigaciones salen con frecuencia
en los telediarios y son portadas de
periódicos. ¿Pero le suena a alguien
la Operación Carioca?

La Operación Carioca es una investigación
judicial que, por ahora,
implica en Lugo a 19 agentes y mandos
de la Guardia Civil, la Policía
Nacional y la Local, además de un
subdelegado del Gobierno, en una
supuesta red de tráfico de mujeres,
drogas, armas y explosivos, quizás
con dos muertes a sus espaldas.
Pese a que va en camino de convertirse
en la mayor operación contra
las redes de trata de mujeres y que
ya hay más de 60 imputados, y eso
que la investigación no ha terminado
todavía, este escándalo de corrupción
policial no ha merecido la misma
atención, ni mediática ni política,
de otras tramas. Así, cuando el 16 de
noviembre el diario El País le dedicó
un gran espacio informativo en su
edición estatal, lo hizo en las páginas
interiores, en la sección de Sociedad.

“Hay que constatar el silencio y el
rápido olvido cada vez que se conoce
un nuevo caso de corrupción policial.
Los medios de comunicación,
como en tantos ámbitos, juegan un
papel crucial de minimización, banalización
y encubrimiento de la dimensión
real del problema”, apunta
David Fernández, periodista de investigación
catalán. “La seguridad es
material altamente sensible y se contraprograma
con silencios y amnesias
para reforzar la lógica securitaria.
Además, cuando sectores de la
judicatura y la policía se implican en
su erradicación, también es cierto
que lo hacen desde la discreción para
evitar el desprestigio. Si el vigilante
es quien delinque, los debates que se
abren son demasiado profundos”.

Por su parte, el abogado Luis de
Santos explica que “a diferencia de
la corrupción ‘política’ en sí, la norma
común es presentar estos casos
como aislados, sin conexión entre
unos y otros, y por supuesto sin memoria
histórica a la hora de narrarlos,
y sin una continuidad y seguimiento
del proceso y sus causas”.

Mandos policiales imputados

La trama ahora investigada en la
Operación Carioca, iniciada con una
macro redada en burdeles de Lugo a
finales de 2009 (aunque las pesquisas
judiciales se remontan a meses
antes), investiga una red presuntamente
tejida por el responsable del
club Queen’s, José Manuel García
Adán, el cabo de la Guardia Civil adscrito
a la Policía Judicial, Armando
Lorenzo y el policía local José Ramón
Vázquez Río, ex jefe de la Brigada
Nocturna. Todos ellos fueron
detenidos en la macro redada y continúan
en prisión preventiva a la espera
de que se celebre el juicio.

La red supuestamente incluía a
otros agentes, como un policía nacional
que hacía la vista gorda en Barajas
para colar a las mujeres o un
guardia civil jubilado que era propietario
de otro burdel. Y también
autoridades como Jesús Otero, ex
subdelegado del Gobierno en Lugo,
imputado asimismo en otra instrucción
que investiga la retirada masiva
de multas de tráfico en la ciudad.
Entre los mandos imputados están,
además de dos responsables de Extranjería
de la Policía Nacional en
Lugo, tres de la Guardia Civil: un
subteniente, el ex jefe de la Policía
Judicial de Lugo (hoy un comandante
destinado en Teruel), y el ex
jefe de la Comandancia de Lugo,
hoy destinado en Canarias con rango
de coronel.

Los quince guardias
civiles imputados en la
Operación Macedonia se
encuentran actualmente
en libertad

“La primera consideración para
valorar la dimensión real de la corrupción
policial es la incapacidad
de hacerlo: la opacidad y el silencio
lo impiden. Pero hay corrupción policial,
por supuesto. En diferentes
grados: del policía corrupto de ‘barrio’,
a las tramas organizadas que
implican a altos mandos y que refieren
organicidad, estructura y permanencia”,
apunta Fernández.

La Operación Macedonia es otro
ejemplo de silencio mediático y escasa
atención política ante tramas de
corrupción policial. Como revelaba
en diciembre el semanario catalán
La Directa, las investigaciones judiciales
iniciadas por un juzgado de
instrucción de Barcelona, que siguen
abiertas, describen una vasta trama,
instalada desde hace dos décadas,
que se fundamentaba en el intercambio
de favores, los sobornos económicos
y la filtración de investigaciones
en curso, entre otros.

De los cuerpos policiales, el más
salpicado es la Guardia Civil y, particularmente,
sus equipos contra el crimen
organizado de Sant Andreu de
la Barca. Pero hay también mandos
intermedios de los Mossos d’Esquadra,
Policía Nacional y del área de información
de la Guardia Urbana de
Barcelona. La red, supuestamente,
recurrió a las gestiones del senador de CiU Jordi Casas, que recibió la petición
de un teniente coronel de la
Guardia Civil, para intentar modificar
la postura de un fiscal en la causa.
La red conseguía la liberación de
presos pagando elevadas cantidades
a un alto funcionario de la cárcel de
Brians II que manipulaba informes
para que se les concediese la libertad.
Por ahora están imputados nueve
miembros de la red mafiosa, hasta
15 guardias civiles y tres agentes de
los Mossos d’Esquadra, entre ellos
un subjefe de la comisaría de Vilanova.
Todos los policías imputados
están actualmente en libertad y solo
los tres agentes autonómicos están
apartados y suspendidos del servicio.

