Con este texto comenzamos una serie que tiene como objetivo situar los debates que se desarrollarán en las II Jornadas de Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder y que tendrán lugar los próximos 20, 21 y 22 de enero en Pamplona. Publicamos este texto coincidiendo con una semana de movilizaciones por los derechos de los y las migrantes.

Marisa Pérez Colina (@alfanhuisa)
 

Con este título de resonancias quizá un tanto postmodernas y pedantes, nuestra intención es realizar un diagnóstico compartido y trazar algunas líneas de acción determinadas en torno a una preocupación muy concreta: la traducción a escala municipal de los regímenes de extranjería diseñados institucionalmente a escala europea y estatal.

Partimos de una premisa: la fuerza de un movimiento municipalista reside fundamentalmente en su capacidad de transversalizar las luchas de los y las de abajo. La construcción de un movimiento municipalista mestizo, de una articulación de movimiento entre personas autóctonas y personas de origen migrante nos parece vital.

Necesitamos trabar una alianza imprescindible entre unas y otros para desmontar los discursos racistas, islamófobos, securitarios y criminalizadores que intentan separarnos. Creemos que es urgente sumar fuerzas en pos de un objetivo común: la riqueza que producimos entre todos y todas, esa que reproduce cada día nuestras ciudades y pueblos, ha de ser igualmente repartida entre todos y todas, independientemente del color de nuestra piel, de nuestros países de origen, de nuestras diferencias culturales o religiosas.

Con tal presupuesto de partida y en busca de este objetivo general, el eje de trabajo Municipalismo transfronterizo del MAK2 se centrará precisamente en algunas de las aberraciones generadas por las políticas institucionales de discriminación por razón de extranjería. Concretamente en la persecución cada vez más violenta de la venta ambulante, las políticas securitarias y la existencia de los CIE’s, así como los recursos y herramientas institucionales relativos a la acogida de personas refugiadas. La idea es, en primer lugar, analizar los discursos que justifican tales mecanismos de racismo institucional y poner en común sus consecuencias materiales en las vidas de la gente. Pero a la vez y, sobre todo, en tanto nuestra tarea es potenciar la capacidad de organización de movimiento, el espacio de trabajo tratará de lanzar algunas hipótesis de trabajo posible destinadas a revertir tales condiciones de partida.

Algunas tareas para municipios de vocación transfronteriza

A escala local hay mucho trabajo por hacer en múltiples terrenos. Es cierto: existen limitaciones competenciales que, desde el ámbito institucional pueden esgrimirse para justificar la inacción y, con ella, la legitimación de los ataques diarios a la dignidad de las personas de origen extranjero. Pero desde el movimiento municipalista no nos podemos permitir el lujo de creer en límites. Tan solo reconocemos la existencia de obstáculos. Y estos, por muy altos, extensos o espinosos que sean, siempre se pueden saltar. Como las fronteras. ¿Cuáles son, entonces, las fronteras urbanas que queremos demoler?

• La descriminalización de la venta ambulante. La persecución despiadada —violencia policial y económica— de los vendedores manteros y lateros, trata de evitar, como las fronteras exteriores, lo inevitable: que personas con escasos recursos y dificultades multiplicadas —ley de extranjería mediante— para acceder a ellos, sobrevivan como puedan. Para justificar esta represión hoy en ciudades como Barcelona o Madrid, las instituciones tienen dos ases bajo la manga: en primer lugar, manteros y lateros serían víctimas de unas supuestas “mafias”, en segundo lugar, los productos con los que comercian infringen las leyes de propiedad intelectual e industrial. Un reto del movimiento municipalista sería, en este sentido, desvelar el truco escondido en dichas cartas y legitimar la venta ambulante hasta lograr legalizarla: todos sabemos que esas mafias no existen, que las leyes de propiedad intelectual e industrial atentan gravemente contra algunos derechos fundamentales —como el derecho a la salud— y que la venta ambulante es, cada vez más, una forma de sobrevivir no solo para manteros y lateros, sino para cada vez más segmentos de población absolutamente excluidos del acceso a la “economía formal”.

• La despolicialización de los conflictos urbanos y el desmontaje de las políticas securitarias. Con la excusa de la inseguridad subjetiva pero atendiendo tan solo a determinadas subjetividades —las de los vecinos, principalmente hombres, siempre blancos, preferiblemente de edades comprendidas entre los 45 y los 65 años y, en general, comerciantes que acuden religiosamente a los consejos de seguridad de los distritos—, nuestras calles se pueblan de dispositivos de videovigilancia y de toda suerte de cuerpos policiales. ¿Pero la policialización y la vigilancia son, de verdad, las formas más eficaces de resolver los conflictos urbanos? ¿No deberían emplearse más bien, dada su alta capacidad de criminalización de los colectivos más vulnerables, como el último recurso reservado para delitos de determinada gravedad? ¿No terminan extendiendo un imaginario de miedo al Otro, ese Otro siempre radicalmente distinto, peligroso, expulsable? ¿No resultan contraproducentes frente a la posibilidad de generar vínculos sociales capaces de fomentar una seguridad más profunda, esto es para todos y todas, dentro y fuera de nuestros hogares, en sociedades urbanas cada vez más plurales, complejas y atomizadas?

