CASTRO URDIALES : COMIENZA EL BAILE
La corrupción es el problema y no el transfuguismo
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VALLAS PUBLICITARIAS. En las elecciones municipales de 2007 / www.otrocastro.com

El origen está en la denuncia
que presentaron en
febrero de 2006 los cinco

10/04/08 · 0:00
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VALLAS PUBLICITARIAS. En las elecciones municipales de 2007 / www.otrocastro.com

El origen está en la denuncia
que presentaron en
febrero de 2006 los cinco
concejales expulsados
del PSOE contra la adjudicación a
dedo en octubre del 2004 de unas
obras por 58.765,15 euros a la sociedad
IZETA, cuyo apoderado
era el hermano del concejal del
PRC, Jaime Díez Muro. Dicho
concejal, miembro de la Junta de
Gobierno Local, adjudicó tales
obras y se permitió entonces unos
jocosos comentarios de cariño a
su hermano por los micrófonos de
una emisora local. También el alcalde
Muguruza respondió entonces
a la denuncia con unas retadoras
declaraciones de que “lo denuncien
donde quieran”.

El asunto conlleva bastantes peculiaridades
que son un ejemplo del
carácter mafioso de la política castreña.
Uno de ellos es el hecho de
que uno de los denunciantes sea
Rufino Díaz Helguera, ex militante
de UCD y alcalde de Castro Urdiales
con el PSOE durante 12 años, de
1991 a 2003, y actualmente en el
Gobierno como segundo teniente alcalde
por la agrupación independiente
Acuerdo por Castro. Cosas
de la política española, entonces
enemigo declarado del alcalde Fernando
Muguruza, y ahora aliado imprescindible
para gozar de las prebendas
del poder, junto a otro enemigo
declarado como es José Miguel
Rodríguez, alias KyK, del PP.

Otro hecho es que el socio propietario
de la sociedad beneficiaria
del presunto acto de prevaricación
era, hasta marzo de este año, Javier
Ibarrola Altuna, quien es, desde
enero de 2008, el gerente de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Castro Urdiales. Por este motivo
presentó este mes de marzo escrito
de renuncia a cuatro obras que
dirige y a dos sociedades inmobiliarias,
aunque continúa figurando
en el registro mercantil como administrador
de dos sociedades inmobiliarias
y de la sociedad de su
estudio de arquitectura.

Por lo tanto, el beneficiario de una
prevaricación urbanística, presunta,
claro, es ahora el máximo responsable
técnico del urbanismo de Castro
Urdiales. Nuevo ejemplo de la zorra
defendiendo el gallinero.
Es de suponer la sorpresa que se
habrá llevado el Juez instructor del
Juzgado número 2 de Castro Urdiales
al comprobar que el titular de la
sociedad privada beneficiada por
amiguismo en el año 2004 sea ahora
el que ha comparecido el viernes
28 como testigo por ser el actual gerente
de Urbanismo del Ayuntamiento,
nombrado por el mismo alcalde
que le hizo la gracia de darle a
dedo esa obra y otras.

Intervención judicial

La sorpresa también ha sido ciudadana
al saberse que el motivo de
tan aparatosa intervención judicial
haya sido una denuncia de unos
58.000 euros. Las quinielas apostaban
el jueves por algunos de los
grandes escándalos urbanísticos de
la localidad que, por desgracia, son
numerosos y bien vistosos. Por
ejemplo, las obras de Sacyr Vallehermoso
(Santullán), las del mediático
SUP-4, los chalés de la
Loma de Promociones Mipla y
Construcciones Quintana, los de
Chinchapapa, la urbanización El
Prado de Residencial Hercasa, el
conglomerado del APD-2 de Vizcaína
Edificaciones, la unidad de
actuación de Eroski, etc. Algunos
caían en la cuenta de que Al Capone
se pudrió en la cárcel no por
los múltiples asesinatos que cometió,
sino por la nimiedad de defraudar
a la Hacienda pública.

Pero el tema del amiguismo con
IZETA, no es baladí como ejemplo
de corrupción política, ya que las
graciosas adjudicaciones digitales
no se limitaron a las obras de
acondicionamiento del túnel de
Mioño, sino que alcanzaron unos
160.000 euros en diversas obras.
Además, la prevaricación parece
clamorosa, esperpéntica, al haberse
adjudicado en abierta contradicción
con la ley, a pesar del también
clamoroso silencio del entonces
secretario municipal César
Saiz y del entonces interventor en
funciones Gregorio Alcedo, ilegalmente
nombrado a dedo. El escrito
de aviso sobre su ilegalidad lo
dio el interventor en funciones en
diciembre del año 2005, Fernando
Martínez de Arriba, respecto de
las dos facturas de IZETA, contestado
por un misterioso e ilegal decreto
de alcaldía de Fernando
Muguruza ordenando su pago.

También resulta escandaloso el
importe de las obras del túnel, que
se limitaron a extender unas toneladas
de gravilla mezclada con tierra,
apañado a posteriori por un
proyecto realizado desde dentro
de la oficina de Urbanismo. Pero,
en fin, celebremos que, aunque se
haya hecho esperar, haya comenzado
la actuación judicial y que no
se pare ni siquiera en la urbanización
del SUNP-3, de los chalets de
la Loma, cuyos documentos también
ha requerido el Juzgado número
2 de Castro Urdiales.

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