El anuncio por parte de
Alianza Nacional (AN) de
celebrar un “homenaje al
obrero español” en Zaragoza
durante el 1º de mayo pasó desapercibido
a la mayoría de los habitantes
de la ciudad. La Delegación
de Gobierno había autorizado una
marcha convocada por ese partido
en Conde Aranda, principal arteria
comercial del barrio de San Pablo,
popularmente conocido como ‘El
Gancho’, una zona humilde del casco
histórico, con mayoría de población
trabajadora e inmigrante. Así
pues, ningún comerciante magrebí
u oriental, latinoamericano o africano,
de los muchos que regentan
tiendas en esta avenida, pudo informarse
en prensa, radio o televisión
locales sobre el ideario político
de la organización convocante: AN
propugna la segregación de los ciudadanos
según conceptos plenamente
inspirados en la doctrina nazi,
incita abiertamente al odio racial
y defiende el “derecho de sangre”
como criterio para la obtención de
un empleo o cargo público. Quizás
entonces se hubiera podido pensar
que el acto autorizado por el delegado
del Gobierno, Javier Fernández,
estaba más próximo, en su intención,
de convertirse en una caza del
inmigrante que en una reivindicación
normal en el Día del Trabajo.

Sin embargo, este evento no pasó
desapercibido para la Plataforma
Zaragoza Antifascista, surgida tras
el 20 de noviembre de 2008. En la
Plataforma participan diversas entidades
ciudadanas y colectivos sociales
con el fin de rastrear las actividades
de carácter fascista, racista y homófobo
en Zaragoza, ciudad que en
los últimos años se ha convertido,
con ayuda de la permisividad institucional,
en punto de encuentro de
distintos grupúsculos ultraderechistas,
tanto estatales como europeos.

Mientras se intentaba por la vía
legal la prohibición de la concentración
de AN, la Plataforma dio una
rueda de prensa el 28 de abril para
informar a la población de la gravedad
del mitin ultra y denunciar la pasividad
de Delegación ante una manifestación
de xenofobia, cuya apología
es constitutiva de delito en el
Código Penal. Como resultado se redactó
un manifiesto al que se fueron
adhiriendo entidades muy diversas,
desde asociaciones de vecinos o de
inmigrantes hasta partidos políticos
y sindicatos. Pocas veces se pueden
encontrar documentos firmados por
un espectro ideológico tan amplio
en la izquierda de los movimientos
sociales, y con voluntad de ser algo
más que una declaración de buenas
intenciones. Efectivamente, ante la
alarma social generada por la Plataforma,
y a pesar del silencio mediático
e institucional, el delegado
del Gobierno prohibió en el último
momento la convocatoria neonazi,
si bien esta forma de proceder casi
garantiza que un recurso de AN les
otorgue el permiso a manifestarse
de nuevo en poco tiempo.

A pesar de esta medida, los líderes
de AN, Íñigo Pérez de Arreusti y
Pedro Pablo Peña, invitaron a sus
afiliados y simpatizantes a mantener
el acto previsto. Ante tales noticias,
gentes del barrio, preocupadas y
comprometidas con el antifascismo,
decidieron salir a la calle ese 1º de
mayo para arropar a los inmigrantes
y disuadir, con su presencia, cualquier
tentación de violencia o expresión
de odio racial por parte de AN.
Un fuerte dispositivo policial tomó
el barrio y estableció un cordón de
seguridad que permitió a los neonazis
abandonar la zona para poder seguir
con la parte lúdica de su jornada
(comida en un céntrico restaurante
de la capital y posterior concierto
de grupos ultras), mientras se
impidió la libertad de movimiento a
activistas y periodistas, con identificaciones
y retenciones arbitrarias, y
el uso apabullante de la fuerza. El
balance final: cuatro personas detenidas
y decenas de heridos, con las
responsabilidades judiciales y políticas
aún sin cerrar.

Hasta aquí el relato de otra jornada
de enfrentamiento entre neonazis
y antifascistas, de poco interés
para los medios de comunicación de
masas si no les proporciona impactantes
imágenes de destrucción urbana
y dramáticas agresiones. Pero
detrás de esta crónica de sucesos
hay interesantes signos que merecen
ser puestos en un primer plano.

Presión ciudadana

Es la presión ciudadana, canalizada
a través de la Plataforma, la que ha
obligado a las autoridades y a los
medios de comunicación a ocuparse
de un caso claro de apología del racismo.
En un contexto de crisis económica
y aumento del desempleo,
los partidos fascistas están mutando
su tradicional discurso empleando
una retórica obrerista pseudo-revolucionaria
para captar a jóvenes. Es
aquí donde hay que actuar contra
los fascismos de la “tercera vía”, desactivando
el atractivo que puedan
presentar en una población con escasa
conciencia de clase y nula memoria
histórica.

Para ello, la Plataforma elabora
diversos proyectos, como las charlas
en colegios e institutos para promover
valores de convivencia y solidaridad
e identificar actitudes fascistas
en la vida diaria. La intención
es mostrar que la amenaza de la
ideología fascista no es sólo un problema
cuando se manifiesta en
comportamientos violentos sino
que su presencia ‘normalizada’ en
la vida pública atenta contra los
principios fundamentales en que se
basa una sociedad auténticamente
libre y democrática.

El trabajo de resistencia antifascista
no sólo ha de ser aplicado para
dar una respuesta antagonista
en casos de urgencia, como éste, sino
que ha de ser considerado como
una realización cotidiana y continua,
de acercamiento a las redes de
inmigrantes, de cooperación con
los diversos movimientos sociales,
sin pretensiones de protagonismos
ni monopolios identitarios. Sólo así
se puede ganar la lucha antifascista
simultáneamente en las calles de
nuestros barrios y en las cabezas
de sus habitantes.