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22
Ene
2013
09:25
Economía Sumergida
Por Nasser Khoury y Xavier Massa

La economía sumergida se refiere a toda actividad económica que
escapa de la tributación en la Hacienda Pública, y a priori se pueden
diferenciar en dos distintos tipos. Por un lado encontramos las
actividades ilícitas o economía ilegal –tráfico de drogas, prostitución o
blanqueo de capitales—y las informales o economía irregular –aquellas
que se realizan evitando el pago de impuestos, como el fraude fiscal y
el laboral, incluyendo la evasión y elusión de impuestos–. Este último
tipo puede ser total –desarrollando por completo una actividad sin
registro ninguno–, o puntual –no se declaran determinadas operaciones a
pesar de que el ejercicio de la actividad profesional u empresarial
consta en acta–.

Casi uno de cada cuatro euros en España (cerca de 250.000€ millones)
escapa al control del fisco, o lo que es lo mismo, han sido producto de
la economía sumergida en alguna de sus tipologías antes descritas. Esto
dice el último informe realizado por el instituto británico Tax
Research, encargado de cuantificar la economía sumergida y los ingresos
que pierden los Estados europeos. El estudio señala que en España se
deja de recaudar alrededor de 73.000€ millones, representando entre
22-25% del PIB. Las cantidades son muy representativas y se asegura que
no están muy alejadas del montante del déficit público de este año; o
para ser más gráficos, mucho mayor si lo comparamos con algunas partidas
de los Presupuestos Generales del Estado para el 2013: Sanidad 3.852€
millones, Educación 1.944€ millones, Cultura 721€ millones, I+D 5.562€
millones, Desempleo 26.993€ millones…o incluso que podríamos absorber
toda la deuda pública en un periodo máximo de 8 años. Estas cifras
sitúan a España por delante de países con menor economía sumergida como
Bulgaria, Rumanía, Grecia, Italia o Polonia.

El pasado 19 de noviembre entro en vigor la normativa que limita el
pago en efectivo a 2.500 euros en operaciones mercantiles –que se eleva a
15.000€ si el pagador es un particular no residente, pensando en el
gasto de los turistas que viajan a España–, y cuyo incumplimiento será
penalizado con el 25% del total del pago realizado. La medida, que se
incorpora a la nueva ley antifraude que aprobó el Gobierno el pasado
octubre, intenta establecer mayor control para que afloraren actividades
económicas irregulares.

Otras de las medidas en la lucha contra el fraude fue la amnistía
fiscal, que se diseño con la intención de regularizar la situación de
los defraudadores, que “en su mayoría son grandes fortunas y grandes
empresas”, Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda).
Todo ello sin exigir intereses ni recargos, simplemente con el pago del
10% de lo regularizado o un 8% para aquellos que retornen de paraísos
fiscales, que en defecto de la amnistía sería en torno al 52% en IRPF.
Medida denunciada en su momento por Gestha por ser “inconstitucional,
generando un agravio comparativo con los contribuyentes e incentivando
al fraude”. Pero se hizo con la intención de recaudar 2.500€ millones de
la economía sumergida, ésto fue a finales de marzo, para agosto sólo se
había conseguido 50,4€ millones, es decir el 2% del objetivo.

Si matizamos la crónica de la economía sumergida, empresas y
personas, la entendemos como un nicho de desesperación y de alivio, esto
es la precarización de los precarios.

Pero además es interesante conocer por qué sucede y cómo se puede
incentivar a las empresas y las personas para que declaren sus
actividades, siendo obvio que todos preferimos contribuir lo
imprescindible. Entre muchas posibles acciones queremos plantear tres
que pensamos que tendría efectos inmediatos.

En primer lugar y fijándonos en las denuncias de Gestha sobre el
“colapso” en las delegaciones de Hacienda, creemos que sería necesario
simplificar todos los trámites administrativos, incluidos los de
constitución de negocios. El hecho de que activar un negocio o una
actividad económica sea tan complejo y requiera una ingesta de permisos,
no favorece precisamente al establecimiento de forma legal,
incentivando a la prestación del servicio de forma sumergida.

También una estructura impositiva más simple y menos gravosa para los
profesionales y las pequeñas empresas –nos encontramos con costes de
Permisos, Tasas, IVA, IRPF, IAE, IBE, etc.–. Por tanto simplificar los
gravámenes en aquello que genere actividad, introducir nuevos impuestos
sobre la riqueza y el patrimonio y acudir a la “lucha contra el fraude
como el mayor potencial recaudatorio”. Según Gestha los españoles
soportamos más esfuerzo fiscal que la media europea, además de que las
grandes empresas defraudan el triple que las pymes y autónomos, mientras
que son estas últimas las que soportan el gran núcleo de empleo.

Otro punto sería aumentar la disposición de inspectores de hacienda,
ya que en España la relación de inspectores está en torno a uno por cada
1.600 habitantes mientras que en otros países, por ejemplo Alemania
cada 700. Según Gestha, y por citar un caso, más del 96% de empresas
andaluzas que su facturación está entre 1,8 y 6 millones de euros
escapan al plan de lucha contra el fraude.

Por tanto no debemos caer exclusivamente en los efectos especiales de
las películas de “chinos”, ni demonizar a los que nos vemos obligados a
no tributar, declarar o cotizar, sino que estamos ante un problema que
nos engloba a todos. A aquellos que se ven forzados a la facturas en B o
a cerrar sus negocios y que sus trabajadores se vayan al paro, debido a
una competencia desleal que no paga impuestos, o a otros que se les
empuja a sumergirse en las cloacas de la economía (el empleo sumergido
representa casi el 8% del PIB, unos 82.500€ millones). Pero que sin esta
alternativa, en la mayoría de los casos no podríamos acceder a un
trabajo precario o mantener nuestro negocio en funcionamiento.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró que “se está
produciendo un aumento muy considerable de la economía sumergida en
España debido a la crisis”, ésto es la precarización de lo precario,
porque cuando se pincha la economía, también se incluye la sumergida.

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Nasser Khoury y Xavier Massa

Intentando dejar a un lado cualquier escala ética, sería prácticamente imposible predecir cuál es el proceso natural-evolutivo del ser humano.
No sabemos si la contaminación y destrucción de los recursos naturales pertenece a una senda natural, o si la inequidad en los derechos sociales y universales, la desigualdad en la accesibilidad a los alimentos, a los cuidados sanitarios o educativos.
Honestamente no sabemos si son circunstancias , que como cualquier proceso natural se deban al resultado de la “metamorfosis” que experimenta la naturaleza. Pese a ellos, a los que legítimamente quieren pensar que sí, nosotros creemos que no.

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