Hay decisiones que uno sabe que escapan a todo razonamiento económico, por mucho que se justifiquen en la economía para que cualquier medida parezca justificable; comentamos aquí en su momento que negar la asistencia sanitaria a los inmigrantes indocumentados (a excepción de asistencia pediátrica, obstétrica y de urgencias) no reportaría ningún beneficio económico y sí que podría tener consecuencias inesperadas (tanto epidemiológicas como económicas) [lee  "Desfinanciando inmigrantes enfermos"].

"Si necesitamos nuevas fórmula, es hora de presentarlas y deliberar ampliamente sobre ellas. Pero lo que no puede hacerse es destruir sin razones plausibles, sin discusión, un sistema que ha conseguido ser históricamente el más justo de los que hemos tenido"

La necesidad de encuadrar las decisiones sanitarias en un marco ético (ahora que toda ética parece comprarse en nombre de la eficiencia) viene a nosotros cuando leemos la siguiente noticia:

"Los 'sin papeles' deben poder donar órganos aunque se les retire la tarjeta sanitaria" (enlace a la noticia)

La ministra de sanidad, Ana Mato, argumenta que dado que pueden recibir tratamiento urgente también deben poder donar sus órganos; de esa argumentación podría deducirse que sus órganos es el precio que pagan por ser atendidos en urgencias. La ministra comenta que si un paciente sin derecho a asistencia sanitaria precisa de urgencias un trasplante se le dará, lo cual no sabemos cómo se compatibilizará con el hecho de que posteriormente no tenga acceso a los medicamentos (caros) post-trasplante ni al seguimiento oportuno.

Negro, la ética y la eficiencia de tu asistencia sanitaria cuesta lo que cuestan tus órganos.