ANÁLISIS: CAUSAS Y RESPONSABLES DE LA SITUACIÓN DEL BARRIO
Un frustrado plan para acabar con el Cabildo

El pasado 8 de diciembre se derrumbaba un
edificio en la calle Cuesta del Hospital de
Santander, provocando la muerte de tres
personas. Este siniestro ha supuesto el más
grave episodio, aunque no el último, en el
proceso de degradación del Cabildo de Arriba.

14/02/08 · 0:00
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ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CABILDO. / Marta Alonso

El Cabildo de Arriba es una de las
áreas más deprimidas y degradadas
de Santander. Ubicado frente al edificio
del consistorio, es una de las pocas
zonas que ha sobrevivido al incendio
de 1941 y al postmodernismo
inmobiliario. Desde 2004 se vienen
produciendo numerosos incendios,
derrumbes y ruinas de edificios en la
zona. En este contexto se enmarca el
siniestro del 8 de diciembre o el último
suceso del 22 de enero (desalojo
y ruina del nº 6 de la calle Alta).

Según todos los indicios, el desplome
del inmueble del nº 14 de la
Calle Cuesta fue producido por las
obras en un edificio colindante ubicado
en el nº 12 de la misma calle. La
Comunidad de Propietarios de este
número y la empresa responsable de
las obras (Memecons S. L.) sólo contaban
con una licencia municipal de
obra menor para reparar cubierta y
fachada. Sin embargo, la empresa
promotora de las obras demolió la
casa y posteriormente acometió excavaciones,
que fueron probablemente
la causa última del siniestro.
Recientemente han sido citados
para declarar como imputados el gerente
de la constructora, Adolfo Menocal,
y el ingeniero responsable de
la obra, Carlos Iturregui. Además de
la denuncia presentada también contra
la comunidad de propietarios del
número 12, la investigación judicial
determinará una posible ampliación
de responsabilidades.

Los antecedentes

Según María Roces (urbanista y asesora
de la Federación Cántabra de
AA VV de Santander –FECAV– y de
la AA VV del Cabildo de Arriba), “el
Ayuntamiento de Santander se ha inhibido
del control sobre la obligación
de conservar y rehabilitar [de los propietarios] –potestad suya– y ha sido
cómplice de las declaraciones de ruina
(máxime de las que declaró de oficio)
con sus demoledoras e irreversibles
consecuencias. El anterior equipo
de gobierno del Ayuntamiento
santanderino ha sido cómplice, por
ello, de los especuladores inmobiliarios
a la vez que propiciaba, en favor
de éstos, la degradación urbanística
y social del barrio”.

El 28 de abril de 2005, Víctor Gil,
concejal de Fomento en aquel entonces,
explicaba que las actuaciones
que se llevaban a cabo en la zona
estaban enmarcadas dentro de
un plan, que era el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
Santander. Sin embargo, se puede
comprobar fácilmente que el
Ayuntamiento no ha aplicado ninguna
de las medidas contenidas en
dicho plan. Más bien, el plan que ha
llevado a cabo ha invertido los objetivos
y las actuaciones de una institución
pública, amparando los intereses
privados muy por encima de
los sociales. A pesar de la situación
del barrio, la corporación municipal
no ha incoado expediente alguno
por el incumplimiento del deber de
conservar, no ha expropiado ningún
edificio o solar, no ha delimitado
áreas para el ejercicio del derecho
de tanteo y retracto a favor de
las instituciones públicas, no ha preservado
los edificios catalogados
como protegidos, no ha financiado
ni ha propiciado la financiación de
la rehabilitación.

“El verdugo del Cabildo”

Hace un par de años, la AA VV del
Cabildo denominó “verdugo del Cabildo”
a Gonzalo Piñeiro. De hecho,
llegó a acusar públicamente del derribo
del Cabildo al entonces alcalde
de Santander. Aunque en opinión de
Yolanda Fernández, portavoz de la
AA VV, con el cambio del equipo de
Gobierno y la elección de un nuevo
alcalde, han experimentado “un
cambio radical en comparación con
Piñeiro”. Según la portavoz de la AA
VV, “había un problema de visibilidad
porque todo lo que se mostraba
del Cabildo eran propietarios irresponsables,
tráfico de drogas, prostitución
y basura”. Por todo ello, la AA
VV realiza diversas acciones que culminan
en una manifestación multitudinaria
el 19 de mayo de 2006.

Estas protestas tienen como resultado
la declaración de Área de
Rehabilitación Integral (ARI). De hecho,
el Ayuntamiento no materializa
la solicitud al Gobierno de Cantabria
hasta el 31 de mayo de 2006, siendo
la primera iniciativa real y única de
la corporación municipal hasta entonces.
Según la portavoz, “el ARI es
un instrumento fundamental que sirve
de freno o dificulta lo que se pretendía
hacer con este barrio. Para
nosotros el ARI es realmente la primera
medida real de apoyo a la recuperación
del Cabildo y también la
primera inyección de dinero”.

