URBANISMO, ANÁLISIS: ¿QUIÉN DEFIENDE EL INTERÉS PÚBLICO EN CANTABRIA?
El menudeo de la corrupción política

El problema de la corrupción va mucho más allá
de grandes escándalos como la Operación Malaya.
La llamada ‘corrupción de baja intensidad’ afecta a la
mayoría de los 8.000 ayuntamientos españoles.

10/04/08 · 0:00
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CASTRO URDIALES. Edificios Frodima, en la playa de Ostende, con sentencia de ilegalidad. / Durrut

La corrupción no ha estado
presente en la campaña
electoral, cuando representa,
en mi opinión, uno de los
principales peligros, si no el mayor,
para nuestra democracia.
Suelen quejarse los expertos de
que pese a la amplia percepción social
de la corrupción, los españoles
no están verdaderamente preocupados
por ella. Tras las elecciones
municipales del 27-M del año pasado,
se llegó a decir que la corrupción
había ganado, ya que de 133
alcaldes acusados de corrupción
antes de las elecciones, un 70% fueron
reelegidos.

También dicen que la solución pasa
por los partidos políticos y los medios
de comunicación, sin tener en
cuenta que los primeros carecen de
estímulo alguno para acabar con la
corrupción, ya que es uno de sus
principales medios de financiación.
En cuanto a los medios de comunicación,
en su mayoría han devenido
en correas de transmisión de los primeros
y saben de lo peligroso que es
sacar un caso de corrupción, ya que
la competencia acostumbra a contestar
con otro del partido contrario.

Los corruptos legitiman sus actuaciones
en base a la red de clientelismo
que organizan, y son numerosos
los ejemplos de que se persiga al que
denuncia por poner en peligro tal
modus operandi, de lo que puedo dar
testimonio personal. Sin la presión
ciudadana no se controlará la corrupción
existente, y para ello es preciso
que se expliquen en primer lugar
no las supuestas ventajas, sino
los costes de la corrupción para el
bien común, para los ciudadanos,
con casos concretos, no en genérico.

Y en segundo lugar los ciudadanos
tenemos que ver el coste que tiene la
corrupción para sus responsables y
beneficiarios, con el decomiso de los
patrimonios ilícitamente adquiridos
y con la pena de prisión para sus
principales responsables.

Son recetas ya conocidas, pero falta
‘poner el cascabel al gato’ y tal papel
corresponde de forma coordinada
a los funcionarios públicos implicados
en el control de lo público: jueces
y fiscales primordialmente; también
a los notarios y registradores y a
los funcionarios responsables de las
tareas de fiscalización de la gestión
pública, interventores en las tres escalas
de la Administración Pública,
secretarios municipales y, por supuesto,
a las fuerzas de orden público,
como las recién estrenadas unidades
de delitos urbanísticos de la
Guardia Civil.

Porque existen excepciones a la
tópica utilización de la apatía popular,
al contar con ejemplos de voto
higiénico en las últimas municipales,
precisamente en aquellos lugares
donde el escándalo de la corrupción
generó indignación social, como en
el caso de Castro Urdiales.

La corrupción endémica

Espectáculos como el de la Operación
Malaya o el de la Operación
Guateque no han facilitado precisamente
la indignación moral de los
ciudadanos, al verlos como un entretenimiento
más que como un tumor
social. El problema de la corrupción
en España no es de los personajes
de la prensa rosa, ni sus responsables
más comunes atesoran
cuadros de Miró en sus infinitos
cuartos de baño o de spa.
El principal problema de la corrupción
en España es el del menudeo de
la corrupción, el que sucede en el urbanismo
de la mayoría de los 8.000
ayuntamientos españoles, de todos
los tamaños y colores y en muchas
de las contrataciones públicas, que
van desde la adjudicación de un servicio
de aguas a una constructora, a
la contratación de una asistencia técnica
de un arquitecto.

Precisamente el juez Miguel Ángel
Torres, responsable de las mayores
operaciones contra la mafia
inmobiliaria, Operación Ballena
Blanca y Operación Malaya, es el
que ha alertado contra la corrupción
‘de baja intensidad’ en el sector
inmobiliario, ya que lo de los
maletines o bolsas llenas de dinero
son las excepciones. Los métodos
son más sutiles: se inicia con felicitaciones
navideñas acompañadas
de regalos, invitaciones a restaurantes,
palcos de fútbol, a los toros,
asistencias a congresos en hoteles
de lujo. El paso siguiente es la participación
en algún negocio o el convencimiento
de que construyendo
muchas casas se pueden ganar las
elecciones o conseguir un ascenso
en la carrera de funcionario.

