El 3 de diciembre murió  en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca (Barcelona) Aramis Manukyan,  ciudadano de nacionalidad Armenia. Según las autoridades su fallecimiento se debió a un suicidio, mientras que diversas entidades han recogido el testimonio de varios internos que contradicen la versión oficial y además afirman que Aramis fue agredido por los funcionarios de policía en las horas previas a su supuesto suicidio. Dos de estos testigos presenciales fueron inmediatamente deportados. Este fallecimiento sumado a  las recientes muertes de la ciudadana congoleña Samba Martine  en el CIE de Madrid y la de Idrissa Diallo joven de 21 años nacido en Guinea-Conakry también  en el CIE de Barcelona, así como las numerosas denuncias de malos tratos  ponen de manifiesto que el internamiento de inmigrantes sin papeles,  previsto en La Directiva de la Vergüenza y en la Ley de Extranjería es una de las realidades  más tenebrosas y que más tensiona hoy día los principios básicos del Estado de Derecho.

La respuesta de las autoridades a estas muertes y a las denuncias de torturas y malos tratos es la de intentar ocultar y obstruir las investigaciones expulsando lo antes posible a los testigos presenciales. Tanto la normativa interna y los Tratados Internacionales como la jurisprudencia del  Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) establecen  que las autoridades están obligadas a investigar  hechos denunciados y  perseguir y juzgar a las personas responsables. Esta obligación de investigar implica que el Estado debe ofrecer no sólo un procedimiento accesible para las personas o entidades  que denuncien, sino también un sistema de justicia efectivo. Además el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del TEDH  imponen  a los Estados miembros de la Unión Europea obligaciones positivas de proteger contra la tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes y, sobre todo, en relación con personas en situación vulnerable como son los internos de los CIEs. Del mismo modo, las garantías de una investigación en condiciones imponen una obligación negativa a los Estados de no expulsar, deportar o extraditar a las personas que presenciaron los hechos.

Pues bien, en el caso de la muerte de Aramis Manukyan las autoridades  no sólo no facilitan ni promueven  el proceso de investigación de un hecho tan grave, sino que se apresuran a expulsar a los testigos presenciales claves en la investigación. A este respecto los juzgados de control del CIE deberían jugar un importante papel, en primer lugar tomando declaración lo antes posible a los testigos para preconstituir prueba y en segundo lugar evitando las expulsiones.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya ha condenado al  Estado Español por obstruir y dificultar investigaciones dentro de los CIE en  Agosto de 2012. Los hechos que motivaron esta condena fueron una agresión de la Policía a Adnam El Hadj que fue internado en el CIE de Aluche. El 8 de mayo de 2012 varios policías se presentaron en la celda donde se encontraba internado Adnam el Hadj para ejecutar la expulsión de su compañero de celda, un compatriota. Tras despedirse de su compañero, Adnam el Hadj llamó racistas a los agentes, que procedieron a esposarle, atarle las piernas y arrastrarle agarrándole del pelo hasta conducirle a los bajos de una escalera situados en una zona gris del sistema de video control del CIE, donde le obligaron a arrodillarse y le golpearon. Mientras le agredían, los policías le decían: “Vienes a España a comer gratis. Te vas a largar y que te den de comer en tu país, moro de mierda”. De vuelta a la celda, los policías hicieron salir al resto de internos y golpearon de nuevo a Adnam el Hadj. Tras la paliza, el servicio médico del CIE realizó un parte médico que certificaba múltiples contusiones y golpes, ordenando el traslado de Adnam al hospital 12 de Octubre. Pero Adnam nunca fue trasladado al Hospital, ni tampoco se ordenó un reconocimiento médico-forense ni se tomaron fotografías de las lesiones. La expulsión de Adnam, prevista para días posteriores, se ejecutó ese mismo día 8 de mayo, a raíz del escándalo que se produjo en el CIE y con el objetivo de que la denuncia no prosperase.

Es una obligación del Estado y de la Justicia llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de la muerte de Aramis Manukyan  y depurar todas las respon­sabilidades de aquellas personas y funcionarios/as que tengan responsabilidad en los hechos. De quedar impune esta muerte que avergüenza a toda nuestra sociedad, no pasará mucho tiempo antes de que se produzca otra desgracia tras estos muros de la ver­güenza.

Esta nueva y trágica muerte constata que los CIE son auténticos agujeros negros del Derecho y su mera existencia y  funcionamiento favorecen la vulneración sistemática de los derechos de la población migrante sin papeles. Por tanto,  los CIE deben desaparecer tanto en España como en los demás Estados miembros de la Unión Europea.

 
Lluc Sánchez Bercedo
Abogado