Tengo amigos y amigas que apuestan y está más o menos comprobado que la mayoría lo hacen contra sí mismos. El esquema es así: si mi amiga o amigo es del Barcelona, en general lo que hace es apostar a favor del Real Madrid. La razón es que si gana el Barcelona se alegrará porque ha ganado su equipo, y si lo hace el Real Madrid lo hará porque ha ganado dinero. El argumento, en mi opinión, funciona mejor en sentido contrario: apostando contra ti mismo en general lo que haces es garantizarte la amargura. Yo, en cuestiones jurídicas lo hago constantemente y gano, es decir, pierdo, todas las veces.

 
Una de las últimas ha sido con el Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que acaba de cerrar su fase de alegaciones. Para quienes no estén muy seguros de en qué consiste esto lo explico como solemos explicar los juristas las cosas: citando conceptos jurídicos indeterminados y grandilocuentes y a la Constitución, valga la redundancia. Y es que la justicia gratuita es una de las bases de lo que los analistas llaman (marcando mucho el posesivo y la mayúscula) nuestro Estado de Derecho. Y claro, como no podía ser de otra manera deriva de la Constitución, que en su artículo 24 establece el derecho a la tutela judicial efectiva, que significa más o menos que todos tenemos derecho a ir a la cárcel cuando nos lo diga un Juez. Pero como algunos somos pobres hasta para ir a la cárcel cuando nos lo ordenan, la Constitución en su artículo 119 dice que tenemos derecho a que los procedimientos judiciales nos salgan gratis si acreditamos no tener recursos para sufragarlos. Esto ha estado regulado en distintas leyes (la actualmente en vigor es la Ley 1/1996), y siempre ha molestado a los poderes públicos, que consideran que al parecer abusamos de divorciarnos de quien nos maltrata, de pedir a las entidades financieras que nos devuelvan el dinero que nos han estafado y sí, también de ir a la cárcel de vez en cuando.
 
Cuando se publicó la Ley de Tasas, que es quizá el punto álgido del proceso de precarización de la administración de justicia, se nos dijo que en un plazo breve se publicaría una Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que limitaría los efectos dramáticos que sobre la ciudadanía ha tenido la primera. Es más, se afirmaba que lo recaudado mediante las tasas judiciales vendría a financiar la ampliación del derecho a la justicia gratuita. Claro, pensó mucha gente: la típica estrategia del palo y la zanahoria. Mentira, pensé yo (y otros cuantos descreídos y descreídas): ya verás como después del palo de la Ley de Tasas viene el palo de la Ley de Justicia Gratuita.
 
Y he ganado. Es decir: he perdido. También dirán que era una victoria/derrota fácil, y tendrán ustedes razón. Entiendo que el ejemplo del primer párrafo del Madrid y el Barcelona no es equiparable a apostar a que el actual Ministro de Justicia te la va a liar. Eso, haciendo la traslación a términos futbolísticos, es como apostar a que el Madrid o el Barcelona ganarán de paliza al equipo de tu barrio: una apuesta fácil, vaya.
 
Porque el Anteproyecto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es un palo y no una zanahoria, y eso se ve a kilómetros o, mejor dicho, con sólo revisar su Exposición de Motivos, en la que los tres ejes de la política del actual gobierno quedan explicitados. En primer lugar el sometimiento de los derechos a los mercados: “El alcance y configuración legal de este derecho aparece, pues, unido a la existencia de recursos presupuestarios suficientes para su sostenimiento, algo que adquiere especial relevancia en la coyuntura actual. En este sentido, los objetivos de reducción del déficit público exigen de las Administraciones públicas la máxima eficiencia en la asignación de los recursos públicos” En segundo lugar la limitación del ejercicio de los derechos: “De la misma forma, la constatación de situaciones de abuso de este derecho lleva a establecer una presunción de las mismas cuando el número de reconocimientos a favor de la misma persona supera el número de tres en un año (excepto en el orden penal), considerando que por encima del mismo se está ante situaciones patológicas que, con carácter general, no puede atender el sistema” Y en tercer lugar la extensión de la labor policial y el fomento de la violencia horizontal: “se establece la obligación de que abogados y procuradores denuncien ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita las situaciones de abuso del derecho por parte de beneficiarios que recurran sistemáticamente a este beneficio para pleitear de manera injustificada y prácticamente con el único motivo de eludir el cumplimiento de sus obligaciones.” Si es un marrón, viene firmado por el Ministro de Justicia y tiene que ver con un servicio público… claramente no es una zanahoria.
 
La fase de alegaciones al Anteproyecto de Ley acabó el día 25 y hay unanimidad en el sector por primera vez en mucho tiempo: la norma es muy mala. La ingente cantidad de alegaciones denuncian, de forma más o menos certera, que precariza el servicio, limita el derecho, impone trámites de imposible cumplimiento a los ciudadanos, y no sirve a los fines de racionalización del sistema. Ahora el Ministerio de Justicia debería analizar las alegaciones y modificar el Anteproyecto para hacer una Ley que garantice efectivamente el derecho y lo mejore. Sin embargo tengo para mí que no va a cambiar mucho, y que sólo desde la calle y los Juzgados conseguiremos parar el proceso de precarización de la administración de justicia. ¿Alguien se atreve a apostar en mi contra?
 
Ignacio Trillo
@laredjuridica