Foto: Ekinklik

Los recortes en el gasto público no
parecen haber afectado a la construcción
de nuevas cárceles. A lo largo
de este año, está previsto que entren
en funcionamiento, en el Estado
español, varios centros penitenciarios,
entre cárceles, centros de inserción
social y unidades de madres.
Este boom constructor se enmarca
en el plan de creación de 46 nuevos
centros penitenciarios, incluidas once
cárceles, entre 2006 y 2012, que se
marcó el actual Gobierno, como solución
al enorme crecimiento de población
penitenciaria.

A pesar de que el territorio español
cuenta con casi 80 prisiones, actualmente
se están construyendo o
ultimando los centros penitenciarios
de Murcia II, Las Palmas II, Norte I
(o de Zaballa, en Álava), Norte II (en
Navarra), Menorca y Lanzarote, además
de los centros de inserción social
(centro de tránsito hacia la vida
en libertad) de Valladolid, Madrid II,
Jerez de la Frontera, Ceuta, Pamplona
(en Zubieta) y la Unidad de Madres
de Madrid. Y se han inaugurado
durante este año también el centro
de inserción social de Albacete y el
de Murcia; a lo que hay que sumar
los movimientos de tierra que ya se
están realizando para los futuros
centros de Ceuta, Soria y Málaga II,
en paralelo con las pertinentes gestiones
para construir otro más en la
Comunidad Valenciana –Levante II–,
y Norte III, en Gipuzkoa, etc. Esta
frenética construcción de equipamientos
penitenciarios es el resultado
del actual Plan de Amortización y
Creación de Centros Penitenciarios
2005-2012.

Según explica César
Manzano, de la asociación de apoyo
a las personas presas Salhaketa, dicho
plan “es del ‘91 pero se reeditó
cuando el PSOE volvió al poder en
2004. Aprobaron en dos consejos de
ministros dedicar 3.000 millones de
euros para construir cárceles”.
De este plan, la mayor parte se la
llevan las macrocárceles. Este último
modelo de prisión tipo conlleva una
cuantiosa inversión en cerca de 30-
35 hectáreas de terrenos comprados,
proyectados, licitados, construidos y
equipados por un organismo que
depende de Interior a través de la
Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, y que recibe el
nombre de Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (SEIP). Creada en
1992, la SEIP es una voluminosa empresa
pública de la que apenas oímos
hablar, que crece, a pesar de
que el presupuesto para prisiones
disminuye (el presupuesto para prisiones
es de 1.183.734.300 euros en
2011, un 4,09%menos que el año anterior)
lo que parece poner sobre la
mesa una extraña cuestión: hay más
plazas penitenciarias, pero menos
recursos.

“Cuentas saneadas”

Dirigida desde 2008 por Ángel Martínez
Sanjuán, exsecretario general
del PSOE de La Rioja, la SEIP en su
memoria anual de 2010 presume de
tener “unas cuentas saneadas, y
equilibradas”, amén de una gestión
que se mira “en los principios de la
transparencia, cercanía y eficacia”.
Transparencia un tanto extraña, ya
que la solicitud de entrevista a sus
responsables de DIAGONAL fue rechazada
por su departamento de comunicación
alegando que “la política
de la empresa es la de no ofrecer entrevistas”.

Pero la memoria de la
SEIP habla por sí sola: la actividad
carcelaria se ha vuelto un negocio
rentable que no sólo genera beneficios
aquí, sino que ha dado un salto
al “establecer una estrecha relación
con organismos y empresas españolas
que participan en el desarrollo de
los intereses nacionales fuera de
nuestras fronteras”. Dicho en otras
palabras, a través de múltiples convenios,
la SEIP está participando en
el diseño, construcción, equipamiento
y puesta en funcionamiento de
prisiones en Angola, Brasil, Qatar,
Chile, Costa Rica, Emiratos Árabes
Unidos, México, Nicaragua, Noruega,
Paraguay, Uruguay y Agen.

En el Estado español, con la media
de presos más elevada de la UE, la
construcción de macrocárceles está
en pleno apogeo y la extensión en
hectáreas de las mismas también nos
sitúa a la cabeza de los países de
nuestro entorno. Unas nuevas macrocárceles
ubicadas cada vez más
lejosde los núcleos de población, que
generan además desadaptación social
y desvinculación familiar.

Si la media de las cárceles europeas
es de 593 plazas, según explicó
el sociólogo Pedro Cabrera en
una charla durante unas jornadas organizadas por Instituciones Penitenciarias,
aquí, la media es de 923
plazas por cárcel. Los nuevos centros
tipo españoles (que añaden como
ventaja una celda que tiene 13
metros cuadrados en vez de diez)
cuentan con 1.008 celdas. Pero aunque
la Ley General Penitenciaria recoge
que tiene que haber sólo una
persona por celda, la realidad es que
normalmente son dos quienes la
ocupan. Como la SEIP ya prevé esta
sobreocupación, en las celdas hay literas,
por lo que las cárceles pasan a
tener más de 2.000 plazas.

“Lucha contra los pobres”

Sin embargo, frente al aumento de
plazas carcelarias, la dotación de medios
no ha crecido en la misma proporción,
un hecho que manifiestan
constantemente sindicatos de funcionarios
de prisiones, presos y sus
familiares, y las mismas entidades
sociales que trabajan con los reclusos.
Como no hay fondos suficientes
para tantas personas privadas de libertad,
“este tipo de recursos se externaliza
y lo que debiera asumir
Instituciones Penitenciarias” lo asumen
en la medida de sus posibilidades
casi 600 entidades sin ánimo de
lucro y ONG que trabajan en prisión,
resalta Cabrera.

Pese a los cambios en los tipos de
cárceles, su clientela no ha variado
mucho. El tipomedio del preso sigue
siendo el mismo: 40% trabajadores
no cualificados, 50% con estudios
primarios, 8% analfabetos, extranjeros
sin papeles cuyos proyectos migratorios
han fracasado, etc. Y los
delitos más comunes que terminan
en prisión son los relacionados con
el patrimonio y contra la salud pública,
más visibles frente a los ‘de cuello
blanco’. Según sostiene Manzano,
“hay que romper con la idea, muy relativa,
de que la cárcel, o el sistema
penal, tienen que ver con la delincuencia.
Es un sistema en el que han
caído los peces que han sido atrapados.
El 99% de los delitos, según numerosas
investigaciones criminológicas,
no son ni percibidos, ni perseguidos,
ni penalizados, ni sus autores
van a prisión. Como dicen los propios
presos: ‘En prisión no estamos
los delincuentes, sólo una parte ínfima
de los delincuentes, que somos
los delincuentes fracasados’”.

Según Cabrera: “La lucha contra
la pobreza se ha convertido en la lucha
contra los pobres” en una sociedad
“que es incapaz de integrar el
conflicto” y cuya tendencia es una
carrera desenfrenada en la obsesión
por la seguridad, el fomento
del miedo al otro como política, el
populismo punitivo, el control social
y la privatización del castigo”,
que trae consigo un incremento tan
elevado de los encarcelamientos.
Para el profesor de Derecho Penal
Julián Ríos, “la escandalosa y objetivable
desproporción entre los recursos
humanos y materiales empleados
en la vigilancia y los dedicados a
la reinserción social” hacen “difícilmente
conciliable el objetivo educativo
y socializador otorgado constitucionalmente
a la pena”.