LA AUDIENCIA NACIONAL DIRIMIRÁ SU CASO EL PRÓXIMO LUNES 1 DE FEBRERO
Caso Manuel Carranza: el Gobierno persigue la extradición a Perú del abogado y mediador vecinal

Juan Manuel Carranza, que actualmente trabaja en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y sufre una discapacidad del 33% por las torturas infringidas por la policía peruana, teme por su vida si lo expulsan a Perú, donde el poder judicial lo reclama por haber formado parte de la Asociación de Abogados Democráticos.

30/01/10 · 1:20
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Juan Manuel Carranza (primero por la derecha), con algunos de sus compañeros, en Madrid.

Juan Manuel Carranza, abogado de 49 años y mediador vecinal en el madrileño distrito de Villaverde desde hace más de tres, sufre una incapacidad física del 33%. Su columna vertebral no se recuperará nunca de las torturas a las que le sometió la policía de Fujimori en el Perú de 1992. Desde entonces, trata de pasar página a aquellos años de dictadura y rehacer su vida, dando a sus dos hijos y a su mujer una existencia normal, algo que creía haber logrado en España, donde se trasladó en 1998. Ahora este propósito pende de un hilo. El próximo lunes, la Audiencia Nacional, tras el visto bueno del Gobierno español, deberá decidir si da luz verde a una demanda de extradición del Ejecutivo peruano por un genérico delito de “terrorismo”. El Estado sudamericano le reclama por unos hechos ocurridos en los noventa, un periodo, el del presidente Alberto Fujimori (condenado hoy por numerosos delitos), en el que eran frecuentes los montajes donde se acusaba de terrorismo a toda la disidencia política, que además sufría secuestros, torturas y asesinatos selectivos, como han reconocido diferentes organismos internacionales de derechos humanos.

Entre 1991 y 1992, tras concluir Derecho, Juan Manuel realiza prácticas en la Asociación de Abogados Democráticos del Perú (AAD), colaborando en la defensa de diferentes personas, algunas acusadas de “subversión” o “terrorismo”. Su único delito fue prestar asistencia a acusados sin recursos. Y hacerlo en una entidad que, a pesar de haber sido siempre legal, el Gobierno peruano vincula con el grupo armado Sendero Luminoso. Por este motivo Juan Manuel fue detenido (durante 15 días), torturado, perseguido y acosado, lo que le obligó a dejar no sólo la AAD sino también Lima, para exiliarse, en 1996, en Argentina. Allí obtiene la condición de refugiado político. Dos años más tarde se establece en España, que pronto le concede la nacionalidad. En Madrid trabaja primero en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y desde hace dos años en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, entidades que le han brindado todo su apoyo en un proceso que consideran arbitrario e inicuo.

Con esta última organización desarrolla una importante labor como mediador vecinal en el barrio de Los Rosales (Villaverde Bajo), donde la petición de extradición ha caído como una bomba. Juan Manuel es una persona muy querida y respetada en la zona, y el comité ciudadano que se puso en marcha hace unas semanas para evitar su expulsión ya ha recabado el apoyo de decenas de personas, asociaciones vecinales y otras organizaciones sociales como la Asociación Libre de Abogados.

Los cargos o “pruebas” contra Juan Manuel son inconcretos e insustanciales y están basados en declaraciones obtenidas bajo tortura que luego fueron retiradas. Algunas pruebas hacen referencia a 1997, año en que ya estaba exiliado en Argentina.

En caso de ser extraditado y juzgado en Perú, el proceso ofrece escasas garantías, dada la falta de independencia de la justicia en este tipo de procesos altamente politizados. Pero, más allá de este hecho, tanto Juan Manuel como su familia temen por su seguridad y su propia vida, no sólo por la falta de garantías procesales, sino también por la inhumana y degradante situación de las prisiones peruanas y por el estado de salud del propio acusado. Las mismas autoridades peruanas, y recientemente la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional españoles, en el caso del español Salvador Alfonso Escrivá, han reconocido que las prisiones peruanas no garantizan la vida y la seguridad de las personas internas. Por este motivo rechazaron una petición de extradición del Estado peruano hacia esta persona.

Por todo lo anterior, los familiares, amigos y compañeros de Juan Manuel, que se concentrarán el próximo lunes a las 9h30 junto a la Audiencia Nacional (calle García Gutiérrez, 1), y en virtud de criterios humanitarios y de justicia, reclaman que no se haga efectiva la demanda de extradición del Gobierno peruano y que éste ponga fin a la persecución y acoso al que somete, desde hace más de quince años, a Juan Manuel Carranza.

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