Global
Análisis crítico de la actualidad jurídica
03
Feb
2014
08:22
Justicia para Samba
 

 
El 19 de diciembre de 2011 falleció Samba Martine mientras se encontraba internada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Samba murió en medio de la indiferencia y la desatención del personal del CIE, a pesar de haber reclamado atención sanitaria hasta en diez ocasiones.
 

Su muerte fue investigada por el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que pese a no practicar las diligencias que propusieron las partes, dictó un auto sobreseyendo el procedimiento por entender que no había relación de causa-efecto entre la falta de atención en el CIE y su fallecimiento. El Auto de sobreseimiento concluía que la muerte se hubiese producido igualmente aunque se hubiera diagnosticado y tratado la enfermedad que padecía.

 

Frente a este auto la acusación particular y las acusaciones populares interpusieron recurso de reforma, que fue desestimado por el propio juzgado y, más tarde, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

 

La Audiencia Provincial, mediante un auto fechado el 14 de enero de 2014, estima los recursos interpuestos y acuerda la continuación del proceso. Algo de justicia llega por fin al procedimiento después de casi dos años. Y decimos “algo” porque aún queda un largo camino por recorrer.

 

En todo caso, valoramos el auto de forma muy positiva y ello por varias razones. En el recurso de apelación ya advertíamos que existían numerosas irregularidades. En primer lugar, los facultativos debieron indagar sobre las causas de los múltiples síntomas que presentaba la fallecida y que dieron lugar a que, al menos en diez ocasiones antes de su muerte requiriera asistencia médica. Los facultativos se limitaron a pautar un tratamiento paliativo de los síntomas, sin investigar las causas.

 

En segundo lugar, si se hubiera indagado en las causas y si se hubiera tratado adecuadamente a Samba, el resultado podría haberse evitado. El personal del CIE y especialmente los responsables de su servicio médico, ostentan una posición de garante respecto a la vida y la salud de los allí internos, una posición que resulta especialmente intensa cuando la persona enferma se encuentra bajo una relación de sujeción especial respecto del Estado. Al estar privada de libertad, una persona no puede por sí misma proveerse de una atención medica diferente a la de los servicios médicos del CIE, lo que hubiera podido proporcionarle un tratamiento médico adecuado para una enfermedad  que es mortal sino se trata, pero que de haber sido tratada correctamente hubiera podido evitar el fatal desenlace.

 

El sobreseimiento del proceso se basó únicamente en un dictamen médico contradicho por dos dictámenes independientes. Además éste fue emitido a partir de unas hojas de consulta que presentan múltiples irregularidades. Tal como ya se ha comentado, no se practicaron las diligencias propuestas por las acusaciones, algunas de ellas tan elementales como tomar declaración a los testigos que convivieron con Samba y al propio personal facultativo en el CIE.

 

El auto de la Audiencia Provincial acoge cada uno de los argumentos de los recursos presentados. Afirma que el reconocimiento médico al que fue sometida Samba al llegar al CIE fue poco más que un cumplimiento formal. Asimismo, la historia clínica recoge que en al menos tres ocasiones no fue atendida por médicos, sino por enfermeros y además tampoco hubo intérpretes salvo en una ocasión. A mayor abundamiento, la historia clínica manuscrita no coincide con el informe médico que se aportó al Juzgado por parte de los responsables de la empresa adjudicataria del servicio médico en el CIE. En este sentido, la Audiencia llega a afirmar que aparentemente se ha tratado de ocultar el conocimiento por parte del personal médico de síntomas relevantes que debieran haber hecho pensar la existencia de padecimientos graves que no fueron tomados en consideración.

 

El auto además destaca la especialísima situación de quienes se encuentran privados de libertad en un CIE. Los internos no pueden acceder a servicios médicos distintos de los del propio Centro. Si los servicios médicos del CIE no derivan a especialistas o centros hospitalarios a los internos nos encontramos, en palabras de la Audiencia Provincial, en un peculiar limbo. Es por ello que declara la especial relevancia de la posición de garante que atañe al personal del CIE respecto de las personas privadas de libertad ambulatoria. Esta circunstancia debería tomarse en cuenta también en los fallecimientos de Aramis Manukyan y de Idrissa Diallo, que murieron en el CIE de Barcelona en extrañas circunstancias.

 

Inmediatamente después de la publicación de este auto de la Audiencia Provincial, las autoridades han anunciado la construcción de otro CIE en Madrid, esta vez cerca del aeropuerto de Barajas. Esta “respuesta” pretende convertirse en una demostración de fuerza contra las voces cada vez más numerosas que piden el cierre de los CIEs ante los múltiples casos de malos tratos y las deficientes condiciones de estos establecimientos denunciados.

 

Es una obligación del Estado y de la Justicia llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de la muerte de Samba Martine y depurar todas las respon­sabilidades penales de aquellas personas y funcionarios/as que pudieran haber tenido responsabilidad en los hechos. La madre de Samba recorrió miles de kilómetros para despedir a su hija y tan solo encontró un ataud cerrado. Su hija, que acompañó a Samba en el largo viaje hasta Europa, vive acogida por unos Familiares en Francia. Ambas tienen cuanto menos el derecho de saber que ocurrió exactamente en aquellos 38 días en que su vida se apagó en un CIE.

Lluc Sánchez Bercedo

Abogado de SOS Racismo Madrid

 

Jose María Trillo Figueroa Calvo

Abogado de Pueblos Unidos

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