Grados de corrupción

La corrupción policial sigue ciertos
patrones. Luis de Santos los resume:
“redes de tratas de personas y tráfico
de drogas. Hay que tener en cuenta
que son el tercer y segundo negocio
ilegal más lucrativo a nivel mundial,
y por supuesto, local. También existe
la pequeña corrupción vinculada a
dichas redes y con características
propias”. Pero, matiza este letrado,
miembro del Grupo 17 de Marzo
Sociedad Andaluza de Juristas para
la Defensa de los Derechos Humanos,
“hablaría de corrupciones. Por
un lado la corrupción clásica o general,
como la de un funcionario que se
aprovecha de su cargo para obtener
beneficio personal, y por otra una corrupción
especial en razón de su cargo.
En esta última entrarían las falsas
denuncias por atentado y otros
delitos, falseamiento de documentos
y atestados, malos tratos y torturas”.

Los analistas policiales coinciden en
que se alcanza el último escalón (y el
más peligroso) en el asentamiento
de bandas criminales cuando éstas
se encuentran en condiciones de penetrar
las capas altas de la administración:
judicatura, policía y partidos
políticos. Así, la Policía Nacional, y
sólo por mencionar uno de los cuerpos
de seguridad del Estado, ha reforzado
en los últimos años las unidades
especializadas en este tipo de
delitos, como la Unidad Contra la Delincuencia
Económica y Fiscal, la Brigada
de Delitos Monetarios, la del
Banco de España o la unidad adscrita
a la Fiscalía Anticorrupción. Incluso
en 2009 creó una nueva brigada
de investigación especializada en el
blanqueo de capitales.

El resultado
ha sido evidente: entre 2004 y 2009
el número de personas detenidas por
la Policía por delitos relacionados
con la corrupción se ha multiplicado
por 25. Sin embargo, no parece que
el aumento de los controles se haya
extendido a la labor policial.
Jorge del Cura, del Centro de Documentación
contra la Tortura, concluye:
“no sé si la corrupción policial
es inevitable. Pero para al menos
prevenirla sería necesaria una sociedad
alerta y consciente de los riesgos
de abuso del poder que se delega
en los cuerpos policiales. Cuanto
mayor sea la capacidad de éstos, mayor
deberá ser su control”.

Financiaba hasta equipos de fútbol

Comprar a miembros de los
cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado era uno de los objetivos
preferentes de algunos de
los dueños de los burdeles
implicados en la trama Carioca.
En diciembre, la prensa gallega
informaba de que Pilar de Lara
Cifuentes, la jueza al frente de
la investigación, trataba de confirmar
la financiación de un
equipo de fútbol integrado por
policías de la comisaría de Lugo
por parte del cabecilla de la
trama, José Manuel García
Adán. La ‘financiación’ de los
proxenetas de ciertas actividades
a algunos agentes no es
asunto nuevo. Recientemente
fue llamado a declarar como
imputado un guardia civil que
tenía un equipo de motociclismo.
En las carreras en las que
competía con su motocicleta
lucía la publicidad del Colina y
el Queens, dos de los establecimientos
que estarían relacionados
con García Adán.

El olvidado deber de perseguir el delito

Uno de los principales imputados
en la trama de los burdeles
de Lugo es el cabo de la Guardia
Civil Armando Lorenzo,
cuyas tareas como policía eran
las investigaciones de delitos
contra las personas, en especial
con la prostitución. Durante su
trabajo, la relación con los
agentes del Equipo de Mujer y
Menores (Emume) de la Guardia
Civil era constante. Dos
agentes del Emume fueron supuestamente
las primeras en
denunciar los abusos e irregularidades
del cabo. Su protesta
fue fundamental para activar
esta operación. Sin embargo,
dicho documento no se encontraba.
Esto es básico para saber
si las ‘actividades’ de Lorenzo
fueron, al menos, toleradas por
sus superiores. El documento
habría sido localizado en Madrid,
en la sede de la Dirección
General de Policía y la Guardia
Civil. Esto abriría la posible implicación
de más mandos.

Rivalidades entre policía

La trama descubierta con
la Operación Macedonia
tenía en su centro una
red de tráfico de drogas
dirigida por Manuel Gutiérrez
Carvajo, un narcoconfidente
que opera en
Catalunya desde los ‘80.
La investigación judicial
que ha entrado en el sórdido
ámbito tejido entre
el tráfico de estupefacientes,
el proxenetismo y los
confidentes policiales,
recoge también la rivalidad
entre cuerpos policiales
para apuntarse éxitos
y destacar de forma
tramposa en la lucha
contra el narcotráfico.
Particularmente, en el
mismo seno de la Guardia
Civil, con una guerra
intestina entre dos sectores
abiertamente enfrentados
(la comandancia
de la Travessera de Gracia
de Barcelona frente al
cuartel de Sant Andreu
de la Barca), pero igualmente
corrompidos. Las
investigaciones apuntan
también a cargos políticos,
juristas, periodistas,
políticos, abogados y
empresarios.