A dos años del 15M, y en gran parte gracias a la nueva coyuntura económica –de la recesión al estancamiento– que han traído las políticas monetarias expansivas de la Reserva Federal estadounidense y del Banco Central de Japón –que recordemos, redirigen las ansias de beneficio del capital financiero desde los mercados secundarios de deuda hacia los ciclos bursátiles y calman, por tanto, la presión sobre las primas de riesgo europeas–, podemos descubrir algunas líneas, sin duda frágiles, de recomposición del régimen.
La primera la encontramos en el juego territorial. En concreto, en Cataluña. Pese a lo que pueda parecer a primera vista, hasta ahora el proceso catalán ha tenido como efecto la recomposición de los actores políticos del régimen: CiU y ERC de un lado y PP, del otro. Es algo que viene funcionando desde hace treinta años. La cultura “nacional", la “Cultura de la Transición” (CT) se ha forjado precisamente en la tensión nacionalista. Cuando esta última emerge, los términos del debate político "legítimo"se reacomodan y, por supuesto, el nacionalismo español se recompone de forma especular. La tensión nacionalista supone simplemente la reordenación del espacio político de la CT y nos obliga a unos y otras a hablar desde nuestras respectivas posiciones territoriales, lo que evita que nos planteemos tumbar conjuntamente a nuestras elites. Esas que sí se encuentran funcionalmente vinculadas. No se debe poner en duda que las buenas intenciones independentistas quieran romper muy justamente con el régimen del 78. Sin embargo, pese a las apariencias, se está optando –si es que "optar" es aquí el verbo correcto– por el camino largo en lugar del corto. Sin un movimiento conjunto de las realidades de todo el Estado va a ser muy complicado doblegar tanto a las élites locales catalanas y sus partidos-régimen –CiU y su solución de recambio ERC– , como a su contraparte española.
Respecto a la reforma de la ley del aborto de Gallardón y más allá de consideraciones estratégicas, el problema fundamental es que las mujeres vuelven a considerarse menores e incapaces, por tanto, de decidir si desean o no, ser madres. Y las que no lo deseen tendrán que pagar su “culpa” de una u otra manera: pagando un aborto ilegal, a riesgo de su salud, su bolsillo y su libertad, o yéndose a otro país más respetuoso con la libertad de decidir de las mujeres. Y todo esto por culpa de las ambiciones políticas de un oportunista político que necesitaba un poco de perfil derechista para preparar su asalto futuro al sillón presidencial como un posible recambio de Rajoy. Pero además, esta ley también puede recomponer el espacio político, en concreto rehabilitando la posición del PSOE como espacio "progresista" en las "guerras culturales". Y, por tanto, reabriendo el juego bipartidista. A nadie debe escapársele que para la promulgación de esta ley –que satisface a sus minorías más militantes y montaraces– el PP ha tenido que abandonar la posición de enroque en la lógica de Estado donde le situaba la tutela directa de la UE del programa de recortes y privatizaciones. Suficiente es caer diez puntos en las encuestas cada vez que recortan y privatizan como para encima abrir frentes "culturales". Como efecto asociado, el PSOE no podía desplegar sus diferencias "de régimen", las que, una vez más, constituyen el debate CT legítimo, y se hundía en la misma lógica de la necesidad de Estado que el PP. En última instancia, el evidente riesgo de que la reordenación de élites impuesta por la austeridad provoque una ruptura por la derecha, junto con la ambición personal de Gallardón y un contexto de impasse económico global, han provocado la apertura de este frente de recomposición del régimen que es la reforma de la ley del aborto.
Quizá lo que toca es aprender precisamente de la paciencia y la perseverancia del movimiento feminista, un movimiento al que una y otra vez le han quitado el suelo firme ganado con sus luchas –el aborto es el mejor ejemplo– y una y otra vez se ha levantado para volver a batallar por esos mismos derechos y otros.
Isidro López
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