PANORAMA : CONCEPCIONES E INTERESES CONTRAPUESTOS ANTE LOS NUEVOS TIEMPOS
La caza en el punto de mira

La caza ocupa el 90% de la superficie
de Cantabria, entre cotos privados,
zonas de caza controlada y la reserva,
mientras que el censo de cazadores
es de unos 11.000 –el 2% de la población–.
La actividad cinegética genera
conflictos y opiniones diversas:
para unos es una agresión al medio
ambiente, para otros protege la naturaleza.
Ya sea considerada éticamente
reprobable o necesaria, siempre
está en el punto de mira.

10/04/08 · 0:00
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COTOS PRIVADOS. Se pretende mejorar la gestión y el control de estos espacios / Jorge Póo

Desde tiempo inmemorial la actividad
cinegética tiene gran arraigo
en Cantabria. De ser un recurso para
la alimentación pasó a convertirse
en un ocio ‘deportivo’ y social.
Ahora se comienzan a explorar sus
posibilidades económicas, cambiando
los modelos de gestión de
forma que pueda convertirse en una
importante fuente de ingresos, tal
como ocurre en otras comunidades
del Estado.

El dinero que actualmente mueve
la caza en nuestra Autonomía se
puede considerar insignificante
respecto al espacio en que se desarrolla
o si lo comparamos con
otras actividades. La presencia de
cazadores en los núcleos rurales
deja algo en la hostelería local, pero
no más que cualquier otro tipo
de visitante. Las modalidades colectivas
como batidas no son rentables,
apenas sufragan los gastos del
coto. Sólo la venta de los permisos
para los ‘recechos’ de corzo supone
un ingreso aceptable para el titular
del coto. Las Juntas Vecinales
de los pueblos, al adjudicar los derechos
en sus terrenos, reciben una
renta anual por el derecho de caza
que, salvo excepciones, no significa
un gran aporte para sus arcas.
El cobro de las licencias por la administración
tampoco genera unos
ingresos significativos.

Generacionalmente, por el cambio
de hábitos de vida y el abandono
de las zonas rurales, se va perdiendo
el tradicional interés por la
caza. Los cazadores locales están
en retroceso, siendo sustituidos
por foráneos, gente de ciudades.
Esto encaja perfectamente en el
auge de los modelos de gestión comercial
de la caza.

Control poblacional

El control poblacional de las especies
silvestres es el principal argumento
que se esgrime para la defensa
de esta actividad. Al no existir
apenas depredadores naturales, la
fauna silvestre se multiplica ocasionando
un desequilibrio que afecta
negativamente al medioambiente y
a los usos agrícolas y ganaderos,
tradicional resorte económico en
estas áreas: agotamiento de pastos
por los venados, que a su vez desplazan
a los corzos; praderas hozadas
por jabalíes; zorros comiendo
las puestas en las marismas, etc.
Dicho desequilibrio no es casual,
sino que en su origen está la acción
humana que redujo las zonas de expansión
de la fauna, destinó esos
espacios a aprovechamientos ganaderos
o forestales e hizo repoblaciones
para la caza de forma insostenible.
Eso ha llevado a la actual situación
de competencia que ahora
se pretende regular matando periódicamente.
En este tipo de gestión, no sólo
se olvida nuestra responsabilidad
primigenia sino que se aplican medidas
a corto plazo, siendo el principal
objetivo conservar la posibilidad
de seguir cazando. No se
plantea tener ecosistemas sostenibles
y autorregulados donde las
poblaciones se ajusten a su hábitat.

Para esto sería necesaria una
política a largo plazo y a nivel estatal,
ya que los animales no entienden
de fronteras autonómicas.
La administración es la responsable
de este control poblacional y
opta por apoyarse en los cazadores
en vez de aplicar otras técnicas como
la captura y el posterior traslado
y distribución apropiada de las
piezas capturadas. Estas otras opciones
alternativas serían más costosas
y provocarían el descontento
del sector cinegético que, aun siendo
poco numeroso, tiene un peso
social importante.

Legislación

En el año 2006, el Parlamento de
Cantabria aprobó la Ley de Caza.
Esta norma se encuentra en fase de
desarrollo y se prevén multitud de
problemas para su implantación.
En ella, el uso del territorio para la
caza se convierte en un derecho por
encima de otros, abriendo la puerta
al desarrollo comercial de la actividad.
Además preserva su carácter
social y ‘cultural’ dando preferencia
a los cazadores locales, y también
se incrementan las exigencias en
cuanto al ordenamiento cinegético.

Cazadores y no-cazadores: incompatibilidad de usos
_ A pesar de que, como
dominio público, no se
pueden prohibir otras actividades,
existe una prevalencia
en el uso del monte
para el cazador. El auge
que están experimentando
una gran diversidad de
formas de disfrute del
medio natural choca frontalmente
con la caza, ya
que no se pueden desarrollar
en condiciones
de seguridad y tranquilidad.
El paso de personas
queda condicionado y se
aleja el contacto con los
animales. Podríamos
hablar, por tanto, de «nocazadores».
La heterogeneidad
de este grupo y la
cantidad de población
que implica podría diversificar
enormemente las
posibilidades de desarrollo
de las comarcas rurales
de Cantabria, muy
necesitadas de revulsivos
económicos y sociales.
Por eso, pese a las dificultades
para organizarse, ya
hay quien plantea tomar
algunas medidas como
las siguientes:
􀀛Infinidad de fincas rústicas
están incluidas en cotos
de caza privados porque,
en su día, los propietarios
cedieron los derechos.
Los actuales propietarios,
presentando una
simple solicitud ante la administración
cinegética,
pueden excluir su finca del
coto. Así se liberan porciones
del suelo y se dificulta
la actividad.
􀀛Particulares u organizaciones
pueden acceder a
los derechos de caza de un
terreno, pagando por ello
igual que hacen las sociedades
de cazadores. La ley
no obliga a ejercer ese derecho,
por lo que ese territorio
se convertiría en un coto
de no-caza. Esto tiene sus
contraprestaciones, ya que
el titular es responsable de
los daños que ocasione la
fauna cinegética que proceda
de él.

􀀛Ecologistas en Acción tiene
publicado en su página
web un censo de no-cazadores
en el que se puede
inscribir cualquier persona.
La intención es ejercer presión
social para que se tengan
en cuenta las reivindicaciones
y derechos de
otros sectores sociales.

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