ANÁLISIS : VIOLENCIA MACHISTA EN CANTABRIA
Cuatro años de una Ley Integral contra la violencia de género

El 1 de abril de 2004 entró en vigor la Ley de Prevención de la
Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas de Cantabria.
Poco después, en diciembre del mismo año, se aprobaba
en todo el Estado la Ley Integral contra la Violencia de Género.

05/06/08 · 0:00
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CONCENTRACIÓN. El 25 de noviembre contra la violencia de género / Archivo AMC

Desde entonces, se han
desplegado medidas para
combatir toda conducta
violenta basada en la
pertenencia de la víctima al sexo femenino
en diferentes ámbitos: el
asistencial, la protección, la sanción
y la prevención.

Desde 2004 ya no se habla sólo de
violencia doméstica sino de violencia
de género o machista. Esto reconoce,
en palabras de la jurista Patricia
Laurenzo que “la causa última
de la violencia contra las mujeres no
ha de buscarse en la naturaleza de
los vínculos familiares sino en la discriminación
estructural que sufren
las mujeres como consecuencia de
la ancestral desigualdad en la distribución
de roles sociales”.
Ángeles Ruiz Tagle, presidenta de
la asociación Consuelo Berges, lleva
15 años luchando contra la violencia
patriarcal desde la asociación. Su filosofía
es de “tolerancia cero a la violencia”.
“Lo que la ley integral ha hecho
es garantizar el ejercicio de derechos
humanos fundamentales para
las mujeres, como es el derecho a
la vida. Pero hay que desarrollar una
doble vía: si trabajamos en la igualdad,
otro derecho fundamental,
avanzamos en la erradicación de la
violencia. Y nosotras, las feministas,
no queremos paliar únicamente. No
nos conformamos con reformar,
queremos cambiar las estructuras
patriarcales y androcéntricas y para
eso hay que erradicar la desigualdad.
Trabajamos en la autonomía
de las mujeres sin quedarnos en la
protección”.

Asistencia y protección

En el ámbito asistencial se llevan a
cabo, en palabras de Silvia Cifrián,
coordinadora de actuaciones contra
la violencia de género de la
Dirección General de la Mujer
(DGM) del gobierno de Cantabria,
“los trabajos a realizar para que
las víctimas puedan recuperar su
proyecto de vida”. En ello están incluidos
servicios sociosanitarios,
de asesoría jurídica, intervención
psicosocial, prestaciones de emergencia
y ayuda para organizar la
vida laboral.

El proceso puede iniciarse con
una denuncia. Para ello, el Servicio
de Protección a la Familia de la
Policía Nacional y el Equipo de
Mujer y Menor de la Guardia Civil,
en el área rural, siguen protocolos
específicos. Ambos servicios cuentan
con técnicos especializados en
violencia de género y han recibido
cursos de la DGM para interactuar
con víctimas de violencia “en los que
se tienen en cuenta también los aspectos
no verbales que posibiliten
que la víctima se sienta protegida y
escuchada”, según Cifrián. De inmediato,
según exigen los protocolos
mencionados, se ponen en contacto
con el juzgado de guardia que,
por un procedimiento específico,
valora las medidas que han de ponerse
en marcha en un plazo máximo
de 72 horas. Para preparar a la
mujer, Cifrián subraya la importancia
de contar con el apoyo de especialistas
en el Centro de Atención
Víctimas de Violencia de Género,
situado en la calle Rualasal: “Antes
de la denuncia incluso, acudir a un
centro especializado”. La Ley
Integral ha permitido que se pongan
en marcha todos los mecanismos
de una vez, sin necesidad de
acudir a diferentes instancias.