• El cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Compartiendo plenamente con la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones el hecho de que “no hay alternativas a los CIE” y que “la única alternativa es cerrarlos y generar un cambio de paradigma en las políticas públicas de migración”, ¿no sería una función del movimiento municipalista respaldar y alimentar todas las iniciativas actuales dirigidas a cerrar los CIE y a impedir las deportaciones, así como inventar otras nuevas? ¿Y no nos correspondería, además, mantenernos ojo avizor ante la posible privatización de los mismos o ante su remplazo por exóticas ocurrencias —como los pisos tutelados— aparentemente más “humanitarias” pero igualmente injustificables desde el punto de vista ético y legal, así como igualmente inútiles desde la perspectiva de disuadir los proyectos migratorios?

• La pasividad ante la situación de las personas refugiadas. El movimiento municipalista debería trabajar para aumentar la visibilización y la denuncia del vergonzoso incumplimiento de los acuerdos de reubicación asumidos por el gobierno del Estado español (compromiso de reubicación y reasentamiento paulatino de 19.219 refugiados, de los que en julio de 2016 solo se había acogido un 2%). Algunos gobiernos municipales del cambio justifican su inacción en este terreno por la no llegada efectiva de estos refugiados. Sin embargo, según datos de la Red Solidaria de Acogida (RSA), en el año 2005 se tramitaron 14.600 solicitudes de asilo. Esto es, personas refugiadas, con el estatus jurídico reconocido o no, haberlas haylas. Y necesitan, como todas las personas, una vivienda digna, formación, salud e ingresos que les permitan comer, alimentarse… vivir. Los recursos públicos municipales deberían de hacerse cargo de todas estas necesidades.

Algunos desafíos para un municipalismo transfronterizo

En torno a las cuatro tareas anteriormente expuestas existe, evidentemente, una miríada de colectivos y redes que están sacando adelante un trabajo ímprobo desde iniciativas autoorganizadas y autónomas. El propósito de este eje de trabajo sería, entonces, poner en común las líneas de acción política desarrolladas en las diferentes ciudades en relación a estas cuatro patas —actuaciones desde la institución, acción desde los movimientos—, de cara a trazar algunos objetivos concretos por los que pelear de manera conjunta: discursos compartidos, exigencias paralelas, cooperación y puesta en común de recursos. A este fin, desde el movimiento municipalista tendríamos que afrontar varios desafíos:

• El desafío de la autoorganización migrante. Si la cuestión de la autoorganización es clave para el desarrollo, en general, de un movimiento municipalista que vaya ganando consistencia, en la movilización contra los regímenes de extranjería los retos de la autoorganización son aún más complicados, si cabe. La presión de la institución, por un lado victimizadora —medidas sociales basadas en el paradigma de la exclusión—, por otro lado criminalizadora y represora —hostigamiento y violencia policial, constantes detenciones en comisarías y CIE’s—, genera tales condiciones de asimetría entre autóctonos y extranjeros, que a veces es muy complejo salir del asistencialismo y las medidas de urgencia en los espacios políticos mestizos, esto es, en las iniciativas habitadas tanto por autóctonas como por personas migrantes y/o de origen extranjero. El reto del movimiento municipalista sería impulsar el empoderamiento y la autoorganización migrante, apostar por la generación de espacios de completa autonomía.

• El desafío de la doble articulación. Para destruir las fronteras internas de nuestros municipios es preciso dotarnos de una doble articulación. En primer lugar, entre espacios de autoorganización migrante y espacios mestizos o no migrantes. Esta cooperación es absolutamente necesaria de cara a poner en común recursos desigualmente distribuidos entre unos y otras, y cuya puesta en cooperación resulta indispensable para ganar cualquier batalla al régimen de extranjería. En segundo lugar, solo una articulación de escala estatal será capaz de dotar de una fuerza instituyente inesquivable las demandas concretas lanzadas desde los diferentes municipios.

• El desafío de la transversalidad de luchas y demandas. Este reto podría parecer contradictorio con el de la autoorganización migrante, pero no lo es. La autoorganización está relacionada con las relaciones de poder de “raza” y el necesario empoderamiento y creación de espacios militantes propios a los colectivos subalternizados. Pero si los conflictos suscitados desde las personas afectadas por la ley de extranjería no encuentran puntos de intersección con conflictos surgidos desde otros colectivos o realidades, su fuerza corre el riesgo de aislarse y de acabar muriendo. Así, pues, ¿pelear por la despenalización de la manta no podría compartir campo de batalla con las luchas por la legalización de la venta ambulante en general? ¿Y no sería más transformador políticamente exigir una renta básica para todos y todas, en vez conformarse con parches sociales exclusivamente dirigidos a las vecinas de origen migrante y favorecedores de su estigmatización como los eternos Otros?

La democracia será mestiza o no será

Es el momento de revertir la guerra entre pobres por una alianza democrática radical. La polarización social empieza a alcanzar cotas alarmantes en una Europa del capital que está dejando fuera de juego a capas cada vez mayores de su población. Una población europea que es, recordemos, desde hace mucho tiempo, mestiza.

Así, pues, por mucho que la extrema derecha y las extremas socialdemocracias —imposible olvidar el estado de guerra de Hollande— se empeñen en convencernos de que aún existen valores esenciales y trascendentes de alguna patria por recuperar; por mucho que las clases medias se resistan a dejarse arrebatar las riendas de la política de sus finas y blancas manos, el movimiento municipalista no se amedrentará por las políticas del miedo al Otro y la fragmentación (para someterlas) de las clases populares.

Nuestro objetivo solo puede ser el de tejer un desde abajo plural, un desde abajo instituyente y en movimiento, capaz de confrontar los discursos del sálvese quien pueda y de revertir las políticas de precarización y de fragmentación social. Nuestro proyecto es la construcción, día a día, de la única democracia posible: una democracia mestiza.