Ni constituyente, ni destituyente. El proceso realmente existente es de naturaleza deconstituyente y ha acabado con el consenso de postguerra sobre el que se reconstruyeron las sociedades europeas: participación del trabajo en el reparto de la renta y sólidos (incluso rígidos) mecanismos de intermediación de intereses que, a escala nacional, aseguraron la construcción de derechos sociales y políticos. No sin sinsabores, claro. Pero baste aquí con señalar que son los derechos arrancados durante esas décadas los que ahora están desapareciendo.

La historia es bien conocida. El final de Bretton Woods despojó a los estados de buena parte de los instrumentos con los que habían modulado su vulnerabilidad ante un capital que ganaba libertad y poder. Y los cambios no tardaron en llegar: incluso antes de Reagan y Thatcher, Carter y Callaghan estaban ya anticipando el programa que sus sucesores sabrían encarnar mejor que nadie. Sin embargo parece que hemos olvidado que los gobiernos de la Europa continental respondieron a la crisis de la década de 1970 con programas que profundizaban en la lógica del pacto social de postguerra. Fracasaron todos. El caso más palmario, le tournant de la rigueur de Mitterrand, en 1983, después de haber emprendido un programa de nacionalizaciones, gasto público y aumentos salariales. Las normas del juego habían cambiado también para los estados del continente.

En ese contexto, a las clases dirigentes europeas se les planteaba un reto bifronte: ¿cómo combinar la entrada en crisis de las estructuras sociopolíticas de los estados europeos con un proyecto de cooperación regional que requería de previsibilidad? ¿Cómo proceder a la voladura de unas estructuras y culturas domésticas que, aunque incapaces ya de actuar eficazmente, alimentaban todavía las expectativas de los ciudadanos y mantenían la capacidad de desestabilizar los equilibrios de la CEE y de dificultar su sumisión a lo que ahora llamamos globalización neoliberal?

La propia integración europea, convenientemente reorientada, proporcionó la tecnología institucional, política y cultural para ello. Entre Escila y Caribdis, el proyecto europeo debía evitar la creación de una autoridad federal con capacidades estatales de intervención en la economía y, a la vez, privar a los estados de suficiente poder como para vaciar de contenido la soberanía popular. La construcción del Sistema Monetario Europeo en 1979 fue el primer paso, el Acta Única el segundo y el Tratado de Maastricht la construcción de toda una arquitectura institucional para ese propósito. Para decirlo con brevedad, la UEM ha dislocado la soberanía económica (soberanía monetaria federalizada, soberanías fiscales a escala nacional). Y con ello ha tenido un efecto doble: reducir el margen de maniobra de los gobiernos (sesgando su política económica hacia la derecha) y, a la vez, aumentar su autonomía con respecto a la sociedad (blindando el sesgo contra cualquier presión popular). Un auténtico “nuevo constitucionalismo” (Stephen Gill), minuciosamente construido. Ya lo dijo Polanyi: “el laissez-faire fue planificado, la planificación no”.

Así, desde finales de la década de 1980 la construcción europea responde a un proyecto orientado a proteger los intereses del capital internacional y a aumentar la exposición de las sociedades europeas a las fuerzas erosivas de la globalización. La UE se ha convertido en un dispositivo de clase para deconstituir las sociedades construidas, mal que bien, sobre el consenso post-1945.

No obstante, y este es nuestro drama, cualquier opción renacionalizadora está condenada al fracaso. En primer lugar, porque un ruptura de la UE se llevaría por delante buena parte de nuestro maltrecho tejido productivo, como han señalado, desde perspectivas muy diversas, Antoni Domènech (aquí y aquí) y Eichengreen. Además de los problemas técnicos, están las desinversiones, la contracción del crédito y la combinación de estar endeudado en euros y cobrar en pesetas. También la dislocación de las relaciones comerciales y políticas con nuestro entorno. En segundo lugar, porque si algo nos enseña la experiencia de la década de 1970 es que los estados europeos no están en condiciones de enfrentarse a una economía globalizada y financiarizada. Como escribieron Madrilonia, replegarse en los estados-nación “no es más que una salida hacia una austeridad autoelegida que confunde la soberanía con una autonomía meramente formal”. Solo la extrema derecha podría capitalizar políticamente una situación de este tipo.

Estamos pues obligados a dar la batalla para reconstruir en Europa las condiciones de la soberanía popular que la UE ha contribuido a desmantelar. Esto es, huir del repliegue nacional, el fantasma que recorre por ahora Europa, y construir la existencia de un demos europeo. O si se quiere, hacer a escala europea el camino inverso al que en 1989 recorrieron los alemanes orientales y pasar del Wir sind ein Volk al Wir das Volk: de la reclamación de unidad nacional, domesticada y funcional a los intereses del gran capital germano-occidental, a la reivindicación popular y democrática, en lo político y lo económico. No nos queda otra.
 

Oriol Costa

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