Según explica Eva Moreno, psicopedagoga
de Consuelo Berges y
trabajadora del Centro de Atención
a Víctimas: “Una vez que la mujer
decide salir de la situación de maltrato,
con denuncia o sin ella, ya
sea por riesgo o precariedad económica,
ingresa en una casa de
emergencia donde profesionales y
la propia mujer valoran si el recurso
es adecuado para ella. Puede
necesitar poco tiempo y acabar el
proceso pero, si la situación es más
complicada, se la deriva a una casa
de acogida de larga estancia donde
reside como media unos seis
meses. De allí puede salir de forma
autónoma o continuar en acogimiento
en un piso tutelado durante
un año”. Posteriormente, hay
ayudas al alquiler que, en caso de
violencia de género, tienen prioridad.
El Servicio Cántabro de Empleo
(EMCAN) dota de mecanismos
específicos en la búsqueda. Se
está trabajando en capacitar a los
cuerpos sanitarios, que cuentan
también con protocolos especiales,
para la detección temprana en
los centros de salud. Existen manifestaciones
inespecíficas de malestar,
por ejemplo, que pueden ser
un síntoma de estar padeciendo
una situación de violencia.

Ley y jurisprudencia

Comienza a aparecer en las sentencias
el delito de violencia de género.
Se recoge por fin en el derecho
penal la diferencia entre violencia
de género y violencia doméstica,
que aunque están conectadas, señala,
Laurenzo, “hacen referencia a
realidades distintas necesitadas de
respuestas penales autónomas”.
Aparecen como agravantes la condición
masculina del agresor y la
femenina de la víctima.

El 13 de mayo fue avalada la
constitucionalidad de esta medida
que, aprobada en diciembre de
2005, fue acusada de violar el principio
de igualdad. Esta decisión del
Tribunal Constitucional implica la
admisión de la medida de acción positiva.
Aunque pueden darse casos
de violencia de mujeres hacia sus
parejas, este tipo de delito es genérico
y encuentra respuesta en el código
penal sin necesidad de acogerse
a la Ley Integral. Otro artículo,
también ampliamente discutido,
convierte en delitos faltas como las
amenazas y coacciones leves.
Pero, para autoras como Laurenzo,
“la solución definitiva no pasa
únicamente por ahí, por confiar
en exceso en el derecho penal sino
por impulsar un cambio en la interpretación
jurisprudencial (...). Es
necesario un cambio de mentalidad
en los operadores jurídicos mediante
programas específicos de
formación para jueces, fiscales, secretarios,
fuerzas y cuerpos de seguridad
y médicos forenses”.

Existe un problema en las interpretaciones
que admite la ley. Por
ejemplo, se plantea la distinción entre
violencia de género ocasional y
habitual, con penas más altas en el
segundo caso, que insinúa que las
agresiones calificadas de ocasionales
no sean producto de una situación
estructural que las convierta en
repetitivas. Curiosamente, en Cantabria
en 2006, la habitualidad fue dictaminada
en 11 casos mientras la
violencia ocasional en 411.

Respecto a las mujeres inmigrantes
en situación ilegal, aunque temen
denunciar, la ley prevé la regularización
mediante un trámite especial
que supone un permiso de residencia
temporal, si se encuentran
reagrupadas por vinculación al cónyuge
agresor. Si se encuentran en
España en situación irregular, pueden
obtener un permiso temporal
por razones humanitarias. Para
aquellas que se encuentran legalmente
existen derechos para inscribirse
como demandantes de empleo
y acceder a formación y a intermediación,
así como a la renta activa
de inserción.

La prevención

La DGM ha editado una Guía de
Detección de la Violencia de Género
en el Ámbito Educativo que aporta
recursos específicos para convertir
los educadores en agentes de prevención
y apoyo. Un estudio de 2007
sobre población joven de Cantabria,
dirigido por el sociólogo José Luis
Gonzáles García, pone de manifiesto
que “los chicos poseen, por lo general,
estereotipos de género y modelos
de masculinidad/feminidad más
tradicionales y menos igualitarios
que las chicas”.

Del total de feminicidios en España,
en 2007, fueron 18, la cifra
más alta, mujeres entre 21 y 30 años.
El ámbito de la prevención es
esencial: “Las normas son un importante
factor más frente a la violencia
de género, pero pretender resultados
inmediatos supone desconocer
el carácter estructural de esta violencia
y la pervivencia y arraigo de
patrones no igualitarios en nuestra
sociedad”, apunta Cifrián. Cambiar
la cultura patriarcal requiere como
instrumentos fundamentales, la prevención
y la promoción de la igualdad,
como motores de cambio.

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