Xavier Martínez (@zmartes), Concejal de Terrassa en Comú.

En la pasada Junta de portavoces del Ayuntamiento de Terrassa del mes de octubre desde Terrassa en Comú propusimos un acuerdo para apoyar la proposición de Ley para derogar la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), más conocida como “Ley Montoro”, presentada en el congreso de los diputados por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local. En un contexto de grave crisis económica y política, cuando era más necesario que nunca disponer de una administración local, la más cercana a los ciudadanos, con más recursos para hacer frente a la decadente realidad social, el Gobierno del Estado español aprobó la Ley 27/2013 que supuso un recorte competencial sin precedentes, un importante retroceso sobre los servicios que prestan las corporaciones locales y un grave ataque a la autonomía municipal.

Este acuerdo fue aprobado con los votos a favor de TeC, PSC, ERC y CUP (20), los votos en contra de PP y C's (4) y la abstención de CIU (3). Curioso como C's, aquel partido que se presentó para regenerar la democracia, y que dijeron, por activa y por pasiva, que votarían NO a Rajoy y finalmente han votado SÍ al partido más corrupto de Europa, vota en contra de la derogación de esta Ley del PP. También resulta curioso ver como CIU se abstiene, pero no resulta sorpresivo, puesto que fue uno de los partidos que votó a favor de la “Ley Montoro” al Congreso de los Diputados.

Uno de los supuestos objetivos de la LRSAL consistía a "garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas". Se trata de un objetivo que carecía de sentido desde el momento de su formulación. Sólo hay que conocer algunos datos para entender la dimensión del recorte y las consecuencias que ya ha tenido esta ley en los servicios públicos locales. Los Gobiernos locales en el conjunto del Estado suponen un porcentaje de deuda pública casi insignificante, siendo menos del 5 por ciento del total. En cuanto al déficit de las administraciones públicas, las corporaciones locales cerraron 2014 con un superávit en sus cuentas públicas del 0,5% del PIB. Esta situación se repitió en 2015 con un superávit del 0,44%, frente al déficit del 1,66% de las autonomías y del 2,15% de la Administración central.

Es precisamente por este motivo que la crisis ha provocado una "remunicipalización" de ciertos servicios en Alemania, Francia o Reino Unido, para poder "ahorrar" costes y sanear sus cuentas públicas, siendo prueba inequívoca del menor coste que supone ofrecer estos servicios por el ayuntamiento. Berlín, Hamburgo, París o Londres son algunas de las ciudades que ha "remunicipalizado" servicios tan importantes como la gestión del agua. Se ha demostrado que privatizar y subcontratar significa reducir la calidad del servicio prestado y las condiciones de trabajo en las cuales se ofrece el mismo. La Ley también estaba hecha para que las privatizaciones fueran difícilmente reversibles, y pone unas condiciones bastante restrictivas a la remunicipalización de servicios.

La presentación de esta Proposición de Ley en el Congreso y este acuerdo de Junta de portavoces al Ayuntamiento de Terrassa, da el pistoletazo de salida a un proceso participativo para tratar los tres ejes centrales del nuevo municipalismo. Hace falta una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para aclarar y aumentar las competencias de los Entes Locales y repensar el papel de las Diputaciones, generando espacios cercanos donde la ciudadanía pueda ejercer y reivindicar sus derechos. Hace falta un nuevo sistema de financiación local, donde los ayuntamientos dejen de ser una administración marginada que garantice derechos y la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos. En definitiva, un nuevo municipalismo en el cual prevalezca la transparencia y la participación directa y vinculando de la ciudadanía. Y por eso es necesario que los ayuntamientos levanten su voz para recuperar la autonomía local y aumentar la calidad y la eficiencia de los servicios prestados a la ciudadanía.

Finalmente, hay que recordar que el Ayuntamiento de Terrassa habrá destinado este año 26,7 millones de euros al pago de deuda, 16,7 ya estaban previstos en los presupuestos ordinarios, pero 10,1 millones proceden del superávit del 2015. Recordamos que la “Ley Montoro” obliga que este superávit sólo se pueda destinar a inversiones financieramente sostenibles (se tienen que ejecutar durante el año 2016) o al pago de la deuda. Este año 2016 el pago de la deuda representará un 16% del presupuesto total del Ayuntamiento, una cifra muy significativa cómo para reflexionar. Sí sabemos que tenemos dificultades para encontrar partidas, como por ejemplo para becas comedor, Servicio de Ayuda a domicilio, Ayudas de Urgencia para el pago de alquileres o hipotecas, etc ¿nos podemos permitir el lujo de destinar casi 27 millones de euros al pago de la deuda? Sin negar que hay que hacer frente a la deuda existente, expondremos al equipo de gobierno que en los presupuestos del 2017 no pueden mantener esta línea conservadora que prioriza en exceso el pago de la deuda, y que se tendrán que afinar muy bien los números para evitar que no haya tanto excedente que nos veían obligados finalmente a destinar a pagar deuda, en detrimento de necesidades urgentes de la gente y la ciudad.