Saberes
Análisis y propuestas para una transformación democrática
01
Dic
2014
11:31
Frente a la gran estafa: ¿regeneración o revolución democrática?
Por Fundación de los Comunes

Imagen de Josep Tomàs

 

Blesa, Rato, Nóos, Cristina de Borbón, Gürtel, Bigotes, Bárcenas, Camps, tarjetas Black, Moral Santín, Virgilio Zapatero, Operación Púnica, Granados, Conesa, Fraile, Monago, ERES, clan Pujol, caso Madeja, Operación Enredadera, Gómez Lobo, Torrijos... La lista en la que en los últimos años se acumulan las operaciones policiales y judiciales relacionadas con casos de corrupción, así como los nombres propios o apodos de las personas vinculadas a dichos asuntos, no deja de extenderse.

Esta interminable sucesión de toda suerte de corruptelas —malversación de fondos públicos, evasiones fiscales, financiaciones ilegales de partidos y un largo etcétera aún por descubrir, destapar, denunciar y juzgar— podría resumirse en una fórmula sencilla: robo flagrante de las élites, económicas y políticas, a la ciudadanía, o atraco insoportable del 1% al 99%.

A esta gran estafa se tiende a responder de dos maneras principales y diametralmente opuestas: la que trata los hechos como una enfermedad exógena y la que, por el contrario, los aborda como una mal endógeno.

En la primera cabría incluir las reacciones que analizan la situación como un problema moral. Estaríamos, por lo tanto, ante el viejo dilema de buenos y malos, como en las películas infantiles. Habría así, entre los servidores públicos, unos señores y señoras buenos, capaces de sacrificarse en aras del bien común. Pero también, y como en cualquier otro campos social, mala hierba, miserables capaces de beneficiarse de su situación de poder para convertir lo de todos (arcas públicas, recursos públicos, servicios públicos, propiedades públicas) en un privadísimo negocio del que sacar tajada. Desde esta perspectiva, la solución sería la “mano dura”: expulsión del partido, del sindicato o del gobierno —severidad discursiva en la que andan compitiendo precisamente las organizaciones políticas afectadas, es decir, todas— y, por ende, el recurso a las medidas legales y judiciales —abundando así las declaraciones y opiniones de políticos y tertulianos a favor de la legislación de nuevas penas o de endurecimiento de las existentes—. Según este enfoque, viviríamos en el mejor de los mundos posibles: el sistema va bien, España va bien —como decía aquel—, pero los virus pueden atacar cualquier organismo, por muy sano que este sea. La cura consistiría, en consecuencia, en eliminar el virus, en extirpar los elementos exógenos, malignos, que tratan de dañar nuestras instituciones. La operación se denominaría regeneración.

Ahora bien, si se piensa la corrupción como una enfermedad endógena, es decir, causada por agentes internos al propio organismo, la forma de enfrentarla y de ganarle la batalla es completamente distinta. Desde esta hipótesis, las causas de la corrupción generalizada que padecemos es preciso buscarlas en el seno del cuerpo social. Forman parte de sus genes. No se trata de un ataque externo causante de infecciones inesperadas a lo que, de forma natural, debería funcionar de manera perfectamente saludable, sino de una tara en el mismo ADN. Por eso se habla con frecuencia, y muy acertadamente, de corrupción sistémica. Pero, ¡ojo!, sistémica no es sinónimo de ampliamente extendida o generalizada, como suelen dar a entender los media, sino equivalente de funcional, de constitutiva del sistema. En otras palabras: nuestro sistema político, económico y social produce corrupción y se reproduce gracias a ella. El cáncer que nos come por dentro se denomina “lo llaman democracia y no lo es”.

Y no lo es porque el poder de decisión sobre los asuntos que nos incumben está absolutamente secuestrado por los partidos políticos, que atienden principalmente a sus propios intereses de reproducción. Las instituciones políticas no están diseñadas para una implicación efectiva de la ciudadanía, en ninguna escala —local, autonómica, estatal o europea— y a ningún nivel. Frente a la política profesionalizada, nosotros y nosotras carecemos de dispositivos efectivos de toma de decisión, así como de mecanismos de control sobre nuestros supuestos representantes. No disfrutamos de la posibilidad de revocarlos cuando se desvían de las políticas propuestas en sus programas y por las que fueron votados. No disponemos de información accesible, clara y transparente sobre las actuaciones de gobierno.

Si ponemos el foco, por ejemplo, en la descentralización administrativa cuya función debería ser, en principio, distribuir poder, esto es, aproximarlo a las y los ciudadanos, a sus demandas y a su seguimiento de las acciones de gobierno, nos damos cuenta de que el reparto de competencias, pero también de financiación para asumirlas, entre autonomías y municipios, se ha materializado en una privatización de las administraciones locales y autonómicas. El hecho de que el 30% de la financiación de las primeras y el 50% en el caso de las segundas haya dependido del “monocultivo fiscal sobre el ciclo inmobiliario”, es decir, de ingresos provenientes del ladrillo, ha generado competencia entre regiones y pueblos: esto es, desarrollo entendido únicamente como crecimiento urbanístico y multiplicación de infraestructuras. Esto ha multiplicado las redes clientelares, el caciquismo, la privatización de los beneficios durante los momentos álgidos de la burbuja inmobiliaria y la socialización de las pérdidas tras su estallido.

Por eso, si bien cada individuo corrupto ha de hacerse responsable jurídica y penalmente de sus robos, esto no basta en absoluto. Para que la casta actual no sea remplazada por otra distinta, para que la transformación no sea simple recambio de élites (regeneración), para que el dinero de todos vaya, por fin, a donde todas y todos decidamos y no a los bolsillos de unos pocos, lo que hace falta tiene un solo nombre: revolución democrática.

El desafío democratizador reside en hacernos capaces de diseñar unas nuevas instituciones que desprofesionalicen poco a poco el campo de la política para convertirlo en terreno de juego de todos y de todas. En dotarnos, como ciudadanía, de las herramientas que nos conviertan en agentes principales de las decisiones sobre la vida en común y del control efectivo de su materialización. En experimentar, con todas sus dificultades y obstáculos, nuestra capacidad de autogobierno.

En este sentido, las iniciativas municipalistas de base, que son la apuesta política de los diferentes Ganemos, de su objetivo de diseñar candidaturas ciudadanas en las elecciones municipales, de su propósito de edificar una nueva institucionalidad realmente democrática, no deberían detenerse en la escala local. Es cierto que empezar por lo más próximo significa aprovechar la mayor afección suscitada por los problemas más cotidianos, así como la menor dificultad de organizarse a este nivel. Pero su vocación democratizadora no puede constreñirse a este marco. El movimiento municipalista habría de funcionar, más bien, como una palanca de democratización que, apoyándose en lo local, fuera ascendiendo a todas las escalas.

De lo local a la democratización en Europa. De una Europa democrática a una democracia global.

Ese es el desafío. Ahora es el momento. Aún estamos a tiempo.

 

Marisa Pérez Colina
Fundación de los Comunes

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