Vivimos en un Estado en el que el fascismo simplemente ganó la guerra. Tras el triste, por grotesco y falso, periodo de transición surgió el terrorismo de Estado, de manos de un gobierno que se autoproclamaba de izquierdas. Actualmente, en la coyuntura política y económica de la Europa de la Troika, la deriva del Estado español gobernado por la derecha más rancia desde el propio caudillo, resulta evidente. Tras 29 reformas del llamado Código Penal de la Democracia, podemos decir sin temor a exagerar, que el Estado español es un Estado carcelario, vengativo, que no usa sino que abusa de la prisión como método de evasión de los problemas y olvida que la pena privativa de libertad es un atentado a los DDHH de las personas justificado por la lógica de los Estados a los cuales este sistema de control social les viene de perlas. Las cárceles y sus personas presas se convierten en el chivo expiatorio perfecto de cualquier problema social o político: sus grandes infraestructuras son algo en lo que invertir, perpetúan las desigualdades sociales y sirven para apartar de la vida tanto la disidencia como la miseria y sus mil caras. Para muestra, la cadena perpetua revisable o cómo adelantar su aplicación. Sí, la doctrina del Tribunal Supremo 197/2006, conocida por el apellido del preso que fue el primero en sufrirla, la Doctrina Parot.

El antiguo Código Penal de 1973 permitía condenas de hasta 30 años, pero existía la redención por trabajo, esto es, dos días de trabajo restaban un día de condena. Esto era así entre otras cosas porque se entendía que un cumplimiento máximo de 30 años era la práctica totalidad de una vida humana, al menos, de una vida adulta. La trampa del CP de 1995 fue acortar las condenas pero suprimir la redención por el trabajo, con lo que, a la postre, las condenas eran de facto más largas. Las enésimas modificaciones sufridas por este cuerpo legal han ido, en general, alargando las condenas, de tal modo que una persona actualmente puede estar entre 30 o 40 años en la cárcel.

Las personas que se encuentran en el gobierno no están acostumbradas a gobernar, sino más bien a administrar sus fincas. Son amos y no responsables públicos y por eso se permiten hacer trampas. A eso se refería el actual Ministro del Interior cuando en marzo de este año, y ante el seguro varapalo que iba a caer desde el TEDDHH, dijo que elaborarían una adecuada “ingeniería jurídica”. Porque para cualquiera que sepa algo de derecho, la interpretación retroactiva de la norma penal restrictiva de derechos (la libertad de las personas presas también es un derecho) atenta directamente contra los pilares de lo que tanto gustan llamar Estado de Derecho, violando principios como el de legalidad o el de seguridad jurídica.

La sentencia de Estrasburgo aclara desde luego dos cosas: una, que los DDHH son también para las personas presas, algo que a parte de la actual sociedad española le cuesta mucho asumir como resultado buscado y logrado tras años de legislar a golpe de noticia y de aplicación del derecho penal del enemigo, que no es otra cosa sino el castigo no ya por comisión de delitos, sino porque la persona resulta peligrosa, concepto jurídico indeterminado, de los que se supone no deben existir en un ordenamiento jurídico. Nos han querido educar para no querer soluciones, solo venganza. Y dos, que en el Estado español, la independencia judicial es una expresión vacía de contenido, ya que la doctrina 197/2006 respondía al deseo político de los distintos ejecutivos de alargar las condenas a cierto tipo de personas presas, afectando, no obstante, a todas las que estuvieran en situaciones semejantes. Pese a la apuesta clara de resolución del conflicto político vasco por vías estrictamente democráticas y no violentas, el Estado quiere más venganza, más dolor. Demasiados réditos electorales ha exprimido de este conflicto como para dejar que se desdibuje el fantasma de miedo y odio alimentado y sostenido durante tantos años.

Pero legislador juega con ventaja porque el Código Penal que viene instaurará, entre otros muchos retrocesos y pérdidas de derechos, la cadena perpetua. Revisable, sí, pero sobre todo perpetua. Y es que la trampa de la Doctrina Parot tenía caducidad y los expertos en ingeniería jurídica lo sabían de sobra.

¿Habrá también después una Europa que nos salve de nosotrxs mismxs?

June Donemiliaga