DIFERENCIAS CON OTRAS LOCALES. Especializados en labores de información e inteligencia contra los movimientos sociales.

La operación desarrollada por la
Policía Municipal de Iruñea el 3 de
febrero contra 16 jóvenes por unos
incidentes de hace siete meses, se
ha convertido en un ejemplo más
del uso político de este cuerpo por
parte del Gobierno de UPN.
Doce jóvenes –tres de ellos menores
de edad– fueron detenidos en
la calle por policías municipales.
Tras prestar declaración en el juzgado,
quedaron en libertad con cargos.
Además otras cuatro personas
fueron imputadas por la Policía
Local por haber participado en unos
incidentes el 6 de julio de 2010.

Entonces agentes municipales cargaron
en una plaza llena de gente
contra un grupo de jóvenes, minutos
antes del txupinazo de inicio de
San Fermín. Durante los incidentes,
en la plaza del Ayuntamiento, el impacto
de una botella provocó heridas
graves a un madrileño de 31
años. Pocos días después, la Policía
Municipal imputó a un joven estos
hechos. Una acusación retirada,
después de que la investigación evidenciase
que el jefe del operativo
había construido la imputación con
una declaración falsa. Tampoco se
puede olvidar que los incidentes
comenzaron cuando los policías
asaltaron a varios jóvenes que
pretendían exhibir una ikurriña de
grandes dimensiones en el txupinazo.
Una bandera que, de momento,
no ha sido prohibida en Nafarroa
(salvo en los balcones municipales).

Acoso a movimientos sociales

Hay una pregunta que numerosos
vecinos de la ciudad se hacen: ¿era
necesario detener a esas 12 personas
por hechos ya investigados hace
meses, o se las podía haber citado?
¿O se trata de la aportación de
UPN a la oleada represiva de las últimas
semanas en Nafarroa tras la
doble operación policial dirigida por
la Audiencia Nacional que detuvo a
13 militantes independentistas? En
cualquier caso, la redada se suma a
una larga lista de actuaciones de la
Policía Municipal que tienen un común
denominador: el acoso contra
los movimientos políticos y sociales
que no comparten el modelo de la
alcaldesa Yolanda Barcina (UPN).

Existen importantes diferencias
entre lo que se suele entender como
tareas de la Policía Municipal y la
actividad del cuerpo en la capital
Navarra. En Iruñea, su Policía, dirigida
por el comandante Simón Santamaría,
se ha especializado en labores
de información e inteligencia
contra los movimientos sociales y
políticos (especialmente contra la
izquierda abertzale): investigación,
seguimientos, intervenciones antidisturbios,
desalojo de gaztetxes o
entrega de citaciones judiciales mediante
detención previa.

Se acumulan las denuncias

Otro ejemplo: el 30 de enero, agentes
municipales participaron, junto
a la Policía Nacional, en el desalojo
de un gaztetxe ocupado por el colectivo
Kapitalismotik at! (Fuera del
capitalismo) en el barrio de Rotxapea.
Los policías irrumpieron en el
interior del recinto durante la celebración
de una asamblea, identificaron
y fotografiaron a todos los
presentes pero no mostraron ningún
tipo de orden judicial.
Este no es un fenómeno novedoso.

De hecho, la evolución de este
cuerpo hacia posiciones cada vez
más represoras se inició con la llegada
de Yolanda Barcina a la alcaldía
de Iruñea, en 1999. La burgalesa,
que lidera el Consistorio desde
entonces, se trajo consigo a Simón
Santamaría, un ex militar nacido
en Larache (Marruecos) que hasta
el momento había ejercido como
jefe de seguridad en la fábrica que
Volkswagen tiene en la capital navarra.

Desde entonces, el antiguo
miembro del ejército se ha convertido
en la pieza clave de un cuerpo
cuya imagen no ha hecho más que
deteriorarse. Acumula denuncias
por sus actividades represivas e,
incluso, los propios agentes que no
comparten la línea ideológica impuesta
por Santamaría han alertado
sobre el régimen del miedo impuesto
por el ex militar.

Los constantes abusos y la utilización
política de la Policía Municipal
en Iruñea llegaron a ser tan generalizados
que en 2007 la mayoría
del pleno de Iruñea (NaBai, PSN y
los dos concejales independentistas)
instó a la alcaldesa a destituir a
Santamaría. Cuatro años más tarde,
el ex militar sigue en su puesto.