BREA DE TAJO. Imagen de la inauguración del centro de reforma de Brea de Tajo (Madrid). Foto: Comunidad de Madrid

“El cumplimiento de la condena y la
rehabilitación de una persona condenada,
siendo mayor y naturalmente
siendo menor, no puede dejarse
en manos privadas, porque detrás
de la privatización hay un negocio. Y
no se trata de ONG sin ánimo de lucro,
sino, como decía un amigo, ‘sinónimo
de lucro’”, afirma Félix
Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo
que participó en la redacción de la
Ley de Responsabilidad del Menor
en referencia al progresivo proceso
de privatización de las cárceles de
menores. Pantoja recuerda haber leído
en 2001, año de entrada en vigor
de la ley, un anuncio en prensa que
rezaba “Empresa en expansión necesita
educadores”. Diez años después,
esas empresas en expansión
controlan en torno al 70% de las cárceles
de menores.

El negocio de las cárceles de menores
–al igual que ocurre con los
centros de protección– no ha dejado
de crecer desde entonces. Ningún
estudio ha comprobado la eficacia
de este modelo pivotado sobre fundaciones
“sin ánimo de lucro” que
reciben entre 300 y 500 euros por niño/
a y día. Transferida la competencia
para el cumplimiento de las penas
a las Comunidades Autónomas,
la inmensa mayoría de ellas subrogan
esta función a entidades privadas. Sólo Cataluña y el País Vasco
mantienen cárceles exclusivamente
públicas.

“La atención a los chicos se
ve comprometida”, señala Patuca
Fernández, abogada de la Coordinadora
de Barrios de Madrid con una
extensa experiencia en el tema, “porque
se establecen criterios económicos
en el tratamiento de menores”.
En primer lugar, la diversidad de
tratamientos es abrumadora. En segundo
lugar, la calidad de vida de los
menores, en un contexto de negocio,
puede verse afectada. Pero ante todo,
para Fernández, la privatización
aleja la posibilidad de control que en
el caso de las cárceles es esencial,
“pues la ejecución de una medida de
prisión implica un ejercicio de contención.
Toda nuestra configuración
legal está prevista para que las
personas que están privadas de libertad
dispongan de mecanismos
de protección como es la posibilidad
de denunciar torturas o rigor
innecesario”. Esto, a su juicio, “no
se puede garantizar cuando los centros
son privados”.

Son muchas las voces que, como
Jorge del Cura, de la Coordinadora
para la Prevención de la Tortura
(CPT), advierten de que “la privatización
de la privación de libertad es
aberrante” pues “cuando se trata de
gestión privada la opacidad aumenta
de forma exponencial y en un contexto
de negocio”. La CPT recoge en
su informe anual algunos de los casos
de tortura sufridos por menores
en cárceles. Se trata de casos muy difíciles
de documentar, pues el secretismo
de los centros, el miedo a la represión,
la imposibilidad de acceso
de la sociedad civil a las cárceles –es
más difícil que acceder a cárceles de
adultos – y la vaguedad con la que
los chavales refieren los casos lo dificulta.
“Nos encontramos a menudo
con cartas que escriben losmenores
en las que se narran atrocidades, pero
es siempre muy vago, porque son
chavales de 14 a 16 años”.

En las cárceles de menores se producen
torturas que Del Cura clasifica
en tres tipos: la “humillación permanente”
–desde insultarles, que es
constante, a las de tipo sexual, obligándoles
a desnudarse–, “sanciones
arbitrarias” –en demasiadas ocasiones
por conductas normales a estas
edades como distraerse en clase, tirarse
bolitas de pan o hablar cuando
no se debe–, incluyendo el aislamiento,
y “agresiones físicas puras y duras,
lo cual incluye golpes, patadas,
puñetazos, porrazos”.

La Asociación
Pro Derechos Humanos de
Andalucía recogió en un informe elaborado
en 2008 unas 70 quejas relativas
a los centros de menores de
Andalucía, gestionados por la
Fundación Diagrama, Ginso y Adis
Meridianos. Las denuncias referían
una cotidianidad plagada de prohibiciones
y sanciones, traducidas éstas
últimas en encierros en una habitación
hasta siete días (40 en algún caso)
o la obligación de permanecer
sentado en una silla mirando a la pared
sin poder moverse lo más mínimo.
En el lado de las torturas explícitas,
los menores denunciaron la utilización
de grilletes para atarles a los
hierros de una cama sin colchón, a
veces sin que pudieran ir al servicio
durante varias horas. El “engrilletado”
es una práctica denunciada en
diferentes centros y comprobada
cuando ya era demasiado tarde en
casos como el de Philip García,
muerto en el centro tinerfeño Nivaria,
y que valió una acusación criminal
a cinco miembros de la empresa
Seguridad Integral Canaria y de una
educadora de la empresa Ideo.

Para Daniel Jiménez, de la
Asociación para el Seguimiento y
Apoyo a presas y presos de Aragón
(ASAPA), “las muertes por tortura no son excepciones sino ejemplos
máximos de la manera de funcionar”.
Desde 2001, nueve chavales
han muerto en cárceles. Casos como
el de Philip, que apareció con una
bolsa en la cabeza, el de Miguel, que
se ahorcó en el centro Ilundain
(Navarra) gestionado por Herritz
Berri, o el de Ramón Barrios, que
murió en extrañas circunstancias en
el centro Teresa de Calcuta (Madrid)
gestionado por Ginso.

ASAPA elaboró en 2008 un informe
que denunciaba el empleo del
aislamiento, la psiquiatrización de
los casos y el empleo de psicofármacos
en la cárcel de menores de
Zaragoza, Juslibol –“una réplica a
escala de la cárcel de Zuera”–. Desde
que hicieron el informe, no han constatado
cambios.A su juicio, “da igual
si funciona en la línea dura como
cuando se aprobó la ley del menor, o
si se cambia un poco la estrategia
con la medicación y la psiquiatrización
y la anestesia” porque “el maltrato
institucional tiene un proceso
muy largo en el que las cárceles de
niños son la culminación, un círculo
vicioso con el que mucha gente está
haciendo negocio”.