Sin embargo, aunque existan tentaciones,
también hay quienes las resisten,
y así algunos de los casos anticorrupción
más espectaculares se
han debido al buen quehacer profesional
de jueces y fiscales, como los
casos recientes del juez Miguel Ángel
Torres, en Marbella o del juez
Santiago Torres, en Madrid. Tuvieron
que pasar muchos años para que
esos casos se abordaran judicialmente
y sus responsables pasaran por la
cárcel. Antes hubo muchas víctimas,
pero por parte de los denunciantes,
funcionarios vocacionales.
En Cantabria no contamos, por el
momento, con tal tipo de jueces ni
fiscales que denuncien casos concretos
de la corrupción existente. Basta
observar el destrozo urbanístico de
parte del litoral, con urbanizaciones
que han merecido 21 sentencias de
derribo, además de miles de viviendas
declaradas ilegales a lo largo del
‘infinito’ territorio cántabro; y sólo a
raíz de las denuncias privadas de vecinos
o promotores perjudicados, o
de una asociación sin ánimo de lucro
como es ARCA.

Pero no hay responsables de tanto
delito urbanístico, todo parece sólo
fruto de la calamidad y no de la
actuación de personas concretas
que se han lucrado con tales actuaciones,
prevaleciéndose de sus cargos
públicos y aprobándolas a sabiendas
de su ilegalidad. Viendo el
caso de El Cuco, en Piélagos, y leyendo
la sentencia, ¿cómo es posible
que sus promotores, el técnico
municipal que dio su conformidad y
el alcalde que autorizó no sean investigados
por permitir dar tales
‘dentelladas al monte’ y por sus relaciones
con los promotores?

Silencio en la Fiscalía

Presunta prevaricación de dos concejales
por adjudicación irregular del
túnel de Mioño, vertidos en un parque
de Sámano, presuntos delitos
medio ambientales denunciados por
el ex secretario municipal José
Manuel Ballesteros (todo ello en
Castro Urdiales), denuncia de la autorización
para la construcción de
395 viviendas de Martinsa-Fadesa en
Piélagos, amenazas a empresas para
impedir ejecuciones de derribo de
urbanizaciones... Son ejemplos aparecidos
en la prensa −sólo en el año
2006 y referentes únicamente a Castro
Urdiales y Piélagos− de casos denunciados
a la Fiscal Jefe de Cantabria
y que han tenido que ser objeto
de su investigación.

Parecen problemas de graves consecuencias
personales, económicas
y territoriales lo bastante relevantes
como para que la Fiscalía informase
públicamente del resultado de sus
pesquisas. Sin embargo, su responsable,
Pilar Martín Nájera, en la memoria
anual de actividades de la Fiscalía
de Cantabria en el año 2006, sólo
menciona en el apartado sobre delitos
ambientales el de los incendios
forestales. Ni mención de posibles
delitos territoriales, ni de las urbanizaciones
ilegales, ni de los vertidos,
ni de las canteras, ni de las instalaciones
industriales contaminantes y
gravemente lesivas para la salud.
Esta persona, que ha sido hasta hace
unas semanas fiscal superior de
Cantabria, actualmente ejerce como
fiscal del Tribunal Supremo.

Tampoco se informó de que la
Fiscalía investigase el plan parcial
del SUP4 en Castro Urdiales, la denuncia
estrella de corrupción en la
campaña de las pasadas elecciones
municipales. Un pelotazo urbanístico
de más de seis millones de euros,
probado en la jurisdicción social,
apropiados por un simple testaferro
como Salvador Albiñana,
con posibles implicaciones de su familiar
y vicepresidente Vicente Mediavilla.
Resulta también evidente
el peligro que tiene analizar los casos
de Castro Urdiales o los de las
urbanizaciones con sentencias de
derribo, al contar con licencias amparadas
por planes aprobados por
la Consejería de Urbanismo cuando
su titular era el actual presidente
Miguel Ángel Revilla.

Existen otros ejemplos bien llamativos
por parte de representantes
significados de las instituciones
públicas, como la sorprendente
participación del presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria,
César Tolosa Tribiño, en la
mesa redonda de clausura del 23
de marzo de 2007 de las jornadas
sobre temática urbanística organizadas
por el Ayuntamiento de Castro
Urdiales con un claro tinte preelectoralista,
pero con el agravante
de estar financiadas por casi todos
los principales promotores inmobiliarios
con actividad en el municipio.
Algunos con sentencias de ilegalidades
y otro con una denuncia
en la jurisdicción penal, además de
tener pendiente de resolver en su
sala el recurso de apelación presentado
por el autor de estas líneas
contra el alcalde del municipio,
Fernando Muguruza.
Estas actitudes no tienen nada de
original. Como precedente histórico
tenemos el de Poncio Pilatos, que
lavándose las manos ante Jesucristo
preservó su carrera, sin poner en
peligro su ascenso.

Tags relacionados: Castro Urdiales
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