OKUPACIÓN // DESALOJAN EL CENTRO SOCIAL
Efímera vida de El Apeaeru

El pasado 26 de marzo fue desalojado el único centro
social okupado existente en Cantabria. Un brevísimo
tiempo de vida, apenas dos meses, en el que el proyecto
se había ido conociendo y consolidando.

10/04/08 · 0:00
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DESALOJO. 26 de febrero / Marichu

La okupación de este inmueble
significó un ataque directo al planeamiento
urbanístico de una ‘golosa’
zona para la expansión de
Torrelavega. También a la propiedad
privada, entendida como vehículo
para la especulación. Los propietarios
de esta casa, que según
los vecinos residen en Madrid, tienen
otros cuatro edificios en estado
de abandono en el mismo barrio
de Sierrapando.

Además de esa denuncia a la
existencia de viviendas vacías, el
Apeaeru hacía hincapié en la penosa
situación de los jóvenes. Desde
ahí, el colectivo que llevaba la
responsabilidad de la iniciativa, no
se planteaba la ocupación como un
fin en sí mismo. No era sólo una
denuncia social. Pretendían un espacio
donde proponer y realizar alternativas.
Del debate y la interacción, de
juntarse para tratar sus problemas
e intereses comunes, se le iba dando
forma a un proyecto de vida lejos
de una asfixiante hipoteca, a un
aprendizaje libre de los métodos
para alcanzar sus objetivos, al disfrute
con otros modelos de ocio,
etc. Un trampolín desde el que materializar
sus ideas.

La okupación, por su coherencia
con los intereses que se perseguían,
fue la forma escogida para
criticar proponiendo. Con las labores
de desescombro y limpieza
se dispuso el lugar para empezar a
realizar actividades y servir de vivienda
a algunas de las personas
del colectivo. Los arreglos y mejoras
que se planeaban no dio tiempo
a realizarlos.
La inauguración de El Apeaeru,
con una afluencia que desbordó las
previsiones, supuso una muestra
de apoyo a la andadura que se iniciaba.
El desalojo, apenas un mes
después de aquella fiesta popular,
dio al traste con la iniciativa. Un periodo
de tiempo demasiado breve
para afianzar una apuesta que comenzaba
a conocerse.

Hasta ese día, los principales
problemas que afectaban al desarrollo
del proyecto podían ser
tres: la falta de tejido social y de
costumbre para participar en este
tipo de propuestas que hay en
Cantabria; la lejanía del centro de
la ciudad y la complejidad de romper
con este hábito de no desplazarse;
y la dificultad que encontraban
las personas del colectivo en la
gestión del espacio por falta de experiencia
y de recursos.

No obstante, estos factores eran
algo a lo que ir dando respuesta con
el mismo funcionamiento de la casa
como centro social y como vivienda.
La irrupción de un factor
externo tan contundente como fue
la intervención judicial y policial,
en una apuesta que pretendía ir
madurando al ritmo de sus posibilidades,
paró en seco las oportunidades
que se le presentaban a este
edificio abandonado.

Acostumbrados a que el engranaje
del mundo en que vivimos no
es fácil de demoler, la asamblea del
Apeaeru asume que pueden vivir
la derrota. Son conscientes de que
sus necesidades y sus problemas,
los fines que orientaban el proyecto,
siguen estando ahí. Y de ahí surge
proponer alternativas por cualquier
medio.

El desalojo

A primera hora de la mañana se
personó en el lugar una patrulla de
la Policía Nacional. Sin previo aviso,
mediante una patada en la puerta,
los agentes entraron en la casa y
comunicaron a los inquilinos que
“se tenían que ir de allí”.
El desalojo se produjo sin mostrar
ninguna orden judicial y sin
que las tres personas que allí se
encontraban presentasen resistencia.
Fueron conducidos a dependencias
policiales para prestar
declaración y puestos en libertad
posteriormente.

Desde ese momento la casa quedó
vigilada por patrullas del Cuerpo
Nacional de Policía, mientras
una empresa de albañilería tabicaba
puertas y ventanas. Los miembros
del colectivo se reunieron allí
para sacar las cosas del edificio, lo
que se les permitió hasta que los
accesos quedaran tabicados y
siempre que entrasen acompañados
por un agente.

Dos policías confirmaron a DC
que ellos se limitaban a vigilar el
recinto. Un juzgado de Torrelavega
había dictado el auto de entrada y
desalojo ante la denuncia de los
propietarios ya que “tabicar puertas
y ventanas lo tienen que solicitar
y pagar los dueños”.
Los vecinos, por su parte, informaron
a DC de que los propietarios
se habían pasado por allí unos
días antes “sin bajarse del coche y
sin hablar con los chavales. Vendrían
sólo a confirmar lo que les
habían dicho. No quieren que haya
nadie porque quieren vender
en cuanto puedan”.

La manifestación

Como consecuencia del desalojo, el
pasado 22 de marzo se celebró en
Torrelavega una manifestación a la
que asistieron numerosas personas
y cuyo lema era: “contra la especulación
urbanística y por el derecho
a una vivienda digna”.

HISTORIA DE LA OKUPACIÓN EN CANTABRIA
_ Cantabria no se ha caracterizado
nunca por tener un
movimiento de okupación
importante. No obstante han
existido varias iniciativas que
merecen su reconocimiento.
En septiembre de 1979 se
ocupó públicamente una
vivienda, que llevaba ocho
años sin inquilinos, con el
lema «apertura de pisos vacíos».
A las dos semanas,
mientras se hablaba con los
vecinos y se iniciaba la rehabilitación,
la Policía Nacional
desalojó por la fuerza sin
orden judicial. Hubo tres
detenciones a las que se
sumaron otras tres en la posterior
concentración de
apoyo.
Hacia finales de 1994 una
asamblea de okupas decidió
entrar en lo que fuera el
cuartel de la policía armada,
abandonado hacía años. A
pesar del apoyo vecinal y
tras resistir un primer intento
de desalojo, intervino la policía
con una orden directa de
Delegación de Gobierno,
acabando así con este proyecto
conocido como «La
Casuca».
Este mismo colectivo okupó,
en enero de 1995, tres chalets
a medio construir que
llevaban 13 años abandonados
en la zona de Cueto-Valdenoja.
El espacio se encontraba
en condiciones
deplorables y apenas se disponía
de recursos. Aun así
se desarrollaron talleres de
marroquinería, malabares,
jornadas, comidas populares,
multitud de conciertos y
locales de ensayo donde se
llegaron a grabar discos,
biblioteca, huerta y un
pequeño rocódromo. A pesar
de una primera sentencia
favorable, esta segunda
«Casuca» desaparece por el
recurso que el propietario
interpuso.
Muchas más han sido las
ocupaciones puntuales,
denunciando públicamente
distintas situaciones: en
sedes de sindicatos, de partidos
políticos, en mercados
públicos, en ayuntamientos,
en el Puerto de Santander,
etc., habiendo sido algunas
de ellas castigadas incluso
con penas de cárcel.
Por otro lado, también es
necesario reconocer también
a todas las personas que,
aunque no sea de forma
pública, ocupan viviendas
vacías, portales de iglesias,
cajeros automáticos o cualquier
forma de techo.

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