Llevamos unos meses andándonos con rodeos, recortando unas prestaciones u otras, intentando que pase desapercibido, pero ha llegado el momento de decirlo claramente: "Personas que vivís en pueblos: morid o emigrad".

En un sistema que basa su gasto público (y privado, la mayoría de las veces) en tratar convertirlo todo en una economía de escala, tener a unos cuantos ciudadanos viviendo desperdigados en pueblos pequeños (especialmente si se trata de personas mayores, que ni siquiera aportan nada a la sociedad más que gasto de pensiones, medicamentos y asistencia sanitaria -menos mal que les quitamos la prestación de la dependencia-) supone un lastre para nuestra economía. Y aquí lo primero es la economía (como ente abstracto, nada concreto), lo de las personas va después (especialmente, ya lo hemos dicho, si se trata de viejos).
Primero nos centramos en tratar de destruir las escuelas rurales; lo mejor para que no haya ancianos viviendo en los pueblos es que se marchen de allí siendo jóvenes; pero vimos que hay que esperar mucho tiempo hasta que esa medida se note en nuestras cuentas de resultados (y aquí de lo que se trata es de sacar beneficio a cuatro años), así que hemos tenido que meter mano en la asistencia sanitaria...
Sabíamos que sería complicado. Primero dijimos que teníamos estudios que decían que no era eficiente tener abiertos los centros que íbamos a cerrar, pero en realidad era broma; los estudios nos los hemos inventado después y ahora tenemos un papel que dice que mantener esos centros es un despilfarro. Por último, nos dedicamos a decir que los médicos y enfermeros que trabajan en esos centros de urgencias de los pueblos no hacen otra cosa que dormir y, de vez en cuando, atender algún catarrillo.
No es nada personal contra la sanidad o contra la educación, no en este caso; es, simplemente, que tener a la gente viviendo de forma que no suponga un máximo de eficiencia económica según nuestras (no) leyes de mercado no nos gusta, y tenemos que evitarlo por las buenas o por las malas.

Atentamente
Sus gobernantes.

No sería de extrañar que una carta así apareciera en los buzones de las casas de los pueblos con menos de 5.000 habitantes. Uno sabe que los recursos sanitarios hay que disponerlos con cuidado, táctica y estrategia para maximizar los beneficios que la población (la sociedad en su conjunto) extraiga de ellos; sin embargo, eso está reñido con la descalificación continua a los trabajadores de los servicios sanitarios [quien haya trabajado haciendo guardias en un pueblo perdido sabe que se encuentra vendido ante la variedad de problemas sanitarios de gravedad que pueden sobrevenirte en cualquier momento].

En el blog Regimen Sanitatis 2.0 podemos leer una entrada imprescindible sobre el tema de "Urgencias santiarias rurales"; no se trata solo de eficiencia de un dispositivo concreto de urgencias, sino de la eficiencia global del sistema, en la cual entra la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria y la justicia al meter mano a unos dispositivos considerados "un derroche" mientras los asesores de los cargos de un gobierno autonómico aumentan en número y remuneración.

"No puede haber un centro médico de urgencias en cada pueblo", afirman algunos iletrados funcionales (disfuncionales, mejor dicho), tratando de convertir el problema en algo que no es. Quien conoce las urgencias rurales sabe que puede haber puntos suprimibles y otros imprescindibles; también sabe que un pueblo que tenga el centro de urgencias más cercano a 45 minutos costará vidas o migraciones.