Global
Análisis crítico de la actualidad jurídica
10
Feb
2014
14:01
La calle o el juzgado

El Estado de Derecho intenta sustituir el tradicional “nos vemos en la calle” por “nos vemos en el juzgado” cuando se vulneran los derechos de los ciudadanos. Aunque suene más sofisticado, no logra del todo reemplazar las expresiones porque la justicia está colapsada por falta de medios, presupuesto y procedimientos actualizados. ¿Quién va a acudir a un juez si no soluciona los problemas a tiempo?

 

Para paliar el problema de sobrecarga se decidió desincentivar con trabas económicas. La Ley de Tasas, Ley 10/2012, modificada por el Real Decreto-ley 3/2013, exige a las personas físicas una tasa de “repago” que ya existía para personas jurídicas. La finalidad declarada de las tasas es que solo acudan a los jueces quienes tengan realmente necesidad (“racionalizar” lo llama la exposición de motivos) porque a estas alturas ya sabemos que la gente despilfarra, compra medicamentos para almacenarlos en casa, se pone tetas con las becas, inicia pleitos contra los vecinos por subir mucho la tele por las noches y recurre cual miura desbocado por encima de sus posibilidades. Muchos profesionales jurídicos entienden que la Ley de Tasas restringe el derecho a la tutela judicial efectiva y concibe a los jueces como un servicio público recortable. Ambos aspectos de la norma son rechazables. Los jueces no son un servicio sino un poder del Estado, el Poder Judicial, y el acceso a la judicatura es la garantía de la aplicación del Derecho. Al limitar el acceso a los jueces con un filtro económico se limita la protección de todos los derechos, se limitan todos los derechos reconocidos en leyes, y se debilita el Estado de Derecho.
 

Decíamos que contra las agresiones a derechos se puede protestar en la calle o en el juzgado. Contra la Ley de Tasas de momento se ha protestado por vía judicial alegando su inconstitucionalidad. Ello permite acudir al Tribunal Constitucional, que no es exactamente un órgano del Poder Judicial sino un órgano constitucional garante de la constitución, pero funciona para oponerse a la norma. A día de hoy hay varios procedimientos de grupos políticos y de jueces contra la norma. El problema es que para cuando el TC dicta sentencia, muchas veces la ley está ya derogada, ha sido modificada en los artículos impugnados o, incluso, han pasado 10 años de privación de derechos. Por ejemplo, la STC 6/2013 resolvió un recurso de 2003 contra la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, pero la ley impugnada llevaba derogada 7 años a la fecha de la sentencia. Antes de la Ley de Tasas, la ley que estableció las tasas para las personas jurídicas fue impugnada el 15 de diciembre de 2003 y la fecha de la sentencia correspondiente del TC fue el 16 de febrero de 2012 (STC 20/2012). Cómo será el tema de los retrasos que en enero de 2014 el TC decidió informalmente paralizar la tramitación de los recursos contra la ley del aborto vigente porque, total, para cuando los resuelvan tal vez el PP ya la haya derogado. Si hay que dictar sentencias, se dictan, pero dictarlas “pa ná” es tontería.

 
Como alternativa a los jueces, hay colectivos que defienden los derechos en la calle, en común, a través de la visibilización, la creación de redes y el ejercicio de formas alternativas de protesta. Hace poco, por ejemplo, la Marea Blanca ha podido celebrar un triunfo en su defensa del derecho a la sanidad pública cuando se ha sabido que se paralizaba la privatización de servicios en diversos hospitales públicos. No obstante, resulta que la dicotomía calle‑juzgado es falsa cuando se trata de luchar por derechos colectivos. La alegría de la Marea Blanca la provoca un Auto que resuelve sobre la medida cautelar de suspensión solicitada por la “Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid”. La solicitud de medida cautelar fue concedida por Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 04 de Madrid y confirmada por el TSJ de Madrid. Paradójicamente, el triunfo de la lucha colectiva en la calle se manifestaba en una resolución favorable de un proceso judicial. Vemos por lo tanto que las protestas no se desarrollan alternativamente en la calle o en el juzgado sino en ambos, de manera que las tasas judiciales restringen el derecho a protestar en genérico, no solo la protesta judicial, porque limitan una de las posibles facetas de la protesta. Otra también limitada son las protestas en sí, en las que se imponen sanciones que, según como se recurran, pueden requerir pago de tasas.
 

