Jordi Estivill e Ivan Miró. Xarxa de Economia Solidaria.
 
El parlamento Catalán con 105 votos a favor y 27 en contra, los del PP  y de Ciutadans, ha adoptado una resolución que pide al gobierno que elabore y apruebe una ley sobre economía social y solidaria. Es la primera vez que un parlamento en el estado español adopta una resolución en la que aparece la economía solidaria. Existen ya leyes sobre la economía social, la votada por el parlamento español por ejemplo, y multitud de ellas sobre las diferentes familias de la economía social: Cooperativas, Asociaciones, Mutualidades y Fundaciones. Pero la noticia es la voluntad legislativa de asociar a esta y a la economía solidaria. Además en la resolución se alude a la crisis y a la mejor resistencia de este tipo de economías  frente a sus consecuencias negativas, a la oleada neoliberal y a la existencia de otras leyes parecidas en otros países como Ecuador, Quebec, Francia,…

Esta resolución es un importante desafío y constituye una gran responsabilidad para los que nos reclamamos de la economía solidaria. Nos obliga a posicionarnos frente al proceso legislativo, frente a las organizaciones políticas, a encontrar alianzas con otros movimientos sociales, a definir mejor nuestro perímetro identitario, a establecer un sistema de participación, consultas y decisiones lo más amplio y abierto posible, a desarrollar nuestra cultura política para no caer en respuestas simplistas o en propuestas corporativas, a incorporar nuevos contenidos (iniciativas informales,  autogestión de bienes comunes, dimensiones de género, medio ambientales, informáticos,…) y nuevos valores (reciprocidad, gratuidad, solidaridad, participación, democracia económica…).

Cabe constatar que las leyes pueden tener consecuencias positivas y negativas para los ciudadanos y sus organizaciones. A veces, pasan desapercibidas. Como advierte el cooperativista catalán Ventosa y Roig, por aquel entonces exiliado en América Latina, en un librito que publicó en 1949, la historia muestra que cuando las leyes son abiertas, genéricas, no detallistas y con ausencia de espíritu punitivo y controlador favorecen el progreso de la economía social. Este es el caso de las leyes republicanas, española y catalana de los años treinta sobre las cooperativas o el de la ley Italiana sobre las cooperativas sociales del año 1991. Las primeras fueron la expresión de la efervescencia política progresista y de la maduración del cooperativismo y la estatal italiana fue precedida por muchas leyes regionales, por centenares de experimentos y por un amplio debate entre las diferentes familias políticas e ideológicas del cooperativismo de aquel país. No sería difícil encontrar normativas represivas, controladoras y perjudiciales como la ley franquista de 1944 o la de Salazar de la misma época. La ley Belga de 1995 sobre las sociedades de finalidad social seria un ejemplo de las que pasan sin pena ni gloria.

Como a nadie se le escapa,  las leyes son una cristalización de la relación de fuerzas y muy a menudo la expresión de los intereses dominantes. En este sentido puede ser útil preguntarse sobre el peso y la importancia de la economía solidaria en Catalunya y de su capacidad de convocatoria y dialogo con otros movimientos sociales que se sitúan en la perspectiva de la transformación social y con las varias expresiones de la economía social. El proceso de su elaboración las va a poner a prueba. Pero este proceso es también una ocasión para la autodefinición, para establecer un debate interno  sobre las propuestas y contenidos,  y otro externo, con otras expresiones formales e informales de la sociedad civil. Es también una oportunidad para hacer pedagogía, para dar visibilidad a tantos esfuerzos que se hacen cotidianamente, para neutralizar a los contrincantes, convencer a los indiferentes y fortalecer a los amigos.

La Xarxa d’Economía Solidaria de Catalunya ha asumido el reto. Su comisión permanente ha decidido crear un grupo de trabajo que ha definido unas primeras tareas y un calendario. Reunir, comparar y analizar leyes parecidas de otros países y conectar con personas que puedan explicar los procesos legales y sus consecuencias (Ecuador, Quebec, Méjico, Portugal, Valonia, Francia,…), formular un primer catalogo de contenidos (preámbulo, definición y principios, objetivos de la ley, políticas públicas, estructuración interna…) establecer una primera lista de contactos, son algunas de las actividades que se han emprendido.

Conscientes de que este proceso va a ser complejo y nada fácil, hacemos un llamamiento a todos los que quieran contribuir a él. Serán bienvenidos. Si conseguimos que tanto el proceso de formulación de nuestras propuestas como el del diseño de la ley sea participativo, abierto a todas las expresiones y refleje, de alguna manera, la actual ebullición de la economía solidaria aquí y fuera, entonces habremos dado un paso adelante, aunque la formulación concreta de la definitiva y aun lejana ley no vaya a ser la que nosotros habríamos deseado.