Global
Análisis crítico de la actualidad jurídica
13
Ene
2014
08:41
Derecho a la vivienda y ejecuciones hipotecarias: poder contra poder

El artículo 47 de la Constitución de 1978 estableció unos mandatos muy claros que pueden resumirse en la frase “todos tienen derecho a una vivienda digna, se perseguirá la especulación y la comunidad disfrutará de los beneficios de la acción urbanística”. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen en sus artículos 25 y 11, respectivamente, el derecho a una vivienda adecuada como parte integrante del Derecho Humano a un nivel de vida adecuado. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena los desalojos forzosos sin alternativa habitacional (sentencia Yordanova y otros contra Bulgaria, 24 de abril de 2012).
 

A pesar de estas solemnes declaraciones, si uno echa la vista atrás a los últimos treinta y cinco años, observará una realidad exactamente opuesta al mandato constitucional. La especulación ha sido y es marca de la casa (#MarcaEspaña), la comunidad no disfruta sino que soporta un urbanismo depredador (cultura del pelotazo), y en cuanto al derecho a la vivienda para todos, permítanme referirme a las tres famosas “D”: desahucios, derribos, desalojos.

 
Sólo en el año 2012, los desahucios de primera vivienda, según datos del Colegio de Registradores, considerados hasta ahora como los más fiables, superaron los 70.000. En el barrio de la Cañada Real Galiana de Madrid, un asentamiento consolidado durante más de cincuenta años y poblado gran parte por migrantes trabajadores de la construcción (qué ironía), el Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, derribó entre 2007 y 2012 más de un centenar de viviendas sin que conste alojamiento alternativo para las familias. Desde 1995, gracias al Código Penal aprobado por el último gobierno de Felipe González, la ocupación se encuentra penalizada, siendo calificada como delito sin que se prevea legalmente ningún atenuante por situación de “emergencia habitacional”. Familias sin vivienda que ocupan pisos en desuso para poder procurarse un techo, aún tratándose de propiedades de bancos o inmobiliarias, se exponen a un desalojo dentro de un proceso penal por delito de usurpación.
 

La historia del derecho a la vivienda durante los últimos treinta y cinco años es, por tanto, la de un derecho vulnerado sistemáticamente, la de un derecho que a efectos prácticos nunca ha entrado en vigor o, si se quiere, la de un derecho derogado de facto por los poderes políticos y económicos.
 

Mientras tanto, la normativa sobre ejecuciones hipotecarias cuenta con un sistema de máximas garantías, dotado de figuras que blindan la posición jurídica del prestamista en orden a satisfacer la deuda “caiga quien caiga”. Entre tales figuras: el Registrador y el sacrosanto Registro de la Propiedad, el Notario que da Fe y santifica la operación, la Agencia Tributaria que recauda por ella, y desde 1998 el muy cuestionable Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que “asesoran” a los ciudadanos (aunque actúan bajo convenios de colaboración con Banco Santander y Unión de Créditos Inmobiliarios – UCI).
 

Desde que se aprobó la primera Ley Hipotecaria, en tiempos de Isabel II, las entidades financieras han impuesto y perfeccionado un marco de máxima seguridad jurídica para sus inversiones. El impago de las cuotas conlleva la reclamación del total prestado, incluyendo intereses y costas originadas, lo que aboca a la subasta de la vivienda familiar y al lanzamiento (desahucio). Si la subasta no cubre la deuda, lo que ocurrirá en un 95% de los casos actuales, se perseguirá al deudor por todos los conceptos que no se hayan saldado con la subasta (deuda perpetua). Un sistema realmente expeditivo, un auténtico ajusticiamiento del deudor.
 

El derecho a la vivienda sin embargo, parece pertenecer a un tipo especial de normas que no se aplican, que no son invocables, cuya vulneración no tiene consecuencias. Aún hoy, alegar el derecho a la vivienda en un procedimiento de ejecución hipotecaria resulta irreverente para el sistema judicial.
 

En noviembre de 2012, la Comisión Jurídica de la PAH elaboró un escrito-tipo para intentar frenar los desahucios ante las conclusiones que la abogada general del TJUE (Sra. Kokott) había hecho públicas sobre la ilegalidad de las ejecuciones hipotecarias españolas. Dicho escrito alegaba, entre una batería de argumentos jurídicos, la violación del derecho a la vivienda. Fue presentado por centenares de afectados en juzgados de todo el país. El Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Madrid, inconmovible guardián de la ley, rechazó las peticiones de suspensión en los siguientes términos: “No cabe negar trascendencia al derecho a la vivienda reconocido en el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 47 de nuestra Constitución, (…) mas no es admisible una invocación abstracta de ese derecho contraria a las normas que regulan este procedimiento, sin olvidar que la Constitución también garantiza la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, así como otros derechos que afectan a otros intervinientes en la ejecución, incluso con mayor intensidad que el derecho a una vivienda digna, tales como propiedad, tutela judicial efectiva proscripción de la indefensión.
 

Aquella respuesta, repetida en cientos de procedimientos en Madrid, resume y condensa una de las ideas de este artículo: que el procedimiento subordina, somete, a la norma sustantiva, vaciándola de contenido. Que lo que importa es el proceso, no el resultado. ¿Cómo se atreven esos desahuciados a alegar el derecho a la vivienda? Que sus letrados vuelvan a la facultad. ¡Indocumentados!
 

El contraste entre la regulación del derecho a la vivienda y la de las ejecuciones hipotecarias descubre quién es el verdadero sujeto de derecho en nuestro país. La que llaman Carta Magna de 1978 no ha sido capaz de constitucionalizar las ejecuciones hipotecarias, sino que al contrario, ha sido el poder financiero y sus aliados políticos quienes han convertido en ineficaz el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución.
 

En este escenario, en el año 2013, la acción combinada de una movilización social sin precedentes (Iniciativa Legislativa Popular con un millón y medio de firmas) y de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han forzado al Gobierno a realizar la reforma de mayor calado en el sistema en casi dos siglos: la posibilidad de ejercer una defensa mínima del ejecutado dentro del proceso, que ahora puede alegar la presencia de “cláusulas abusivas” en su hipoteca. Esta leve modificación permite que los Juzgados de Primera Instancia estudien, aunque sólo sea a efectos de ejecución, las cláusulas del contrato de hipoteca, lo que a su vez está provocando una avalancha de pronunciamientos judiciales sobre condiciones abusivas que revela una práctica generalizada de abuso por parte de las entidades financieras. En última instancia, la idea de que existen responsables a quiénes enjuiciar, aparece cada vez con más claridad en el imaginario colectivo.
 

El ordenamiento jurídico refleja en buena medida la relación de fuerzas existente en cualquier sociedad. Las ejecuciones hipotecarias ya no son lo que eran, y el Derecho a la Vivienda parece que puede ser. Buen camino recorrido, mucho más por recorrer. Ahora es cosa de nosotros, que también somos poder. Poder constituyente.
 

Javier Rubio.
 
www.caesasociacion.org
 
 
 

comentarios

1

  • |
    1,2,3 Get funky
    |
    Lun, 01/13/2014 - 20:09
    amén
  • laconquistadelderecho

    Este es un blog coordinado por Red Jurídica Abogados, pero escrito por profesionales del mundo jurídico de distintas partes del Estado y con diferentes proyectos y opiniones respecto de las cosas que se cuentan en él. Con este blog intentamos pulsar, desde una perspectiva crítica, la actualidad jurídica y crear un marco conjunto para pensar cómo construir una justicia de los comunes.

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