Hasta ahora, en algunos procesos hay suerte y se pueden evitar las tasas. Las tasas no se aplican en procedimientos penales ni en los contencioso-administrativos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. Esto ha permitido escapar de las tasas, por ejemplo, a los abogados que interpusieron recursos contra las privatizaciones de Madrid (procedimiento administrativo de tutela del derecho a la sanidad pública) y a los abogados de “Legal Sol 15M” que defienden a los imputados por procedimientos penales de faltas o que recurren judicialmente multas administrativas en manifestaciones (en este último caso, en el recurso se alega que las multas vulneran el derecho de reunión). Sin embargo la Ley de Tasas jugará muy fuerte en contra de las protestas cuando se combine con la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) (de la que ya hablamos aquí). La LSC transforma en multas administrativas muchas infracciones que antes eran faltas, de manera que el juicio es contencioso-administrativo y con tasa en lugar de penal y sin tasa. Si no se encuentra forma de impugnar por el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales, recurrir una multa de 3.000 € costaría 203 € por interponer recurso administrativo por procedimiento abreviado, e incluso si se gana el recurso solamente se devolverá el 60% de la tasa. Es fuerte pero cierto: 80 € para que un juez te retire una sanción injusta.

 

Si se examinan los temas que hemos tratado en el blog, casi todos los afectados y todos los que protestaran por ellos verían su acceso a la justicia limitado por las Tasas. Pagan los múltiples afectados por las preferentes. Pagan los inmigrantes que recurren para no verse expulsados (y de paso evitar ser internados en esos agujeros del Estado de Derecho que son los CIEs). Pagan quienes recurren una ejecución hipotecaria. Y tratarán de hacer que los multados con la LSC paguen por los recursos judiciales.

 

Visto que ya hay iniciativas judiciales contra la Ley de Tasas, hace falta oponerse a ella también en la calle para no quedarnos a medias. Tal vez entre las personas ajenas al Derecho no se ha interiorizado el efecto que las tasas tienen en la conservación de los derechos aún formalmente reconocidos en España. Quienes nos dedicamos al Derecho, por el contrario, estamos muy preocupados. La Ley de Tasas recorta todos los derechos de una forma muy sutil, haciendo que su reconocimiento no sea tan eficaz, alejando al juez encargado de protegerlos de la persona cuyos derechos se vulneran. Por eso este artículo está dirigido a los no juristas cuyos derechos puedan verse alguna vez vulnerados y necesiten un juez que lo reconozca. Necesitamos vuestra ayuda para movernos contra las tasas. Necesitamos dejar claro que no queremos pagar por justicia. Necesitamos que se nos oiga. Para ello, nos vemos en la calle.

 

Perfectly Normal Beast
@atropollo

 

comentarios

2

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    laconquistadelderecho
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    Mar, 02/11/2014 - 14:08
    Corregido.
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    Perfectly Normal Beast
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    Mar, 02/11/2014 - 13:16
    He comprobado que hay un error numérico en el texto. Sobre una tasa de aproximadamente 200 € por recurrir una multa en lo contencioso-administrativo, el 60% que se devuelve si te dan la razón son 120€, de manera que el precio por recurrir son 80 €, no 40 €. Pediré que se edite. Y una precisión adicional: si se gana el recurso contra la multa y además se condena  en costas a la administración que la impuso, el recurrente obtiene el reembolso completo de la tasa. No es que se devuelva la tasa, sino que en tal caso la administración derrotada en el proceso, al ser condenada en costas, debe pagar al recurrente la tasa y otros gastos judiciales. Un abrazo, Perfectly Normal Beast
  • laconquistadelderecho

    Este es un blog coordinado por Red Jurídica Abogados, pero escrito por profesionales del mundo jurídico de distintas partes del Estado y con diferentes proyectos y opiniones respecto de las cosas que se cuentan en él. Con este blog intentamos pulsar, desde una perspectiva crítica, la actualidad jurídica y crear un marco conjunto para pensar cómo construir una justicia de los comunes.

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