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Análisis crítico de la actualidad jurídica
02
Jun
2015
16:16
Operación Piñata: palos de ciego

Es práctica habitual, ya desde hace un par de siglos, que el movimiento anarquista sea sometido de vez en cuando y con motivos espurios, a olas de represión, persecución y encarcelamiento, y ello pese a que posiblemente sea la ideología política bajo cuya advocación se han cometido menos muertes. Infinitamente menos en cualquier caso que bajo el antiguo comunismo o el liberal-capitalismo actual.
 

Es habitual también que cuando se quieren llevar a cabo estas razias, sirva de excusa cualquier acto violento reivindicado por algún grupo anarquista. Basta que un anarquista haga algo o sea reivindicado por algún grupo autodenominado anarquista para que se proceda a la detención indiscriminada de anarquistas. Es una lastima que no ocurra lo mismo con los integrantes de algunos partidos políticos.
 

Hace unos meses se puso en marcha en el Estado español una "causa general" contra el anarquismo como hace décadas que no se veía (tal vez desde el Caso Scala en 1978). Consecuencia de ello se iniciaron dos operaciones. La primera en diciembre de 2014 bajo la denominación Operación Pandora y la segunda en marzo de 2015 llamada Operación Piñata. En esta última se procedió al registro de 11 domicilios, seis centros sociales, 39 personas fueron detenidas bajo distintas acusaciones y 5 de ellas fueron enviadas a prisión provisional por pertenecer, presuntamente, a los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), organización que, según interpretaciones de la policía es, como no, una organización criminal con fines terroristas.
 

Ambas operaciones nacen en 2013, principalmente tras la explosión de dos artefactos pirotécnicos en las catedrales de Madrid y Zaragoza reivindicados por un autodenominado Comando Insurreccionalista Mateo Morral. Tras cerca de 2 años de investigaciones, seguimientos e intervenciones telefónicas, todo lo que ha logrado acreditar la policía en los informes obrantes en la causa es que los anarquistas están en contra del Estado como concepto. 'Descubrimiento' que, por lo visto, para el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, es suficiente no sólo para continuar la causa contra los detenidos, sino para mandar a prisión en su momento a cinco personas.
 

El auto del juzgado que acuerda dicha privación de libertad asume sin más crítica la versión construida por la policía de que los GAC es una organización terrorista y, por tanto, con una estructura jeraquizada y estable en el tiempo, cuyo objetivo es subvertir el orden constitucional. Tras dicha definición tan genérica como técnica, ni el auto de prisión ni los informes policiales han sido capaces de atribuir a ninguno de los encausados acciones concretas que hayan producido daños a personas o bienes. Supongo que por eso lo han denominado Operación Piñata, porque han lanzado palos de ciego y los que estaban más cerca han recibido el golpe.
 

Ninguna relevancia otorga el Sr. Velasco, juez de un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional, al hecho de que los GAC, ya desde sus comunicados fundacionales publicados los días 17 y 19 de junio de 2012 en la web  alasbarricadas.org, hacen alusión expresa a que se constituyen como espacio de coordinación para la difusión de las ideas anarquistas, entre cuyos principios están los de rechazar la violencia, por cuanto el mundo ideal y de relaciones solidarias al que se aspira desde la práctica anarquista está exento de violencia con la salvedad de los supuestos de autodefensa, circunstancia esta que es amparada desde siempre por el derecho natural, y a través de él por el propio ordenamiento penal del Estado, desde el momento que contempla como eximente de la responsabilidad penal la defensa propia (art. 20. 4 CP). Al pie de dichos comunicados se facilita una dirección de correo electrónico a través de la cual poder contactar.
 

Es más, en el contenido del libro titulado Contra la democracia, emanado de los GAC, podemos leer cosas como éstas: "Pensamos sencillamente que las personas en igualdad de condiciones son capaces de organizarse sin la mediación ni la directriz de nadie. [...] No queremos homogeneizar nada, ni imponer a nadie como debe ser su vida, sencillamente que tampoco nadie nos lo imponga a nosotras".
 

¿Es ésta la actitud propia de un grupo terrorista? Parece evidente que no.

El problema con el movimiento anarquista, y por extensión de cualquier grupo que prenteda difundir "la idea anarquista", es que es un "chivo expiatorio" demasiado fácil para el poder establecido, por cuanto, por definición, el anarquismo se constituye como enemigo del Estado y teleológicamente destinado a acabar con él.
 

Lo cierto es que en la mayoría de los casos el anarquismo ha optado por luchar contra el Estado ignorándolo y/o construyendo estructuras sociales alternativas, y ha llevado a cabo este cometido mediante la propaganda, la ingente elaboración de textos, la pedagogía y el ejemplo personal. El "fenómeno terrorista" en el ámbito anarquista es realmente marginal y minoritario, pese a lo que ha querido transmitir la historia oficial.
 

Se da la problemática de que el termino terrorismo se utiliza constantemente en los medios de comunicación de una manera indiscriminada, lo cual provoca la creación de una sensación ficticia de inseguridad en la sociedad y el reproche desmesurado de ésta hacia ciertas realidades criminológicas, incluso meros delitos comunes, sociales o políticos que nada tienen que ver con el terrorismo, pero ante los que se exige "mano dura".
 

No parece baladí que esta "causa general" contra el movimiento anarquista haya comenzado su andadura tras unas elecciones europeas que quebraron el bipartidismo y continúe a escasos meses de un nuevo periodo electoral que parece acentuar esa tendencia. Tampoco parece descabellado pensar que se hayan decidió rescatar el viejo fantasma del "terrorismo anarquista" en un ciclo político como el que estamos viviendo en Estado español que viene marcado en los últimos 4 años por una rechazo frontal a la "cultura de la transición", un cuestionamiento radical de las estructuras políticas tradicionales y de una constatación incuestionable de que vivimos desde hace décadas, si no en un Estado fallido, si al menos en uno útil sólo para una minoría instalada en la corruptocracia.
 

Eso sin olvidar que el poder establecido se ha quedado sin el "terrorismo interno habitual" que representaba ETA. El Estado, por lo tanto, "ha perdido el norte".
 

Es evidente que con este caldo de cultivo no se puede permitir que, además, los anarquistas se organicen, con lo que había costado desactivarles. Es lo que les faltaba. No en vano Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación (Interior) en 1978, afirmó días antes del incendio de la Sala Scala: "No me preocupa ETA, quienes de verdad me preocupan son los anarquistas y el movimiento libertario". Pues eso.

 

EDUARDO GÓMEZ CUADRADO
Abogado

@velasias
 

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