Manuel Gabarre y Sonia Martínez (@lventnousporte), activistas de Ganemos Madrid

Los grupos de poder que se consolidaron durante el franquismo continúan hoy manejando las riendas de la política y la economía española. Hasta el final de la transición los integrantes de las élites exhibían su poder sin ningún pudor. De esta manera, los españoles eran bien conscientes de quiénes ostentaban el poder. Sin embargo, la consolidación democrática durante el gobierno socialista provocó que estos grupos tendiesen a ocultar ese poder, ya que exhibirlo no hubiese sido demasiado bueno para la marcha de los negocios. De ahí que a mediados de los años ochenta se empezó a atenuar su aparición en las páginas de sociedad de diarios como ABC o en revistas como el Hola.

Una buena parte del fracaso económico y social que vivimos actualmente proviene de que los distintos gobiernos –tanto los socialistas como los posteriores– no trataron de sustituir un modelo concebido para el beneficio de unas élites parasitarias. González entre 1982 y 1996 inició el camino hacia un modelo de privatización del sector público. Algo que Aznar se aprestó a seguir empujando durante sus dos mandatos –de 1997 a 2004–, momento en el que se culminaron las grandes privatizaciones de empresas como Endesa, Tabacalera, Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural, algunas ya iniciadas por el anterior gobierno socialista. 

Se optó así por el infradesarrollo del estado del bienestar protegiendo los intereses de estos grupos, mientras elementos del Partido Socialista o del Partido Popular se incorporaban a estas élites. Es muestra de ello la función que ejercen las puertas giratorias. Así, González se incorporó al consejo de Gas Natural en el 2010 mientras que Aznar lo haría en Endesa como asesor externo en el 2011.

Sin embargo, a día de hoy este modelo político se muestra insostenible. El poder de estos grupos explica en buena medida por qué la electricidad es más cara en España que en el resto de la zona euro; por qué se permitió la reducción a sólo tres operadoras de telefonía móvil o por qué se sigue apostando por la privatización de los servicios públicos como la recogida de basuras en muchos municipios, a pesar de estar demostrado que el coste para las arcas públicas es mucho más elevado. La última adquisición de trenes AVE por RENFE es otro de los ejemplos a gran escala. Sin justificación suficiente, este mes de noviembre, RENFE ha adjudicado la fabricación de treinta trenes y su mantenimiento durante cuarenta años a la empresa TALGO, por más de 2.600 millones de euros, empresa propiedad de la familia Oriol, genuinos representantes de las élites franquistas más agresivas. 

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia estimó en 2015 que solamente los sobrecostes en la contratación pública por incompetencia o corrupción ascendían a 47.600 millones, a los que habría que agregar las pérdidas relacionadas con la corrupción urbanística o la malversación de fondos públicos. Revelar la identidad de los causantes del desmán económico y social que vivimos constituiría el primer paso para socavar un modelo económico que lastra el desarrollo del estado de manera insoportable y deteriora las condiciones de vida de buena parte de la población.  

¿Independencia judicial?

Por otro lado, la independencia judicial sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro país puesto que los partidos políticos son capaces de controlar los procedimientos judiciales que les afectan mediante diversos mecanismos. El Consejo General del Poder Judicial, cuya función principal es preservar la independencia de los jueces frente al poder político, está compuesto por jueces nombrados por los partidos políticos. Teniendo en cuenta que este órgano decide los ascensos y los destinos de los jueces, es lícito afirmar que el Parlamento reclama obediencia a las altas instancias del sistema judicial. Del mismo modo sucede con los fiscales: el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico a cuya cabeza se encuentra un jurista nombrado directamente por el Ministro de Justicia. Por tanto, podemos concluir que el Parlamento y el Gobierno controlan la cúspide judicial a través de la composición del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado. Por su parte, la figura del aforamiento tiene su fundamentación en esta capacidad de control, puesto que se trata de una situación jurídica por la cual unos 2.500 cargos públicos no serían juzgados por los tribunales de primera instancia, más difíciles de controlar por el poder político, sino por los tribunales superiores, cuya composición, de alguna manera, ha recibido algún beneplácito político. A este respecto, en octubre de este mismo año, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo Europeo publicó un informe de evaluación para la 'Prevención de la corrupción en los parlamentos, jueces y fiscales' en el que critica con dureza la falta de independencia judicial en España: “en lo que respecta a los jueces, es lamentable que no se haya hecho ninguna reflexión adicional,…, sobre cómo fortalecer la independencia del Consejo General del Poder Judicial, tanto en apariencia como en realidad…’. En este mismo sentido, más de 1.400 jueces suscribieron en 2010 un manifiesto por la despolitización de la Justicia y la independencia judicial reclamando un gran pacto de Estado para recuperar la "dignidad" del Poder Judicial, ya que, en su opinión, cada vez era más permeable a las influencias políticas.

¿Quién manda en nuestras ciudades?

Debido a todos estos condicionantes no se puede hablar de una efectiva separación de poderes, no dándose las garantías que posibiliten la persecución de los delitos de corrupción en nuestro país por los correspondientes organismos públicos. Por tanto, es el tejido asociativo –compuesto por colectivos y asociaciones de afectados por causas de corrupción o plataformas de denuncia como 15MpaRato o la Fundación Civio. – el que se constituye, en muchos casos, como el único espacio para investigar, denunciar y perseguir esta lacra que puede suponer un expolio de entre el 5% y el 10% de nuestro PIB. 

En diversos municipios ya hay grupos de trabajo para identificar las redes de poder informal y para darlas a conocer, proporcionando una información que es fundamental para el buen funcionamiento democrático.

En la segunda edición del encuentro municipalista MAK2, que se celebrará en Pamplona los próximos 20-22 de enero, trataremos de encontrar maneras de compartir el trabajo y los resultados de las diferentes investigaciones llevadas a cabo. La idea es poner en común tanto metodologías de investigación como encontrar vías de compartir investigaciones realizadas entre los grupos locales. La posibilidad de articular una red permitiría sostener recursos en común en el tiempo y el desarrollo de acciones comunicativas y de denuncia coordinadas. También se trataría de encontrar vías para que, en caso de que fuese detectado algún delito, los resultados de las investigaciones pudiesen ser terminar en procesos judiciales impulsados por los propios movimientos municipalistas sin que estos hayan de subordinarse a los intereses de las instituciones o de los partidos políticos.