Los propietarios

Para Yolanda Fernández, “los propietarios
somos los primeros responsables
en el mantenimiento y conservación
de nuestras viviendas. Pero
hay que distinguir entre propietarios
y vecinos. Aunque, claro está, muchos
vecinos son también propietarios.
Por ejemplo, aquí hay un propietario
que ha adquirido más de
cien viviendas, ‘aunque ahora tenga
más solares que viviendas’. Nosotros
tenemos que separarlo mucho. En
enero de 2007, la declaración de ARI
tuvo una gran repercusión y subió
mucho el precio de los pisos. Así, pisos
valorados en cuatro, cinco u ocho
millones pasaron a valorarse en 16,
20 o 25 millones de pesetas. Lo cual
tuvo como consecuencia que Antonio
del Piñal, representante legal de
Anjoca (promotora que ha adquirido
numerosas propiedades en el
Cabildo), dijera que abandonaba,
que se rendía. Es posible que el barrio
necesite una inyección de dinero
e inversión pero no indiscriminadamente
y de gente sin escrúpulos”.
En esta misma línea, María Roces
puntualiza: “La adquisición de viviendas
o de edificios por determinados
promotores inmobiliarios
(Anjoca, sobre todo) buscaba y busca
la declaración de ruina y la sustitución
del caserío existente, no su
rehabilitación”.

Por otro lado, los intereses inmobiliarios
de algunos propietarios están
unidos también con una carencia
demandada por la AA VV. Esto
es, la falta de uniformidad en la rehabilitación.
Actualmente, acometen
la rehabilitación de cada edificio
pequeñas empresas, como Memecons, con poca experiencia y
demasiada ‘iniciativa’.

Conclusiones

En el caso del siniestro del 8 de diciembre,
la responsabilidad del
Ayuntamiento en la muerte de los
tres vecinos es clara. La posible incompetencia
o negligencia de los
funcionarios a la hora de aplicar todas
las medidas de seguridad necesarias
es algo difícil de valorar en
este momento. Pero lo que resulta
evidente es el abandono intencionado
del Cabildo por parte de la
institución municipal. Porque no
estamos hablando de un hecho aislado.
En los últimos tres años se
han derrumbado o incendiado cerca
de 20 inmuebles. ¿Qué medidas
preventivas se tomaron para evitar
un nuevo siniestro? Ninguna.
Y en ello son tan responsables el
antiguo como el nuevo equipo de
Gobierno de la corporación municipal.

Más, si tenemos en cuenta
que entre los actuales responsables
figuran concejales que ya lo eran
en tiempos del anterior alcalde.
Pero la responsabilidad tiene
más largo alcance. Como bien lo
explica María Roces, “las demoliciones
realizadas responden tanto
a la obsolescencia deliberada como
a la especulativa actuación de
conocidas empresas inmobiliarias.
Estas promotoras han sido
premiadas por el Ayuntamiento
con sucesivas declaraciones de
ruina y sus consiguientes demoliciones
de fincas”.

Es decir, existía un verdadero
plan para acabar con el Cabildo.
Pero ese plan se ha visto truncado
por los probables efectos de la declaración
de ARI y, sobre todo, por
la desgraciada muerte de tres vecinos
del barrio. Este último suceso
ha puesto públicamente en la picota
a la administración municipal y a
la especulación inmobiliaria. Como
reconoce la portavoz de la AA VV,
“las medidas prácticas se han hecho
verdaderamente visibles como
consecuencia de la tragedia del 8
de diciembre. Nosotros decíamos
siempre: ‘aquí hasta que no haya
muertos no se va a hacer nada”.

Pero, a pesar de todo, todavía
existe cierto optimismo entre los
vecinos con respecto a la perspectiva
de un cambio en el barrio.
Entre las actuaciones demandadas
por el movimiento vecinal destacan
la aprobación de un Plan
Especial de Reforma Interior (PERI)
y la constitución de una entidad
gestora del ARI en cuanto al
problema urbanístico, y, también,
programas sociales para la zona.

Pero más allá de las medidas propuestas,
todo pasa por un verdadero
apoyo económico de las distintas
instituciones a la recuperación
del barrio. Según el acuerdo del 13
de julio de 2006, al Ayuntamiento
de Santander le corresponde una
parte sustancial de la financiación
de la urbanización del ARI. Sobre
todo si conocemos que la financiación
procedente del Ministerio de
Vivienda es insuficiente y que el
Gobierno regional no ha dispuesto
partida presupuestaria propia que
complemente las ayudas estatales.
Después de todo lo que ha pasado,
el Ayuntamiento deberá reparar el
daño causado, lo cual puede hacerse
de una manera simple: cumpliendo
dicho acuerdo.

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